La destitución de la rectora de la Universidad de Aysén, doctora Roxana Pey, ha interpelado a las comunidades académicas y estudiantiles pues, en su forma y fondo, pone en tensión el tipo de vínculo futuro de las universidades estatales con el gobierno.
En la forma, porque resulta al menos agraviante que esta solicitud de renuncia sea la segunda en la historia de estos planteles, luego de aquella hecha por Pinochet al ex rector de la Universidad de Chile José Luis Federici, en 1987. Ahora bien, huelga decir que entre ambas hay dos diferencias fundamentales: la doctora Pey, por cierto la primera mujer rectora de una universidad estatal, no fue designada por un dictador, sino que llegó para cumplir un compromiso del Estado con los ayseninos; en seguida, se negó a renunciar en nombre precisamente del espíritu académico y sentido social del proyecto comprometido.
En su contenido, la destitución aduce una serie de argumentos que ponen en entredicho no sólo la relación futura entre gobiernos y universidades estatales, sino también el carácter de las obligaciones asumidas con la comunidad de Aysén luego del levantamiento social del año 2012. Se trata entonces de un problema político sumamente grave, no sólo en el marco del debate y críticas al proyecto de ley sobre educación superior, sino también en el contexto de las múltiples movilizaciones sociales que ponen en cuestión el carácter de la convivencia social en Chile y que resultan de las enormes desigualdades de todo tipo y de la crisis de credibilidad de las instituciones políticas.
Recordemos que la creación de la Universidad de Aysén no es otra cosa que el único resultado que se ha materializado (¿o se había materializado?) de las movilizaciones iniciadas en febrero del año 2012 por los habitantes de la región. En efecto, hasta ahora nada hay respecto de las demandas sobre combustibles, plebiscitos vinculantes o regionalización de los recursos naturales, y sólo se registran algunos avances en materia de salud, como el Hospital de Aysén y los anuncios de otros en Chile Chico y Cochrane. Por ello resulta absolutamente incomprensible que un argumento principal del gobierno para remover a la rectora Pey tenga que ver precisamente con el carácter de un estatuto universitario que integra la participación de la comunidad que logró, mediante una enorme cuota de lucha y sacrificios, la creación de dicha casa de estudios.
Ahora bien, el gobierno argumenta que tanto dicho estatuto, como las exigencias en materia de ingreso y gratuidad, ponen en riesgo la "viabilidad y sustentabilidad del proyecto". Frente a este argumento no se entiende, primero, cómo se apela a la sintonía de una propuesta estatutaria con la propuesta de gobernanza de las universidades estatales incluida en un proyecto de ley que apenas inicia su debate. En especial una ley que, de ser aprobada en su estado actual, interpela a los integrantes de las comunidades universitarias, en tanto consagra una inédita injerencia de los gobiernos, a través de la designación de cuatro de los nueve miembros de las juntas directivas de las universidades. Entonces, lo peligroso aquí y que aparece en el fundamento mismo de la petición de renuncia de la rectora Pey, es la decisión de limitar, desde ya, ex ante, la autonomía de las universidades del Estado y la participación e injerencia de la comunidad a la que estas tienen como misión servir.
En otros términos, lo que es puesto en entredicho es el espíritu mismo presente en las largas luchas iniciadas desde el grito de Córdoba hasta la reforma de 1968. Es decir, la demanda por esa autonomía que permite el desarrollo de una conciencia crítica, esencial al desarrollo de la sociedad.