La noche del jueves 9 de julio, el Primer Ministro Griego entregó un plan de rescate para ser discutido por la Unión Europea, y que poco se distingue de lo que la propia Unión le había propuesto a los griegos para hacer. Es decir, todo lo que ha ocurrido en estos días pareciera que no es relevante. El pasado domingo 5, el gobierno griego obtenía una mayoría abrumadora en el rechazo ciudadano a las propuestas de rescate. Entonces, quedan muchas preguntas que cabe hacerse, pensando más allá del caso particular griego y desde la Ciencia Política. No es un asunto de juicios de valor, sino de reconocer realidades.
Primero, los griegos han llegado a esto no por culpa de Merkel, ni el imperialismo de ninguna superpotencia. La realidad marca que están donde están por la propia corrupción de su sistema político y social. La propia creación de Syriza como fenómeno electoral fue en rechazo a los partidos tradicionales, que gobernaron desde la transición de la democracia. Por un lado los social demócratas de PASOK, y por otro, los conservadores de Nueva Democracia. La corrupción marca responsables.
En este sentido, la demanda de accountability es real en un Estado de derecho que falló. Es decir, no es sólo un problema de gobernabilidad, en tanto no tener dificultades más allá de las razonables para desarrollar un programa de gobierno. Más bien, el problema se sujeta en una falta de gobernanza, es decir, una institucionalidad que falló sistemáticamente. Un Estado de derecho que no fue capaz de defenderse de los propios. No nos engañemos: el dinero que se recobra en alguna parte se gastó, y no exactamente en programas sociales.
Segundo, cabe preguntarse sobre la calidad de una democracia que pone a prueba a la población en un referéndum que se desconoce días después. Una de las características de la democracia representativa es que se eligen autoridades para tomar decisiones, basados en un programa y también en responsabilidad política. Por eso es que instancias de democracia directa si bien son relevantes, sólo repercuten si son vinculantes y están reguladas en un contexto específico. En este caso particular, llama la atención que establecida la voluntad popular, ésta sólo fuera referencial.
No es lo mismo la costumbre suiza de entregarle algunos temas para que los resuelva directamente su población. Por el contrario, esto es poner toda la política económica de un país en crisis para un referéndum que después de cuatro días es simplemente dejado de lado. Es decir, todo el proceso electoral de hace un par de semanas podría llegar a ser una gran pérdida de tiempo.
Tercero, los partidos políticos tienen una responsabilidad a la hora de gobernar. En este caso, utilizar el electorado como el fusible a quemar es muy complicado. Es evidente que muchas veces corresponde que así sea, pero no puede ser el primero en ser usado. ¿Qué legitimidad le queda al gobierno para poder imponer su nuevo punto de vista? No se trata si es que estaban en lo correcto el pasado domingo u hoy. El tema es cómo lidiar con el cambio, pero sin alterar los mandatos recibidos en las urnas, ya sea cuando obtuvieron mayoría o en el día a día.
En resumen, es mejor tener claro los límites de la democracia representativa. Entender que muchas veces es bueno y necesario consultar al electorado. Sin embargo, todo tiene costo y eso hay que saberlo antes. Tres puntos que caben ser comparados con otras experiencias en el mundo, y también cómo nosotros queremos que nuestra democracia funcione en el futuro. Sin prejuicios, pero también sin orejeras, el ver el caso griego puede ser una buena lección para todos los demás.
Columna publicada el 11 de julio de 2011 en El Dínamo.
Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente representan al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.