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Profesor Fernando Atria:

Propuesta del gobierno "mantiene la idea de que la gratuidad es a través de un voucher"

Como parte del Proceso de Discusión de la Reforma a la Educación Superior que inició la Universidad de Chile con sus tres estamentos, el académico de la Facultad de Derecho realizó un análisis al proyecto del gobierno, el que compartió con estudiantes, académicos y funcionarias en la jornada del martes 26 de julio.

El profesor Fernando Atria fue parte del acto que dio inicio al  Proceso de Discusión de la Reforma a la Educación Superior al interior de la Casa de Bello.

El profesor Fernando Atria fue parte del acto que dio inicio al Proceso de Discusión de la Reforma a la Educación Superior al interior de la Casa de Bello.

Documentos adjuntos
Documento "Comentario y explicación del proyecto de ley de educación superior", del profesor Fernando Atria.
Contenidos vinculados
U. Chile inició Proceso de Discusión de la Reforma a la Ed. Superior

Como explicó el académico, este proyecto "mantiene la lógica de que la ley no puede obligar" y sólo puede ofrecer convenios, lo que es incompatible con "que la ley asegura derechos".

"Construyamos juntos una educación superior pública para Chile", fue el nombre del encuentro que dio inicio al espacio de diálogo y reflexión triestamental de la Casa de Bello respecto al proyecto de ley del gobierno en materia de Educación Superior, iniciativa que se extenderá hasta enero del 2017 y que apunta a generar ideas y propuestas respecto a la reforma en curso.

El profesor de la Facultad de Derecho Fernando Atria estuvo a cargo del análisis de la iniciativa legal del gobierno, instancia en la que valoró que este proyecto y el contexto que dio su origen “es el fin del principio de la discusión”, ya que se ha instalado el debate en esta materia y se han modificado los términos con los que tradicionalmente se asociaba el sistema de Educación superior chileno.

En su presentación, que recoge un trabajo especial que el académico realizó sobre la iniciativa legal, plasmado en un documento adjunto, Atria destacó que “puede decirse que [el proyecto] pretende reformar algunos de los aspectos más deficitarios del sistema de educación superior, pero que se mantiene dentro de las líneas ideológicas fundamentales de lo que ha existido desde 1981”, entre ellas, “la afirmación de que las instituciones estatales no son distintas de las instituciones privadas”.

Es esta última afirmación la que ha derivado en que “cualquier diferencia importante de trato entre el régimen de las instituciones estatales y el régimen de los agentes privados es visto como competencia desleal”.

A pesar de ello, esta discusión se distingue de las anteriores porque “ha surgido la idea de que hay algo en lo público que es especialmente importante”.

Otro aspecto que el académico detectó como crítico de la ley del gobierno es que “mantiene la idea de que la gratuidad es a través de un voucher, es decir, es una asignación por estudiante individual”. En ese sentido, al optar por esa vía, “al entender la gratuidad como beneficio focalizado, obliga a una serie de otras consecuencias regulatorias. Una de ellas es que las universidades por supuesto tendrán que tener fijación de vacantes”.

Las universidades estatales y las lógicas de fondo

Para Atria “el proyecto no avanza en la caracterización o en la relevancia de lo público”, ya que a pesar de que las “únicas universidades públicas son estatales”, la iniciativa legal “contiene reglas especiales para las instituciones estatales, pero no hay una atención a la pregunta de cuál es el sentido de la vinculación entre lo público y lo estatal”.

Es por ello que, considerando que “lo público es lo que no está sujeto a la propiedad privada, lo que no tiene un dueño” es importante en opinión del profesor Atria “la discusión sobre lo público en la universidad, y por eso uno tiene que decir hoy día cuáles son las instituciones que no tienen dueño, que son sólo las estatales”.

Respecto al lucro en la educación, en el proyecto quedan entrevistos dos fundamentos para observar este aspecto. Uno es concebir “que la educación es un derecho y el derecho es incompatible con que se cobre por él”. La otra posibilidad, es plantear que “cuando se reciben fondos públicos entonces no puede haber fines de lucro, pero cuando se financia con fondos privados, sí puede haberlos”. Para Atria “en general el proyecto opta por esta segunda lógica”.

Finalmente, el académico planteó que esta iniciativa “mantiene esta lógica de la ley no puede obligar y como la ley no puede obligar todo lo que puede hacer es ofrecer convenios. Y claro, la idea de que la ley avanza ofreciendo convenios es incompatible con que la lógica es que la ley asegura derechos”. 

Texto: Francisca Palma
Fotografías: Felipe PoGa

Miércoles 27 de julio de 2016

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