Fenómeno impacta en la economía familiar y el bienestar de los menores

60% de demandados por pensión alimenticia no paga este derecho de sus hijos

60% de demandados por pensión alimenticia no paga este derecho
Este problema social, explican los académicos, acentúa las desigualdades sociales.
Este problema social, explican los académicos, acentúa las desigualdades sociales.
Las familias generan estrategias para responder a la ausencia de recursos, las que se diferencias por clases sociales según explica la investigadora Catalina Arteaga.
Las familias generan estrategias para responder a la ausencia de recursos, las que se diferencias por clases sociales según explica la investigadora Catalina Arteaga.

Nicole se separó hace seis meses de su pareja, con quien tiene una hija de once años. Por recomendaciones de familiares y amigos acudió a mediación familiar con el fin de llegar a un acuerdo por la pensión y no tener que acudir a los Tribunales de Familia. “Fue rápido, me dieron hora para la semana siguiente”, cuenta. Con su pareja, que no asistió a la primera citación, llegaron a un acuerdo: 115.000 pesos mensuales para los gastos de alimentación.

Pero en marzo, cuando debía recibir el primer depósito, sólo recibió 60 mil. Y hasta la fecha nada más. “No quiero acudir al Tribunal de Familia porque una de las sanciones de la ley por no pago de pensiones es la reclusión nocturna. No quiero que mi hija me recrimine eso, que metí a su papá preso”, cuenta, agregando que ha sido ella quien finalmente ha corrido con todos los gastos, gracias a la ayuda de su familia.

De todas formas, como explica el académico de la Facultad de Derecho Cristian Lepin, especialista en Derecho de Familia, en estos tribunales los procesos son “un poco engorrosos y poco claros, en el sentido que es una tramitación que cuesta llevar adelante y porque genera problemas de interpretación: algunos tribunales aplican un criterio y otros aplican otros”.

Los Tribunales de Familia, que fueron creados el año 2004 por la Ley N°19.968, poseen entre sus múltiples funciones llevar “causas relativas al derecho de alimentos” con procedimientos caracterizados por los principios “de la inmediación, actuación de oficio y búsqueda de soluciones colaborativas entre partes”. Es en esta instancia donde se tramitan causas por la Ley N°14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Esta normativa incluye algunas sanciones para quienes no cumplan en los abonos para los hijos e hijas, entre ellas la orden de arraigo, el arresto nocturno, la retención de impuestos desde la Tesorería General de la República y la suspensión de la licencia de conducir hasta por seis meses.

Pero a pesar de esto las cifras son decidoras: según el Poder Judicial, el 60% de los demandados por pensiones de alimentos no paga este derecho que les corresponde a los hijos hasta los 21 años y 28 en caso que estén estudiando.

“Creo que es urgente tener una nueva normativa en esta materia”, enfatiza el profesor Lepin, porque esta situación repercute en “un problema social grave que afecta a las personas más débiles, especialmente a los niños, que ven que sólo uno de los padres los apoya económicamente y en ese sentido van en desventaja con otros que tienen ambos padres. Este problema es un germen de desigualdad”.

“Los hogares pobres tienen en promedio un mayor número de hijos menores de 18 años, con lo cual esta situación se agrava”, agrega la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Catalina Artega. La investigadora en temas de familia explica que los hogares con jefatura femenina son en un alto porcentaje más pobres y pobres extremos respecto de los hogares con jefatura masculina. “Todos estos factores inciden no solamente en la situación de los niños y niñas, sino en las familias y en la perpetuación de las condiciones de pobreza y pobreza extrema, principalmente de las mujeres”, comenta.

Es por esto que actualmente hay un proyecto en tramitación para revertir esta situación, que se encuentra en su primer trámite constitucional. El profesor Lepin, que fue parte del comité técnico de la propuesta, plantea que hay dos ejes que se hace necesario ajustar: mejorar el procedimiento y las sanciones. Sobre este último punto, el académico ha propuesto la creación de un “Registro nacional de deudores alimentarios”, que implica que un infractor “no pueda realizar ciertos trámites como sacar pasaporte o que para ser candidato a un cargo público se tenga que acreditar que no posee deudas en este tipo de obligaciones”.

Una matriz histórica

Hasta inicios del siglo XX, por razones históricas y culturales el trabajo, además de ser una labor netamente masculina, también se caracterizaba por ser itinerante. Los hombres “establecían familias o parejas transitorias con las que tenían hijos, pero en ese momento para algún sector de la población no implicaba asumir un compromiso”, plantea María Elena Acuña, académica de la Facultad de Ciencias Sociales, respecto a lo que sería uno de los factores que podría explicar culturalmente este incumplimiento con el derecho de los niños.

Como agrega, hubo una política pública muy fuerte para modelar la familia como institución. “El Estado apostó por consolidar el modelo porque este tipo de familia es también una normalización y un disciplinamiento de la fuerza de trabajo, para evitar el desplazamiento de los sujetos y lograr comprometerlos con su unidad familiar”, agrega Acuña refiriendo al trabajo de la académica Sonia Montecino, quien describe este fenómeno en su libro “Madres y Huachos: alegorías del mestizaje chileno”.

Como agrega, se hace necesario a nivel social “un cambio de conceptualización del rol masculino de padre, que es lo que es hoy día en crisis con estos sujetos que no se hacen cargo de sus hijos”. Por otro lado, señala que este 60% de deudores, que son principalmente hombres, “vuelven a reproducir la idea de la mujer sola con sus hijos como una unidad doméstica que debe salir adelante”. Lo interesante ante esta cifra, sería estudiar “cuántos no quieren y cuántos no pueden”.

En definitiva, lo que sí sucede ante estos escenarios es que las familias y las mujeres desarrollan diversas estrategias, dependiendo del sector socioeconómico en que se encuentren. Entre estas se encuentran, como detalla Arteaga, “la existencia de redes familiares y vecinales que suplen, en cierta medida, la ausencia de ingresos económicos o que prestan otros servicios -como cuidado de niños- para que las mujeres desarrollen actividades que les reporten ingresos monetarios”.

En el caso de los sectores medios, “se encuentran también la estrategia del endeudamiento, como complemento a la anterior, con el fin de acceder a bienes y servicios para el sostenimiento familiar”.

Como finaliza el profesor Lepin “nuestra legislación es bien precaria”, por lo que agrega que lo óptimo sería acercarse a experiencias de países “como Argentina y México donde existe este registro de deudores alimentarios que cuentan con hay sanciones penales por el incumplimiento de esto”.