En la sesión del pasado martes 21 de junio, el Consejo Universitario discutió en torno a una "Propuesta de medidas para optimizar las investigaciones disciplinarias sobre acoso laboral y sexual al interior de la Universidad de Chile", documento que surge a la luz de las crecientes denuncias de este tipo en la Institución, y que desde el punto de vista de los procedimientos disciplinarios para sancionar o no las conductas denunciadas, pretende incorporar nuevos instrumentos que contribuyan a asegurar el cumplimiento de derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad universitaria.
El Director Jurídico de la Universidad, Fernando Molina Lamilla, fue el encargado de presentar esta propuesta, indicando que sin perjuicio de que surjan futuras iniciativas en esta materia, lo que se propone va en la dirección de perfeccionar la respuesta de la Universidad en estos asuntos, por medio de la cooperación a las autoridades en las decisiones que adoptan en la instrucción y resolución de estos casos.
En ese sentido, explicó que la primera iniciativa es crear una nómina de académicos y otros funcionarios preparados para asumir investigaciones disciplinarias, para eventualmente ser designados como fiscales o actuarios de dichos procedimientos. Sobre este punto destacó el carácter voluntario, esto es que "dicho registro se elaboraría con nombres que voluntariamente propongan las autoridades que cuentan con atribuciones para instruir procedimientos disciplinarios. Este listado deberá contemplar, en todo caso, requisitos y estándares de formación mínimos, así como inhabilidades", explicó el Director Jurídico. Agregó también, que las autoridades podrán optar de manera voluntaria entre utilizar o no esta herramienta para la designación de fiscales o actuarios, y que además el instrumento facilitará la elección de fiscales o actuarios a personas externas a su unidad, en pos de la imparcialidad para el debido proceso.
Otro aspecto considerado en la propuesta es la realización de cursos de capacitación, especialmente dirigidos a las y los académicos inscritos en esta nómina, donde se aborde la normativa administrativa y pautas aplicables contemplando un enfoque de género, "para prevenir estereotipos culturales que pudieran obstaculizar la investigación", explicita la propuesta, y además promueve la participación voluntaria de cualquier integrante de la comunidad en ellos.
Para Carmen Andrade, Directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, disponer de fiscales y actuarios capacitados en cursos abiertos a la comunidad, significa una forma de responder a un problema que existe en la Universidad. "Hemos visto que esta desconfianza en la propia institucionalidad para llevar adelante procesos investigativos rigurosos y exhaustivos que finalmente sancionen a los agresores, si así se demuestra. Contar con este instrumento que propone la Dirección Jurídica es hacerse cargo de un déficit y da mayor garantía a las personas involucradas".
Por su parte, la Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesora María Eugenia Góngora, manifestó su acuerdo en optimizar estos procesos debido al clima que genera en la propia comunidad, indicando que es un tema importante y que preocupa. De hecho, la propuesta surgió de la Decana Góngora quien pidió la colaboración de la Dirección Jurídica, con miras a convocar personas que reúnan las condiciones necesarias para actuar como fiscales o actuarios.
En sintonía con lo planteado por la Decana Góngora, Carmen Andrade añadió que, "investigar el acoso no es lo mismo que investigar otras materias; aquí estamos frente a conductas más complejas que implican violaciones de derechos humanos y por lo tanto tener este dispositivo va a ser un salto muy positivo", reflexionó.
La Presidenta de la Federación de Estudiantes (FECh), felicitó la propuesta planteando que se suma a otros iniciativas que ubican a la Universidad en su definición de una política global ante el acoso sexual y laboral. Entre estas destacó la reciente modificación en el Reglamento de Estudiantes que tipifica las conductas de acoso; la entrega de formación específica a las unidades encargadas de bienestar estudiantil como iniciativa de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género; propuestas de modificaciones en las normativas disciplinarias y protocolos de acción. "Debemos hacer converger los dispositivos e iniciativas que surjan para que la Universidad tenga una respuesta institucional frente al acoso, y especialmente en su prevención", concluyó.
La Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán, expresó que le parece muy relevante que esta iniciativa se esté tratando en el Consejo Universitario "porque da cuenta que la Universidad de Chile se hace cargo de un tema que irrumpió en el escenario nacional y en las universidades. Existe un trabajo que hemos intentado transversalizar desde la Oficina de Género con las diversas Vicerrectorías, pero es fundamental que se asuma con un debate de fondo y con una política que traspase esta acción puntual", enfatizó.
La Vicepresidenta de la Fenafuch, María Ximena Morales, se refirió a la sensación de temor que significa para las y los funcionarios las situaciones de acoso laboral, "porque dudan si pueden o no hablar del tema. Detrás de esto hay seres humanos que quedan muy afectados por temor a perder su fuente de trabajo y hemos encontrado apertura en la Oficina de Igualdad de Género y en esta medida concreta que apunta a las buenas prácticas", comentó.
Desde el mundo académico, el representante y Presidente de la Acauch Héctor Díaz, dio cuenta de la preocupación que existe "por aquellas acusaciones falsas que afectan la imagen irreparablemente y que dejan un daño permanente". Puso énfasis también en considerar la prevención de conductas de acoso como un elemento constitutivo del currículum, "como una actividad de formación permanente en estos temas. Pasar por la Universidad significa también formar a la persona", dijo.
En ese sentido, la Directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades, Carmen Andrade, comentó que "si bien se requiere una política global de enfrentamiento al acoso sexual y laboral, estas medidas responden a un problema concreto que nos indica por cuál camino avanzar, en ese sentido, es muy positivo para nuestra Universidad", expresó.
Finalmente, la propuesta fue sometida a la votación de las y los Consejeros, recibiendo el voto favorable de la plenaria por unanimidad. De esta forma, la incorporación de este listado voluntario de posibles fiscales o actuarios, además de los cursos de capacitación con enfoque de género para colaborar en los procesos disciplinarios, se suma a otras iniciativas en contra del acoso sexual y laboral al interior de la Universidad.
Al cierre, el Rector Ennio Vivaldi, agradeció la exposición sobre este punto y valoró la posibilidad de ampliar la discusión a temas igual de importantes. "Esto apunta y responde a una demanda de la comunidad universitaria que exige se garantice correctamente el funcionamiento de procesos de este tipo, y debemos verlo también como una invitación a reflexionar sobre estos temas", concluyó.
