Presidenta de la República, Michelle Bachelet: "Si a la Universidad de Chile le va bien, al país le va bien"

Pdta. Bachelet: "Si a la U. de Chile le va bien, al país le va bien"
La Presidenta Michelle Bachelet, es también la Patrona de la U. de Chile.
La Presidenta Michelle Bachelet, es también la Patrona de la U. de Chile.

Santiago, 16 de Junio de 2014

Amigas y amigos:

Es un gran honor para mí participar en este momento solemne, cargado de significado para la construcción de nuestra patria. Y estoy aquí en una triple condición: como hija de la educación pública, como Jefa de Estado y como hija de Bello.

Tengo la alegría de compartir esta tribuna republicana con numerosos Presidentes de Chile y premios nacionales que han pasado por estas aulas, todos protagonistas ilustres de la historia de nuestro país.

Porque esta casa de estudios ha sido un pilar fundamental en la construcción de nuestra historia republicana. La Universidad de Chile fue una de las primeras manifestaciones del espacio público del Chile independiente y ha estimulado y acompañado desde el despliegue de la reflexión cívica la construcción de los horizontes comunes de la patria.

Pero además, tiene una posición destacada por su presente, por la amplitud y excelencia de su investigación, por su aporte a las políticas públicas, por la diversidad que alberga y también por la riqueza del debate que estimula.

Y tiene, sobre todo, una posición especial por su futuro, por la búsqueda que iniciara el rector saliente, y que continuará y profundizará quien hoy asume el cargo.

Chile se reconoce a sí mismo en esta universidad.

Chile ha llegado a ser lo que es como país, en buena medida, gracias al aporte de la Universidad de Chile.

Y hemos escuchado a las máximas autoridades de esta casa de estudios, el profesor Víctor Pérez, como rector saliente y el rector entrante, profesor Ennio Vivaldi, sobre la misión y el proyecto de la Universidad de Chile. Sobre su contribución a la República desde su rol público y sobre su misión a futuro, que es la recuperación de ese aporte histórico que ha acompañado a Chile.

Y comparto con ellos la necesidad y el desafío de la recuperación de la educación pública. Y éste es un tema que está actualmente en el centro de nuestras preocupaciones y que concentra gran parte de nuestras energías.

Porque hay algo que compartimos transversalmente quienes vivimos en nuestra patria: la convicción de que debemos impulsar sin demora cambios para avanzar a una sociedad menos desigual y mejor preparada para enfrentar los nuevos retos del desarrollo. Y en esto, lo hemos dicho, la reforma a la educación que fortalezca la educación pública, tiene el primer lugar.

Y quiero decirlo con toda claridad: nuestro compromiso es hacer de la educación de calidad un derecho, un bien público garantizado que contribuye al desarrollo de la persona y de la calidad de la vida en común.

Y esa es una de las exigencias del nuevo ciclo político y social que estamos comenzando a transitar. Hoy requerimos fortalecer lo público en todos sus ámbitos, como condición indispensable para llegar a alcanzar un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás.

¿Y qué significa esto?

Significa fortalecer aquellos bienes que permiten que todas las personas dispongan de las oportunidades y capacidades para desplegar todas las potencialidades contenidas en la dignidad de las personas.

Estos bienes, como la educación, la salud o la protección social, son públicos, porque están disponibles para todos y se garantiza su acceso por derecho.

Y esto significa fortalecer las instituciones que permiten que las personas se integren a una comunidad inclusiva y solidaria. Y significa también, fortalecer aquella forma básica de lo público, que es el espacio democrático de discusión, debate, divergencia y acuerdo.

Lo público no puede limitarse a la propiedad fiscal, trasciende a las instituciones públicas y a la política formal. Y en Chile, cada día hay más actores desde la sociedad civil que se hacen parte activa de la construcción de los bienes y espacios públicos. Y eso es bueno, porque habla de la fortaleza de nuestra sociedad.

El origen y la legitimidad de lo público se definen en la sociedad soberana, que decide democráticamente cuáles son los valores que la cohesionan y cuáles los fines que deben guiar su acción.

