Nicolo Gligo: Derecho a la vida

Resulta paradójico que muchas personas que conforman esos sectores sean los responsables de las agresiones más frecuentes que sufre una parte de la población del país en su lucha cotidiana por vivir. Son esos sectores los que defienden con dientes y muelas sus beneficios tributarios y que impiden que las poblaciones puedan tener mejor calidad de vida.

El primordial derecho a la vida es mucho más que las batallas por sobrevivir. Es el derecho a tener asegurado un buen servicio de salud, acceso a consultorios y servicios hospitalarios bien equipados con médicos especializados, y al sinnúmero de beneficios derivados de una salud pública eficaz y eficiente. Es el derecho a posibilitar una educación primaria, secundaria, técnica y universitaria que dé el conocimiento y la especialización necesaria para desarrollarse en el trabajo. Es el derecho a un trabajo digno con una remuneración éticamente aceptable. Es el derecho a viviendas dignas con servicios básicos adecuados, y a poseer sistemas de transporte acorde con las necesidades laborales y sociales. Es el derecho a usufructuar de centros de enriquecimiento cultural; a poseer infraestructuras deportivas, a tener parques y jardines, etc., etc. En otras palabras el derecho a la vida es dar lo que se le ha negado al sector más pobre del país que sólo ha recibido algunos recursos para “sólo sobrevivir”.

Es cierto que este derecho a la vida es responsabilidad de toda la comunidad nacional. No obstante, en la modalidad de desarrollo predominante en nuestro país, un grado importante de esta responsabilidad se deriva de la inmoralidad de aceptar y a veces justificar condiciones de explotación del ser humano basada en sueldos no éticos y en el incumplimiento del pago de leyes sociales. Sería adecuado que muchos de los defensores actuales de ese peculiar y acotado derecho a la vida derivado de la despenalización aludida, hagan un análisis de conciencia de cómo actúan con relación al respeto de los derechos esenciales ciudadanos. Más de alguno debería reconocer sus pecados. Más de alguno debería hacer un mea culpa.

Este es el debate central, no otro. No nos distraigamos en discusiones que no son medulares. Hasta ahora hemos negado el derecho a la vida de muchos ciudadanos. Démosle la posibilidad de vivir, no sólo de sobrevivir.
Lunes 2 de junio de 2014

Nicolo Gligo es el Director del Centro de Análisis de Políticas Públicas del INAP.
Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente representan al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.