Declaración del Senado Universitario sobre discusión de reforma de la educación superior

Declaración del Senado: discusión de reforma de educación superior
Senado Universitario, órgano normativo triestamental de la Universidad de Chile.
Senado Universitario, órgano normativo triestamental de la Universidad de Chile.

La discusión que se ha dado en educación superior, reducida en estos días a aspectos de financiamiento, estrategias de implementación presupuestaria, el requerimiento al Tribunal Constitucional y la búsqueda de alternativas para la implementación parcial de la gratuidad a contar de 2016, ha generado gran incertidumbre respecto al futuro de esta materia y, particularmente, sobre los principios que subyacen a la presentación de propuestas, ya sea presupuestarias o de la reforma misma, que aún desconocemos.

Desde el Senado Universitario de la Universidad de Chile, órgano superior triestamental, tomamos una postura, la que presentamos al Ministerio de Educación en agosto de este año en el documento "Propuesta del Senado Universitario de la Universidad de Chile para la Reforma del Sistema de Educación Superior". De ese documento queremos rescatar algunos elementos que parecen no ser adecuadamente ponderados en la actual discusión.

Chile suscribió y promulgó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que eleva a la categoría de derechos humanos, entre otros, la participación en la vida cultural y la educación. El derecho a la educación superior debe, por tanto, ser garantizado por el Estado de manera no condicional, prescindiendo de cálculos de utilidad, retornos o de costos, que no sean los esenciales para su implementación y cobertura. Este derecho debe ser garantizado, en primer lugar, a través de las instituciones estatales, cuyo sentido como instituciones, desde su fundación hasta hoy, ha sido y sigue siendo –a pesar de dificultades propias de un evidente abandono por parte del Estado– responder a este objetivo.

Al elaborar la política de financiamiento se debe generar, entonces, un cambio de paradigma desde un Estado que compite como proveedor de servicios de Educación Superior a uno que garantiza un derecho social a través de sus instituciones y que, simultáneamente, establece condiciones precisas para que agentes privados puedan contribuir en esta tarea. En atención a lo anterior, las instituciones estatales deben contar con un aporte financiero privilegiado que les permita fortalecerse, ampliar la matrícula y garantizar la gratuidad a nivel de estudios de pregrado.