El pasado martes 26 de julio se inició el Proceso de Discusión de la Reforma a la Educación Superior, evento en el cual participó el Vicepresidente del Senado Universitario, Carlos Ruiz Schneider, quien detalló ante los presentes los principales apartados que incluye la Propuesta del Senado aprobada en agosto de 2015 y entregado en plazo a las autoridades del Ministerio de Educación.
El Senador Ruiz recordó que la propuesta comienza con un "diagnóstico muy crítico sobre la situación actual, en el que se subraya la desregulación, la inequidad, los déficits de calidad y la ausencia de un proyecto de desarrollo vinculado a las necesidades del país". Tras ello, la el documento planteó una serie de propuestas, las que resumió ante un repleto Salón de Honor de nuestra Casa Central.
El Vicepresidente del Senado indicó que el documento del Senado establece que "la educación es un derecho social, por lo que el acceso a las instituciones de educación superior públicas debe ser gratuito, sin perjuicio de que las instituciones privadas puedan, bajo ciertas condiciones, acceder también a la gratuidad".
"Los recursos del Estado deben dirigirse prioritariamente a fortalecer la educación superior estatal, ampliando su matrícula (…) conformando una red nacional que constituya el pilar básico del sistema nacional de educación superior", manifestó Ruiz.
Indicó -además- que este sistema debe ser regulado, tanto para instituciones estatales como no estatales, haciendo que se oriente hacia las necesidades del país y de su gente, y no obedezca a criterios de mercado.
Asimismo, sostuvo que el documento planteaba que la "acreditación de la calidad de las instituciones debe ser obligatoria para todas, en todas sus funciones básicas, lo que en el caso de las universidades incluye la investigación, y cuando corresponda también la creación artística".
Finalmente, manifestó –siguiendo las propuestas del documento emanado del Senado Universitario- que las instituciones de educación superior deben resguardar la participación de todos sus estamentos en sus funciones esenciales, incluida la gobernanza.
Discusión en el Congreso
Respecto del proyecto en discusión en el Parlamento, Carlos Ruiz manifestó que un punto importante es saber si es que apunta a un cambio radical de un sistema que se denuncia como desregulado, basado en el mercado y por tanto inequitativo y de calidad deficiente o si se trata de una iniciativa que sólo se propone regular mejor y, de esa manera, consolidar lo que existe.
"Un segundo punto importante es analizar si el proyecto fortalece de verdad a las instituciones públicas o si estas aparecen solo como proveedoras de educación superior y, por lo tanto, solo en un lugar paralelo y alternativo al de las instituciones privadas", sostuvo.
Además, se cuestionó respecto a la regulación de los institutos profesionales y centros de formación técnica, pues considera que el proyecto no aborda de manera suficiente el papel del Estado en esta rama de la educación superior "que incluye al 45 por ciento de los estudiantes del nivel terciario, que tienen la condición socioeconómica más precarizada y que es fundamentalmente privado, y lo sigue siendo de acuerdo a lo que conocemos del proyecto".
"Un cuarto punto importante es el del carácter de las instituciones estatales y su gobernanza (…) el proyecto descarta el Consejo Universitario e introduce la figura de una junta directiva que es completamente ajena a la tradición de gobierno universitario de la Universidad de Chile en régimen democrático", dijo el Vicepresidente del Senado Universitario.
Añadió que un quinto elemento trascendente corresponde al financiamiento de las instituciones de educación superior. Señaló que una pregunta importante es si "se continúa en el proyecto con el financiamiento a la demanda o se financia a las instituciones públicas a través de fondos basales y a las privadas que cumplan con requisitos de calidad, a través de becas o arancel diferenciado".
Indicó que este tema debiera tener una respuesta, porque ambas opciones no son compatibles. "Si se financia la demanda, las universidades públicas son más o menos equivalentes a las privadas, porque lo decisivo sigue siendo en el fondo la libertad de elección del consumidor. Entonces no tiene sentido exigir un trato especial a las universidades estatales, salvo porque constituyen una tradición".
Con respeto a temas de gobernanza y las características de las instituciones estatales, el Senador Ruiz manifestó que "el proyecto de ley invalida desde arriba, por ejemplo, varias propuestas que tienen que ver con la participación de los estamentos en los cuerpos colegiados y en la elección de autoridades, propuestas que están pendientes en el proyecto modificación de estatutos del Senado universitario y que debieran someterse a referéndum".
Agregó que en esta línea la iniciativa descarta de plano la existencia del Consejo Universitario, una entidad que existe desde los comienzos de la universidad. Y, por otro lado, introduce la figura de una Junta Directiva que propone cuatro integrantes nombrados por el gobierno de turno.
Como se dice antes, esto es completamente ajeno a la tradición de gobierno universitario en democracia, aunque se usó en dictadura y está vigente aún en universidades regionales que no han podido cambiar sus estatutos".
En el tema del financiamiento, el Senador insistió en que si se financian instituciones a través de fondos basales, la educación superior "se descomodifica, sin que ello signifique negar la libertad de opción para estudiantes que prefieran instituciones más exclusivas a pesar de poder optar por instituciones públicas".
El Vicepresidente del Senado, como interpretación propia, sostuvo que le parece que en el proyecto se intenta conciliar dos opciones: "gratuidad universal como la que demandó el movimiento estudiantil, sobre todo a partir de 2011, y que en general es característico de sistemas públicos y estatales, con la mantención de un subsistema privado con un Estado que evalúa por los resultados, de manera neutral entre lo público y lo privado, con un súper-sistema de regulación de la calidad".
Manifestó que esta ambivalencia es la que explica que a principios de año haya habido tres instituciones públicas que quedaron fuera del principio de gratuidad por los años de acreditación que tenían.
Por otro lado, indicó que "como el financiamiento financia la demanda y la demanda financiada se mide en base al nivel socioeconómico de los estudiantes, financiar a la mayoría o a todos los estudiantes aparece como algo muy lejano en el tiempo, dados los recursos disponibles".
Por ello, señaló que subsistirá por mucho tiempo el sistema de créditos estudiantiles como el Crédito con Aval del Estado (CAE), con lo cual muchas familias también quedarán endeudados por largo tiempo con los bancos.
Finalmente, el Senador Ruiz manifestó que le parece evidente que uno de los puntos de la discusión que debe abordar la universidad tiene que ver con la diferencia entre lo público y lo privado.
"Con el tema de lo público se liga, por último, el de las transformaciones del Estado desde fines de los 1990 que ha ido evolucionando, a partir de un estado subsidiario, a un estado típico de la 'nueva gestión pública', privatizado de manera endógena, orientado a la empresa y al mercado y que evalúa y exige rendición de cuentas en base a resultados y eficiencia en lugar de proveer servicios y garantizar derechos", indicó el Vicepresidente del Senado Universitario.