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Dirección Jurídica

En la Casa Central de la Universidad de Chile:

Asesores jurídicos de las Ues estatales critican duplicidad en control y fiscalización que plantea el Proyecto de Ley de Educación Superior para estas instituciones

Con la asistencia de directores jurídicos, contralores, fiscales, secretarios generales, y abogados asesores de los planteles del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), se realizó una jornada de análisis jurídico de las materias que incorpora el Proyecto de Ley de Educación Superior que hoy se discute en el Congreso. Entre las temáticas tratadas destaca el fortalecimiento de las instituciones públicas, la transparencia y autonomía universitaria.

Asistieron a la reunión abogados asesores de la gran mayoría de las Ues del CUECH.

Asistieron a la reunión abogados asesores de la gran mayoría de las Ues del CUECH.

En la instancia se discutió sobre los mecanismos de control y la autonomía universitaria.

En la instancia se discutió sobre los mecanismos de control y la autonomía universitaria.

El proyecto no fortalece la labor de las contralorías internas como garantía de que en las universidades sí existe un ambiente de control expresaron.

"El proyecto no fortalece la labor de las contralorías internas como garantía de que en las universidades sí existe un ambiente de control" expresaron.

También se habló sobre transparencia, ley de compras y fiscalización.

También se habló sobre transparencia, ley de compras y fiscalización.

Los abogados valoraron la realización de la Jornada para discutir dichas temáticas.

Los abogados valoraron la realización de la Jornada para discutir dichas temáticas.

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Con el fin de levantar un diagnóstico preliminar de observaciones al proyecto de educación superior, representantes de la Universidad de Valparaíso, U. de Talca, U. del Bío-Bío, U. de los Lagos, U. de Atacama, UTEM, U. de Chile, entre otras, se reunieron en el Salón Valentín Letelier de la Casa Central de la Universidad de Chile en una jornada de análisis convocada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH).

Stephanie Donoso, asesora legal del CUECH, abrió la jornada con una presentación que contextualizó la discusión legislativa en que se encuentra el proyecto, considerando antecedentes como la ley de presupuesto que incorporó la gratuidad por medio de una glosa; la emergencia de voces desde agrupaciones de institutos técnicos profesionales, de universidades privadas; y la presentación de suma urgencia que recibió el proyecto a inicios del mes de agosto.

La discusión, en tanto, fue guiada por dos temáticas concernientes a la labor jurídica que desarrollan a diario los asesores en sus respectivas Universidades. En primer lugar, se analizaron los mecanismos de control y fiscalización central a los que debe responder la institución, aún con la existencia de contralorías internas. 

"El proyecto no fortalece la labor de las contralorías internas como garantía de que en las universidades sí existe un ambiente de control", decía un representante de la Universidad de Valparaíso, aduciendo que las Universidades del Estado tienen particularidades propias que las diferencian del resto de los servicios públicos, sumado a que la relevancia de las contralorías internas también radica en su amplio campo de acción universitario: control de juridicidad, de gasto; en ejecución presupuestaria o en la gestión a nivel de proposición o advertencia.

De igual forma, también se advirtió que el Proyecto podría suponer un doble o hasta un triple control para las universidades estatales, en cuanto la nueva Superintendencia tendría atribuciones para verificar la legalidad de las actuaciones de las instituciones de educación superior y fiscalizar el uso de los recursos, al igual como hoy le corresponde a la Contraloría General respecto de las instituciones del Estado y a sus contralorías internas. Entendiendo que la Superintendencia vendría a superar la ausencia de fiscalización de las entidades privadas, esto no debiera significar duplicar o triplicar los controles de las estatales. Otra parte de los asistentes, planteó que la Superintendencia sería un órgano más afín en aspectos técnicos y de carácter preventivo, prevaleciendo la idea de fortalecer el control interno, eximiendo algunas materias de la toma de razón posterior de la CGR y propendiendo a mayor flexibilidad.

Sobre lo último, y como otro tema en discusión, se conversó sobre la autonomía universitaria y cómo es considerada por el proyecto. Stephanie Donoso, Asesora Legal del CUECH, explicó que el documento que se discute en el Congreso "reconoce los tres ámbitos de la autonomía universitaria (administrativa, económica y académica) y se establece como límite las normas vigentes aplicables al sector, y en particular aquellas que se definen para el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior".

En tanto, los asistentes manifestaron acuerdo en considerar que, si bien las instituciones estatales son definidas como autónomas, sus ámbitos de autonomía son reducidos, lo que se vería reflejado en la figura del "doble o triple control". Advirtieron, también, que las universidades deberán pedir autorización a la Subsecretaría de Educación Superior para incorporar mecanismos de acceso y al Consejo para la Calidad para abrir nuevas sedes y carreras; de igual manera cuestionaron la falta de espacios de participación de la comunidad universitaria y la configuración de equilibrios de acuerdo al órgano colegiado superior, que podría facilitar la intervención del Gobierno para la remoción de un rector.

En materia de transparencia, hubo consenso por parte de los asesores en que se apliquen las mismas normas de las universidades del Estado a las instituciones de educación superior que reciban recursos públicos, poniendo énfasis en aquellos planteles privados que esperan incorporarse al sistema de gratuidad. En otros aspectos, se observó que también es necesario eliminar de la Ley del Consumidor todas las normas relacionadas a educación superior y se traspasen algunas materias específicas como competencias de la Superintendencia de Educación Superior. "La aplicación de ley del consumidor en educación carece de concordancia con el derecho social a la educación", dijeron.

Finalmente, los abogados representantes de las Universidades pertenecientes al CUECH, acordaron la elaboración de un documento que presente las observaciones al Proyecto de Ley de Educación Superior, incorporando una propuesta en relación a la coordinación óptima de los mecanismos de control y fiscalización que debe atender cada institución. Además, valoraron la realización de la Jornada para discutir dichas temáticas en el contexto del fortalecimiento de la educación pública del país.

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