"Es un agrado para mí retomar este ciclo de Diálogos para la Democracia. Resulta muy oportuno tener aquí al profesor Marius Pieterse hoy, en momentos en que en Chile estamos discutiendo el cambio constitucional", afirmó el director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP), Hugo Frühling, dando la bienvenida al encuentro que se celebró el pasado 7 de julio.
El profesor Pieterse expuso cómo la Constitución de 1996, instituida en Sudáfrica al finalizar el apartheid, introdujo los derechos económicos y sociales, y cómo esto implicó un desafío para la Corte Constitucional sudafricana, respecto de las demandas en pos de la consecución de estos derechos.
"Había preocupación porque la Corte no tenía experticia técnica en este ámbito, y por evitar el riesgo de hacerle falsas promesas a la población, pues esto traía el peligro de poner en cuestión la legitimidad de la Constitución completa. Además, las decisiones de la Corte tendrían consecuencias presupuestarias", señaló el académico.
"La Corte finalmente se enfocó en las políticas y en el 'test de lo razonable', es decir, evaluar si eran razonables o no, y no en qué significaba, por ejemplo, 'vivienda adecuada'. Esto forzó al Estado a dar razones para sus políticas", agregó. De esta forma, el actuar de la Corte Constitucional, según indicó el profesor Pieterse, permitió establecer canales de diálogo entre el Estado y los ciudadanos.
Posterior a ello, el profesor Domingo Lovera, académico de la Universidad Diego Portales, comentó la exposición. "Las Cortes o Tribunales Constitucionales tienen que ganarse un espacio para ejercer. La crítica contramayoritaria señala que estas Cortes derrumban un proceso realizado como parte de la democracia, pues está compuesta por miembros no electos", dijo.
"Una forma de resolver esta paradoja es preocuparse de mantener los canales de participación política abiertos, para que el foro público y la participación de la ciudadanía se preocupe de cómo vamos a entender la Constitución", añadió.
Por último, la profesora Claudia Heiss, académica del INAP, realizó sus comentarios. En el marco del debate constitucional chileno, la profesora Heiss se refirió a cómo pueden incluirse los derechos económicos y sociales en la Constitución. "Una opción es que se trate de derechos justiciables, es decir, que los ciudadanos puedan demandar al Estado judicialmente por el incumplimiento de algún derecho consagrado en la Constitución. Otra fórmula es la de los derechos aspiracionales: La Constitución establece una serie de derechos como principios orientadores de las políticas públicas, pero que no constituyen obligaciones y que no pueden ser reclamados judicialmente. Una tercera fórmula es no incluirlos en absoluto", explicó.
"La Constitución chilena identifica claramente sólo algunos derechos como sujetos a recurso de protección, mientras que deja otros en el nivel de aspiracionales", señaló.
La próxima sesión de Diálogos para la Democracia se realizará el 10 de agosto y tendrá por título Las organizaciones regionales y la protección de la democracia en América Latina: ¿Difusión global o adaptación local? La exposición principal estará a cargo del académico Stefano Palestini Céspedes, Doctor en Ciencia Política del Instituto Universitario Europeo de Florencia. La siguiente sesión tendrá lugar el 19 de agosto y se titulará Neo-extractivismo, conflicto social y políticas públicas. Miradas latinoamericanas. Expondrán los académicos Maritza Paredes, de la PUC Perú; Anthony Bebbington, de Clarke University; y Eduardo Silva, de Tulane University.