Los rectores de las universidades estatales hemos apoyado entusiastamente la propuesta del Gobierno de otorgar gratuidad de aranceles a un alto porcentaje de estudiantes universitarios partiendo ya en 2016. Esta medida es del todo coherente con el sentido que tiene la educación pública. Nos alegramos igualmente de que, reaccionando al anuncio de que la medida se limitaría solo a las universidades del CRUCh, universidades privadas pertenecientes y no pertenecientes a este Consejo hayan solicitado que la medida se haga extensiva a otras universidades. Entendemos que tal petición conlleva un apoyo a la gratuidad en la educación superior y nos compromete a constituir un frente común para obtener el financiamiento que permita ampliar la cobertura de la gratuidad, así como los mecanismos que garanticen idoneidad en el uso de fondos públicos.
Para implementar la gratuidad en 2016, se deben establecer criterios que determinen los fondos que se transferirán desde el Estado a cada universidad para cubrir los aranceles de los alumnos beneficiados. Esta tarea se ve dificultada pues, debido a la desregulación del actual sistema, excepto para el caso de las universidades estatales, se carece de datos objetivables respecto de financiamiento. Por lo tanto, resulta útil intercambiar ideas sobre los principios que razonablemente han de aplicarse para calcular el financiamiento en términos de estudiantes, carreras y universidades.
En primer lugar, deberíamos esperar que las universidades, que ya hacen ingentes esfuerzos por funcionar bien con los fondos con los que hoy día cuentan, no vean disminuidos sus ingresos. En seguida, lo que el Estado transfiera a cada universidad por alumno-carrera no puede ser en función de lo que hoy día cada universidad cobra. Aquello sería reiterar la muy cuestionada autoridad del mercado universitario, pues implicaría razonar que si los estudiantes están dispuestos a pagar una cierta suma, esa suma es lo que esa carrera vale en esa universidad. Si se debe apoyar diferencialmente a las universidades, que sea por una razón válida. La más comprensible es su calidad, la que no se refleja en cuánto cobra, sino que se expresa en su acreditación.
Otros criterios diferenciales, también potencialmente válidos, pueden ser la ubicación geográfica o la prioridad de la carrera, por ejemplo apoyar preferentemente a las universidades de zonas extremas o al desarrollo de las pedagogías.
Un segundo aspecto tiene que ver con el eventual congelamiento de matrículas. Se entiende que el Ministerio se preocupe de que, una vez fijado cuántos fondos recibirá una universidad por cada alumno de una determinada carrera, la universidad en cuestión quede en condiciones de manipular a gusto uno de los factores de esa multiplicación, a saber, el número de alumnos. Siendo válida esta aprensión, la solución debiera ser fijar criterios claros para definir, en conjunto con el Ministerio, la justificación de una solicitud de aumento de matrículas en una carrera. Plantear rígida y taxativamente un congelamiento de matrículas resulta incomprensible. Si se trata de dineros del Estado, si las universidades del Estado quieren ampliar matrículas y si, como lo objetivan encuestas recientes, los jóvenes chilenos prefieren muy mayoritariamente ingresar a las universidades del Estado, no se me puede ocurrir quién, ni con qué autoridad, ni con qué interés, podría oponerse a un aumento de las matrículas de estas.