La Universidad de Chile lidera en el país la obtención de fondos de investigación entregados por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnoloógica (CONICYT). En el desarrollo de este quehacer, participan 272 investigadores posdoctorales, que se han convertido en una nueva figura dentro de facultades e institutos. Se trata mayoritariamente de personas jóvenes, con grado de doctor(a) y que participan hasta por 3 años en proyectos de investigación de largo alcance, bajo la tutela de académicos de la Universidad. No siendo miembros formales de la comunidad universitaria, sus condiciones de trabajo y la calidad de vida no son óptimas.
"No tienen ningún estatus, ni se adscriben a un sistema de previsión ni salud, no tienen acreditación para uso de biblioteca, entre otros problemas", explicó el Vicepresidente del Senado, Prof. Juan Carlos Letelier.
No obstante, realizan una actividad de gran relevancia, pues se trata de investigadores a tiempo completo que se encuentran en la fase más productiva de su carrera, aportan con su potencial a la docencia de pre o post grado y reportan con su quehacer fondos externos para la Universidad.
Búsqueda de solución normativa
En la Universidad de Chile, la unidad encargada de la relación con CONICYT es la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, instancia que advirtió hace algunos años la problemática de los investigadores posdoctorales. Junto a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos realizaron un informe general aprobado por el Consejo Universitario, que fue presentado al Senado Universitario en julio de 2014.
Desde entonces, la Comisión de Estamentos y Participación del Senado Universitario, inició el estudio de los antecedentes y en diciembre de 2014, ante la plenaria del Senado, fue presentado un informe de anteproyecto relativo a la Categoría Académica de Investigador Posdoctoral. En él se planteó la creación de normas especiales o la modificación de las existentes, permitiéndose la incorporación de estos investigadores al estamento académico, lo que podría implicar la entrega de derechos políticos propios de este estamento de la Universidad de Chile.
Para el Senador Claudio Falcón, quien encabeza la Comisión de Estamentos y Participación del Senado, el tema está siendo abordado de forma vehemente. En la etapa pre legislativa se han reunido con distintos actores, revisado antecedentes y consultado fuentes y experiencias internacionales.
Agrega que la situación del posdoctorado, tanto en Chile como en el extranjero, "es limitada y escasa en cuanto definir lo qué es un postdoctorado, sus mínimos requerimientos para realizar su labor académica y cuáles serían los objetivos que se debieran tener para esta realidad emergente". En particular en la Universidad de Chile, señala el Senador, se trata de una realidad "compleja" por la inexistencia de un vínculo formal con estos investigadores.
Derechos políticos de los investigadores posdoctorales
En su informe ante la plenaria, el Senado Falcón expuso que, existiendo consenso general entre diversos actores consultados en que la creación de la Categoría Académica de Investigador Posdoctoral a través de la modificación del reglamento de Carrera Académica sería la solución adecuada, advierte que las mayores discrepancias se observan en la discusión sobre la concesión de derechos políticos, pues en la propuesta del Consejo Universitario no se contempla esta posibilidad.
El académico explicó que en apego a la normativa vigente, la nueva categoría tendría restringida su participación en la elección de Rector, ya que en ella participan las tres más altas jerarquías académicas, que no sería el caso, y no así en la votación de Decanos, miembros del Senado Universitario y Consejeros de Facultad, donde sí podrían participar. Agregó que en el caso de la participación permitida, eventualmente podría moderarse a través de la ponderación del voto, mediante una modificación al Reglamento de Elecciones y Consultas.
Frente a esta discusión, los Senadores expusieron en plenaria sus opiniones sobre la materia.
El Senador Claudio Pastenes destacó los beneficios de legislar sobre el tema, para la Universidad de Chile y las demás las universidades. "Al contar con una norma de esta naturaleza se está dando un paso que obligará a proceder en esa dirección al resto del sistema, lo que es una doble razón, es decir, no es sólo proteger a nuestros posdoctorantes, sino que a los posdoctorantes que aportan a la investigación en Chile".
Por otro lado, indicó que "se deben señalar en forma específica cuál el problema de los derechos políticos", pues desde su punto de vista, espera que la figura del investigador posdoctoral siga expandiéndose más allá de la relación con fondos provenientes de CONOCYT. Advirtió, además, la necesidad de considerar el riesgo de transformar al posdoctorado en un instrumento de política contingente de corto plazo.
Para el Senador Willy Kracht, la discusión debe ampliarse, con el fin de abarcar la situación de otros investigadores, como aquellos financiados con recursos de las propias unidades, y discutir la existencia de una carrera afín.