La motivación que define lo público es el fortalecimiento de la dignidad común de las personas y sus vínculos cívicos. Por eso el lucro privado no puede ser puesto como parte ni como fundamento de lo público.

Lo público se define también por sus procedimientos. Supone el acceso de todos, se opone a la discriminación y a las selecciones arbitrarias; demanda transparencia y pluralismo. Exige medidas especiales, para que los vulnerables y excluidos puedan incorporarse activamente a él y disfrutar de sus bienes.

Desde esta perspectiva, diversos actores de la sociedad civil pueden contribuir a la producción y fortalecimiento de los bienes públicos.

Sin embargo, es en el Estado donde se encuentra el espacio fundamental de construcción y sostenimiento de lo público. Sólo él puede instituir y garantizar la igualdad y la universalidad de los derechos que definen la ciudadanía. Sólo el Estado puede garantizar las libertades y pluralismos que requiere la deliberación cívica. Sólo él puede representar y hacer carne los fines democráticamente elegidos que la ciudadanía y la sociedad pone como norte de lo público.

Y el Estado no es subsidiario respecto de lo público, es su sostén irremplazable. Y es por eso que él debe asumir el rol que le corresponde. Y ese es el criterio que guía nuestro empeño en el fortalecimiento de los bienes y del espacio públicos en diversos ámbitos, tal como lo estamos proponiendo en educación, o en televisión -necesitamos tener una televisión pública de verdad, y en eso vamos a avanzar-, o en relación al medio ambiente.

Y la educación es un ámbito primordial para la producción de lo público y de los bienes públicos. Es el lugar donde se adquieren las capacidades para realizarse como personas integrales, miembros de una comunidad de ciudadanos iguales. Y dentro de ella, a las universidades les cabe un rol especial.

No sólo forman el capital humano avanzado, también a través de su actividad científica abren los horizontes del conocimiento de la realidad común, natural y social.

Con las actividades de extensión, le ofrece a la comunidad espacios de reflexión sobre nosotros mismos, sobre nuestros desafíos y nuestras oportunidades.

Estas características únicas de la universidad hacen de ella un pilar insustituible de la construcción y fortalecimiento de lo público. Y el Estado debe apoyar a todas las universidades en esta tarea. Pero, ante todo, debe hacer efectivo su rol irremplazable de garantía y de sostenimiento efectivo de los fines y del espacio público en el ámbito de la educación superior.

Y esta tarea se realiza a través de las universidades estatales. Ellas son depositarias de una responsabilidad única e irrenunciable, y ellas requieren también de un apoyo único.

Por eso el Estado debe tener una relación especial con las universidades estatales. Y ésta no es una opción al gusto del gobernante de turno, es una obligación impuesta por la sociedad soberana que se expresa a través del Estado. Esta posición de las universidades estatales no es un privilegio, es una responsabilidad, cuyo cumplimiento debe medirse por su contribución efectiva al desarrollo de lo público en un sentido integral.

Y porque sin fortalecimiento de los bienes y espacios públicos no habrá desarrollo integral, es que nos hemos propuesto hacer reformas en el ámbito amplio de la educación superior, que apuntan a la educación equitativa, plural y de calidad, así como al desarrollo de la investigación científica de punta orientada a las necesidades de desarrollo del país.

En nuestra política de fortalecimiento de la educación pública entregaremos un financiamiento diferenciado a las universidades del Estado de carácter basal, pero demandaremos de ellas garantizar la calidad, la más amplia libertad de cátedra y de investigación y el compromiso con los desafíos del país.

Promoveremos mayores vínculos entre la universidad y la sociedad, de manera que en cada región su universidad estatal se enfoque en las oportunidades y desafíos que allí se plantean, para lo cual destinaremos fondos específicos y cuyo destino se decidirá en acuerdo con la región.

También vincularemos las universidades regionales con la formación técnica, que es un ámbito donde el Estado se mantuvo muy ausente. Y en este caso crearemos instituciones estatales.

