Hace un mes, el obispo de Rancagua, Alejandro Goic, retomó el debate sobre el sueldo ético, diciendo que el actual monto del sueldo mínimo de $250.000 –que rige desde enero pasado– no alcanza para costear necesidades básicas, por lo que debiera aumentarse a $400.000. Voces a favor y en contra se han expresado tras su propuesta que, posterior a una nueva conmemoración del Día Internacional de Los Trabajadores, releva una discusión mayor sobre las repercusiones sociales que trae consigo ganar un sueldo tan bajo, más allá de la arista económica con la que suele analizarse este problema.
Si bien no es economista como algunas personas de ese sector criticaban, el sacerdote hizo una estimación de cuánto gasta una familia de cuatro integrantes en Chile en comida, transporte, vivienda y otros costos asociados a salud, educación y eventuales emergencias, gastos que –evidentemente– no alcanzan a ser cubiertos por el sueldo mínimo por lo que sugiere un sueldo ético, con un monto mayor, tal como en 2007 propuso una cifra alcanzada hace algunos meses que, sin embargo, no da cuenta ni del valor de la sobrevivencia familiar, ni de la valoración social del trabajo vinculada con la dignidad de las personas.
Santiago es una de las ciudades más costosas para vivir en América Latina y, por tanto, se vuelve imposible vivir con una remuneración mínima. No obstante, esta discusión a juicio de académicos(as) de la Facultad de Ciencias Sociales, debiera trascender al ingreso y tratar el problema de la pobreza con un enfoque multidimensional para medirla y observarla.
Es evidente que en este debate no se ha considerado el componente ético “que debiera ser transversal a toda la sociedad chilena, es decir no solamente al Estado y a la sociedad civil sino que a todas las empresas privadas que tienen el control sobre este asunto. Eticidad que debiera asociarse también a un criterio social de pensar en el impacto que sus efectos pueden tener en la vida cotidiana de las personas, y no solamente en su aspecto económico”, comenta Víctor Martínez, académico del Departamento de Psicología.
Lo que la discusión en torno al sueldo ético no resuelve
Para la académica del Depto. de Antropología, Carolina Franch, el bajo sueldo que ganan cientos de trabajadores(as) releva un problema mayor que es la calidad del trabajo en nuestro país. Se suele hablar del sueldo como “si fuera un acápite aparte, cuando en realidad tiene que ser enmarcado dentro de la discusión sobre qué tipo de trabajos ofrece un determinado país y cómo los valora. Falta desarrollar un debate mucho más amplio que tiene que ver con ética, con la situación laboral y, en el fondo, con la dignidad humana”.
En este sentido, las ciencias sociales tienen mucho que aportar, a través de un análisis constante de las dinámicas sociales, “dentro de las cuales el sueldo refleja una profunda inequidad, que se intenta subsanar a través de medidas socioeconómicas ‘parche’, como los bonos, pero que no generan transformaciones estructurales que permitan a las personas acceder a la igualdad de oportunidades”, critica Franch.
Lo que hay que discutir no es solamente sobre sueldo mínimo y su arista ética sino que cómo las condiciones de un sistema laboral otorgan o no dignidad a quienes trabajan. “Goic ya lo había propuesto antes y en ese entonces postuló a los $250.000, ahora sugiere $400.000. Sin embargo, ¿quién puede vivir con $400.000? Con ese monto se podría vivir en México pero no en Chile considerando todos los gastos de traslado, comida, arriendos, entre otros”, enfatiza la también Directora (s) del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género (CIEG).
Asimismo, ese sueldo no permite que hombres ni mujeres sean libres y puedan desarrollarse en áreas de ocio y esparcimiento. La remuneración “es una variable más de esta evidente inequidad e injusticia, tanto en términos de clase como de raza, sexo, territorio, y no se ha discutido nada de eso”, enfatiza.
Cuestionamientos a la definición de pobreza
Otra de las aristas que se desprenden de este debate es la pobreza y desigualdad todavía vigentes en la sociedad chilena, cuya metodología de medición y clasificación es discutible para la académica del Departamento de Sociología, Catalina Arteaga. “Si aquellas personas ganaran más dinero no superarían necesariamente la pobreza y es que ésta tiene que ver también con factores como el acceso y relación con otros grupos sociales, su aceptación social e igualdad de derechos. Todas estas mediciones y etiquetamientos de la población ‘pobre’ o ‘vulnerable’, lo que hacen es legitimar la desigualdad social”, afirma.
Además, seguir con ese enfoque de análisis significa pensar que hay personas que pueden vivir bajo estándares mínimos de dignidad, que sólo les alcanza para sobrevivir y otros que poseen una mejor calidad de vida, por lo que "moralmente, es criticable la discusión", según Arteaga.
En Chile, para abordar el problema de la pobreza se han implementado políticas sociales a partir de mecanismos que la definen, como la Ficha de Protección Social, que desde el 01 de enero de este año fue reemplazada por el Registro Social de Hogares. Este registro se construye en base a la información aportada por una persona del hogar mayor de 18 años y los datos administrativos que posee el Estado, para luego ubicarla en un tramo de Calificación Socioeconómica.
Sin embargo, la categorización de grupos socioeconómicos a partir de este tipo de instrumentos ha tendido a legitimar su distinción y estigmatización frente al resto de los grupos sociales. En un artículo titulado “Políticas sociales, modelo de desarrollo y subjetividad de grupos vulnerables en Chile”, publicado en la Revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) Reforma y Democracia, Catalina Arteaga y la socióloga de la Universidad de Chile, Isidora Iñigo, analizaron la situación que viven personas en situación de pobreza.
Diversas familias son consideradas "pobres" en base a condiciones o indicadores objetivos, no obstante, ellas prefieren no acceder a los programas sociales debido a la estigmatización que sufren de parte de la comunidad, al ser tildadas de "vulnerables" o "flojas", que no quieren trabajar o que carecen de autonomía económica.
Al interior de estas familias se construye la visión que deben trabajar y "arreglárselas por sí mismas", por lo que –de alguna manera– las políticas sociales inciden en cómo se distinguen mutuamente las comunidades. Este tipo de discusiones también debieran extrapolarse “a nivel de políticas públicas, pero en relación –idealmente– con la academia, con las ONGs, con las fundaciones y gente que ha estudiado el tema”, señala la académica.
“Los pobres constituyen un grupo que, a su vez, se conforma en un contexto social donde hay desigualdad entre sus integrantes. En ese sentido, debemos reflexionar al respecto y construir una sociedad distinta. La existencia de la pobreza también tiene que ver con el modo en que vemos al otro; se trata más bien de una reflexión sobre cómo nos construimos como individuos, familia, ciudadanos(as) y sociedad”, subraya.
Al igual que los(as) otros(as) académicos(as), espera que se aumente el monto del sueldo mínimo y así más personas puedan acceder a mayores servicios “pero ese no es el tema de fondo, sino la pobreza y la desigualdad”, insiste la investigadora Catalina Arteaga.
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Variaciones del sueldo mínimo en el último tiempo
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