Respecto al tema de los derechos políticos, indicó que "se trata de una discusión que, de manera natural, se pondrá sobre la mesa en su oportunidad, una vez que se resuelva el tema de modificación a los Estatutos". "Entiendo las aprensiones que los investigadores posdoctorales tienen este período acotado, pero cuando está sobre la mesa la posibilidad de tener elecciones triestamentales, es poco claro que se otorgue derecho a voto a todos y dejen a los post doctorados fuera", acotó.
Por su parte, el Senador Matías Flores opinó que observando la realidad de los investigadores posdoctorales, "efectivamente es un trabajo académico, por ende otorgar la categoría académica es más que merecido y eso, estatutariamente, implica derecho político como cualquier otro académico". Agregó que en la Comisión de Estamentos y Participación, "por el momento está la idea de hacer un voto ponderado" y que las propuestas deben considerar el marco legal existente.
El Senador Juan Carlos Letelier, Vicepresidente del Senado, expresó que "viendo el día a día y lo que pasa, es cierto que los derechos políticos son inalienables a la condición de académicos", pero que el primer problema tiene que ver con un aspecto de dignidad. "Lo primero es centrarse en resolver la total desprotección laboral en que se encuentran, eso es inadmisible", sentenció. Para ello, sostuvo, "es necesario distinguir entre los hechos políticos, la relación contractual y la contribución a la Universidad. En ese sentido, la labor del Senado será encontrar una solución desde el punto de vista normativo y que satisfaga a todos, pero la situación actual no puede seguir".
En la misma línea, en su alocución el Senador Carlos Ruiz relevó la importancia del tema de los derechos políticos, sin embargo, recalcó la centralidad de los derechos económicos y sociales de estos investigadores y la normativa en discusión debe abordar estas necesidades.
El Senador Nicolás Pineda expresó, en tanto, que "el debate se vuelve mucho más interesante cuando se amplía a otros elementos que no sólo son los derechos políticos, sino cómo los posdoctorados en general se relacionan con la comunidad universitaria y cuál es el objetivo que vienen a cumplir". Coincidiendo con el Senador Kracht, invitó a discutir la "perspectiva de relacionarse ellos con la comunidad, que tengan más proyección que los tres años que determina un proyecto en particular o una asociación con un profesor para realizar una investigación y, por lo tanto, de incorporarlos de forma más estable a la comunidad universitaria, para que contribuyan de una forma distinta y afiatada".
La Senadora Camila Rojas valoró el debate, propio de las atribuciones del Senado y de interés de la Universidad. Agregó, sin embargo, que "sería importante reconocer otros temas, como los docentes y funcionarios a honorarios, la subcontratación, que son temas pendientes y que tienen que darse en este Senado como muestra que esta Universidad avanza". Frente a la discusión sobre la participación, expresó que "es una discusión necesaria y no se debe cerrar la posibilidad del reconocimiento de los posdoctorados sin antes haber efectuado un debate profundo sobre el tema".
Del mismo modo, el Senador Víctor Parraguez consideró apropiado el reconocimiento de esta función académica, otorgándoles la categoría académica y advirtió la necesidad de diseñar un sistema de calificación para esta categoría. No obstante, agregó que "una decisión de esa naturaleza obligará a definir otras cosas y temas relacionados, como por ejemplo, otros reconocimientos a personas que se relacionan con la Universidad y aportan otro tipo de tareas fundamentales a la institución, como es el caso de los profesores contratados a honorarios, porque no hacerlo generará una inequidad dentro de la Universidad".
El Senador Fermín González se sumó a los apoyos a la idea de legislar, destacando que la moción se enmarca en los lineamientos estratégicos de la institución y que "será importante para atraer a profesionales de mejor calidad". Asimismo, comentó que durante su período de posdoctorado en una universidad europea, "tuve la posibilidad de votar para elegir al equivalente al Vicerrector de Investigación, por lo que las Universidades de clase mundial consideran que los investigadores posdoctorales tienen derechos políticos, se les reconocen y votan".
Por su parte, el Senador Daniel Espinoza valoró que se realicen discusiones de los grandes temas, pero sugirió separar los temas estratégicos de largo plazo de aquellos de carácter normativo para situaciones particulares.
Para el Senador Ariel Grez, reconocer a los posdoctorados como académicos de la Universidad implica la entrega de derechos políticos y "generar una solución que no incluya ese aspecto es aún más complejo desde el punto de vista reglamentario, porque eso implica una modificación del Reglamento General de Elecciones y Consultas para restarle derechos políticos a alguien que tiene una situación muy similar a los postdoctorados, que tiene un derecho político". Por otra parte, en caso de plantearse la idea de que los posdoctorados no deben tener derechos políticos, "esa situación puede someterse a referéndum y no al revés".
El Senado Universitario, en vista de los antecedentes en estudio, continuará el análisis de la normativa de modo de entregar de forma prioritaria pisos mínimos al quehacer del posdoctorado, lo que debe ser refrendado por la plenaria.