En suma, nos estamos haciendo cargo de una tarea pendiente.

El sistema nacional de educación superior y de investigación e innovación se completa con la participación de las instituciones privadas que quieran contribuir a la tarea pública. Y esa tarea será apoyada con recursos públicos de diverso tipo, pero ello implica asumir la educación gratuita financiada por el Estado, con costos acordados.

Supone también dar cabida y apoyo a las organizaciones estudiantiles y de trabajadores, así como proveer espacios de participación.

Y para abordar todas estas tareas, modernizaremos la institucionalidad pública de educación, creando la Subsecretaría de Educación Superior.

Y para trabajar de manera más expedita y cooperativa, tendremos confianza en las instituciones universitarias que han probado ser responsables de sus compromisos con sus estudiantes y con el uso de los recursos públicos.

Finalmente, consideramos conveniente revisar el sistema de aseguramiento de la calidad, con el objeto de garantizar el permanente mejoramiento de la educación superior. Exigiremos la acreditación de niveles mínimos de calidad, eliminando el carácter opcional de la acreditación. Porque es un derecho -eso es lo que queremos que sea la educación, un derecho social, y no una transacción entre privados-, es que estamos obligados a garantizar niveles mínimos de calidad y equidad en la educación.

Sabemos que se trata de un proceso complejo, que crea escenarios de incertidumbre para algunos, pero a la urgencia del momento se suma la madurez y la legitimidad de un cambio que los chilenos han respaldado con su voto.

Y yo quiero hacer un llamado a sumar voluntades a este proyecto de cambio en la educación pública.

La grandeza de un país se escribe desde los principios compartidos, desde los desafíos que se asumen conjuntamente. Y las universidades públicas deben rescatar y poner a disposición su vocación de servicio a la comunidad.

Pondremos a la educación en el centro de nuestro desarrollo. Y necesitamos más ciencia, más investigación, más docencia, más debate. Más educación técnica superior, más articulación con nuestra producción nacional, más capacidad para sacar provecho de nuestras ventajas comparativas, pero agregando valor a la riqueza de esta tierra.

Y en el caso de la Universidad de Chile, le cabe la tarea de representar a la sociedad chilena en el ámbito del conocimiento a nivel mundial, y le exigimos que esa representación nos garantice aumentar al máximo las posibilidades de desarrollo material, cultural y humano. Le pedimos que aborde los dilemas más avanzados a nivel mundial y, en asociación con el resto de las universidades, contribuya a abrir oportunidades para todas y todos quienes vivimos en nuestra patria. No será la única convocada a esa tarea, pero sin duda que la queremos en ese sitial, cumpliendo un rol de liderazgo.

La historia de nuestro país nos ha mostrado que en los momentos determinantes, esos en que las voluntades individuales y colectivas de un país convergen para transformar el futuro, son escasos y son preciados. Y hoy estamos viviendo uno de esos momentos para definir el tipo de país en el que queremos vivir y que nos interpela directamente en nuestros diferentes roles.

Chile no puede dejar pasar esta oportunidad histórica.

Y es una tarea noble que convoca a las universidades, a sus docentes, científicos y administrativos y, por supuesto, a los estudiantes, que no deben renunciar por ningún motivo a su sentido crítico, pero entendiendo que también tienen que aportar a la resolución de los problemas, a la construcción de los acuerdos que nos permitan avanzar en lo concreto.

Quiero reiterar mis agradecimientos al rector Víctor Pérez por su gestión, en que participó activamente en la discusión sobre el sistema educacional chileno y apuntó siempre al fortalecimiento de la educación pública y la defensa de las universidades estatales.

El rector Vivaldi se hace cargo ahora de profundizar y materializar este anhelo. Porque la Universidad de Chile ha planteado la recuperación de lo público, debemos trabajar de manera conjunta, como con las universidades que en regiones cumplen la misma misión.

Le deseo la mejor de las suertes al nuevo rector, porque si a la Universidad de Chile le va bien, al país le va bien.

Muchas gracias.