Declaración de académicos y académicas de Universidades del Estado en Defensa de la Educación Superior Estatal

Declaración en Defensa de la Educación Superior Estatal

Los abajo firmantes, académicos y académicas de instituciones estatales de educación superior en Chile, se hacen el deber de demandar al Gobierno y al Parlamento la creación de una política de Estado que restituya el valor asignado a un sistema nacional de educación pública.

Reclamamos una reforma sustantiva. Necesitamos una verdadera transformación política y cultural que ponga en el centro las necesidades de nuestro país y no se contente con administrar los intereses privados basados en la competencia y el lucro. Requerimos una reforma centrada en la calidad de las propuestas formativas, que implique la asignación de recursos del Estado a instituciones que garanticen su uso en provecho de la equidad y la democracia de sus lógicas de gestión y desarrollo; que consagre la educación como un derecho, sin más restricción que los méritos de quienes acceden a sus beneficios formativos, de investigación y de vinculación con el medio social y cultural.

Valoramos que a propósito de la anunciada reforma del sistema de educación superior en Chile y de la implementación actual de la llamada gratuidad, se haya instalado un debate acerca del compromiso del Estado para transformar dicho sistema; asumiendo una crítica de fondo a un modelo que por más de treinta años ha supeditado la educación superior a las lógicas del mercado, con el consiguiente deterioro del rol ineludible de las instituciones del Estado para garantizar el necesario equilibrio de calidad y equidad.

Sin embargo, observamos que el proceso en curso no apunta todavía a dichas transformaciones. Al insistir en lógicas subsidiarias e intentar conciliar intereses privados con necesidades de instituciones públicas, es decir de propiedad del Estado chileno, queda pendiente una reforma de fondo. Vemos con preocupación que con la aparente reforma y sus marcos normativos asociados, lejos de fortalecer un sistema público de educación superior se termine por profundizar el modelo vigente de mercado.

Asumimos el deber de proponer – y más aun, de exigir, siendo fieles a nuestro compromiso con las necesidades de la ciudadanía y del país entero – que las iniciativas políticas y legislativas que surjan reconozcan :

  • El aporte diferencial de las instituciones de educación superior dependientes del Estado en el desarrollo de una política y cultura educativas vinculadas a la calidad y pertinencia de sus propuestas formativas, de su aporte a la generación de conocimiento, de su incidencia en el desarrollo de política pública.
  • La necesidad de establecer condiciones basales de financiamiento estatal a dichas instituciones, diferenciadas de aquellas que subsidien la demanda educativa – vía gratuidad – de estudiantes del sistema hasta ahora mercantilizado en extremo.
  • La obligación de constituir un sistema nacional de educación superior – universidades, centros de educación técnica – que supere el centralismo de las decisiones políticas y fortalezca el rol de instituciones regionales en su desarrollo.
  • El imperativo ético, y por lo tanto político, de inscribir la reforma del sistema de educación superior en un horizonte que valorice sustancialmente el rol del Estado y, por lo tanto, que evite radicalmente poner en un mismo plano intereses diversos: Intereses que dependen de iniciativas empresariales o confesionales respecto de aquellos que ponen a la sociedad chilena en el centro de su misión y de su trabajo.
  • Todavía es tiempo de que el Gobierno y el Parlamento, a través de sus representantes elegidos democráticamente por el pueblo de Chile, asuman la tarea de conducir un proceso que la ciudadanía ha reclamado desde hace años y restituir el valor de la educación pública.

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