“Me parece que no hay razón hoy día para no permitir que un grupo de universidades, por lo menos, instaure el 2016 la gratuidad”, señaló el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), tras la reunión del Comité Ejecutivo del CRUCH.
Uno de los temas más discutidos respecto a la gratuidad –que este año se implementará vía Ley de Presupuesto- es qué instituciones son las que finalmente se plegarán a esta medida, y por ende qué estudiantes podrán acceder a ella. “Las argumentaciones que apuntan a que ninguno pase a la situación de gratuidad creo que en el fondo terminan haciendo una discriminación y una injusticia con el total de los jóvenes”, señaló Vivaldi, agregando que “echar pie atrás con respecto al buen paso que es permitir que para un grupo de chilenos, por lo menos, la educación universitaria sea gratuita, sería una pérdida para todos”.
El Rector Vivaldi fue enfático en señalar en que las universidades estatales “jamás vamos a excluir a las otras universidades del Consejo de Rectores, y tampoco tenemos problemas en que se amplíe a universidades, en la medida en que hayan mecanismos que puedan garantizar que están bien invertidos los recursos”. Destacó además que todas las universidades que integran el CRUCH “están, obviamente, calificadas o tienen un respaldo social como para efectuar su labor”.
En ese sentido, advirtió que algo para él aún más preocupante es que “hoy día no estamos en condiciones de garantizar que muchos jóvenes, que están yendo a universidades, están recibiendo una formación lo suficientemente buena y adecuada (…) No tenemos mecanismos en Chile que garanticen hoy día eso. Eso es tremendamente preocupante porque estamos haciendo un reconocimiento de que hemos proporcionado financiamiento a entidades que hasta aquí no tenemos una garantía de que están dando una educación adecuada”.
Es por eso que, explicó, “las universidades tienen que tener un financiamiento que permita dar una buena educación y tienen que haber mecanismos por los cuales el Estado garantiza que esos fondos están siendo bien invertidos”.