Para Ernesto Águila, director del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, son varios los progresos que introduciría la nueva Ley de Carrera Docente que está liderando el gobierno y siendo discutida en el Congreso. “Hay avances en las condiciones de trabajo docente expresado en el reajuste salarial de cerca de un 30% y en la disminución de las horas lectivas de 75% a 65%. En la tramitación parlamentaria se debiera bajar las horas lectivas a lo menos a un 60%. También es positiva la exigencia de acreditación obligatoria de las carreras de pedagogías y la derogación del artículo 46 letra G de la LGE que permite el ejercicio de la docencia de profesionales sin estudios pedagógicos”, señala el profesor.
Sin embargo, pese a las virtudes que tendría este proyecto, distintos académicos e investigadores de dicha Facultad de la Universidad de Chile han hecho una alerta de las posibles consecuencias negativas que también podría atraer. “El proyecto sigue atrapado en una concepción de la profesión docente que se funda en una idea individualista de ésta, sometida a fuertes controles externos y permanentes evaluaciones. La carrera docente sigue siendo pensada y definida desde fuera de ella y no se funda en un concepto de desarrollo y fortalecimiento de la autonomía profesional”, puntualiza Águila.
En esa misma línea, la Doctora en Educación de la Universidad de Oxford y coordinadora de investigación del DEP, Teresa Flórez, explica que “la nueva ley incrementa el agobio laboral, al aumentar la sobre-evaluación externa a la que ya se encuentran sometidos los docentes, haciendo ahora depender su trabajo y sus remuneraciones de los resultados, y sin que quede muy claro qué tipo de apoyos se entregarán para su desarrollo profesional o para la mejora de condiciones laborales. Junto con ello, pese a que las consecuencias negativas del portafolio docente son reconocidas oficialmente por MideUC y la directora de Docentemás en términos de sobrecarga laboral, emociones negativas y prácticas poco éticas como la venta de portafolios, se pretende mantener este sistema y aumentar su impacto al vincularlo con despidos y sueldos. Así, se pretende que tenga al mismo tiempo una función formativa y sumativa con consecuencias, funciones que la literatura internacional reconoce como irremediablemente en tensión. O se tiene una o la otra, o se generan dos sistemas aparte para cada propósito.”
Para Leonora Reyes, académica e historiadora del Departamento de Estudios Pedagógicos, además “el aumento salarial no debe ocultar la profundización del modelo de trabajo docente que se produce con este proyecto de ley, un modelo basado en incentivos individuales por medio de la competencia entre docentes y escuelas”. A su juicio “se echa de menos que no se diga nada relacionado con el artículo de la Ley Lavín (20.501) que permite a los sostenedores el despido de un 5% de docentes en función de evaluaciones realizadas por ellos. Tampoco aparece como eje principal la estructura de participación del profesorado y la comunidad en general en la gestión del proyecto educativo como la libertad y autonomía curricular, entre otras”.
Coincide con este análisis el Área de Estudios del Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC) de la U. de Chile, quien resume todos estos problemas como “una gran maratón”, haciendo alusión que los y las docentes deben correr solo y que su avanzar para la profesionalización depende de su propia capacidad de dar buenas evaluaciones.
“Se observa una carrera en trayectoria compuesta por tres tramos o escalafones profesionales y con un componente de mejoramiento de condiciones laborales, donde se incluyen escalas de salarios ligados al tránsito por estos escalafones y a una nebulosa formación en servicio profesional. Estos componentes serían los elementos que configuran la carrera docente, que hemos denominado como la ‘competencia docente’, y donde pareciera que se vuelve a la misma receta de siempre, haciendo cobrar a la evaluación docente una labor tan fundamental en esta trayectoria, convirtiéndose en control o check point, de cada tramo de la carrera”, explican.
Como señala Leonora Reyes, “la estructura salarial no puede estar basada en tramos y competencia individual pues la docencia es, sustancialmente, un trabajo colectivo”. En relación a las condiciones de trabajo pedagógico, la académica sostiene que debieran establecerse en un 50% de horas lectivas y 50% de horas no lectivas -diferenciando estas últimas del trabajo administrativo-, un máximo de 20 estudiantes por sala, hacer efectivas las horas de colación y no sobrecargar laboralmente el horario doméstico, entre otras.