A raíz de las denuncias realizadas este último tiempo, el tema de abuso y acoso sexual en la Universidad ha tomado gran notoriedad. La Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones ha estado trabajando desde el 2013 principalmente en las brechas de género y en esta temática.
En 2015 hicieron una encuesta de acoso sexual a funcionarios, académicos y estudiantes, liderada por el equipo del Observatorio Callejero, donde uno de los datos que arrojó fue que el 14,6% de las personas ha vivido desde el ingreso a la universidad acoso sexual, siendo mujeres las principales afectadas. Por otra parte, han recibido de manera más espontánea a las víctimas de estas situaciones. “A pesar de que no somos la instancia pertinente, nos vimos en la urgencia de canalizar un canal para derivar estas denuncias. Hasta el momento tenemos cinco sumarios administrativos en curso. (…) En este escenario, identificamos que algunas personas evidentemente quedan muy afectadas y necesitan asistencia psicológica rápida, por lo que hicimos un convenio con CAPs y la DBE”, relató Patricia Retamal, asesora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, al inicio de la reunión.
El convenio al que se refiere se firmó en agosto de este año y consiste en doce atenciones de acompañamiento psicológico realizadas por profesionales de la Clínica de Atención Psicológica (CAPs) a estudiantes víctimas de alguna agresión sexual sufrida al interior de la Universidad. La DBE financiará, a través de una beca de emergencia, estas sesiones a los estudiantes que tengan un puntaje mínimo de 40 puntos en su ficha social.
Como le explicó Doris Riquelme, psicóloga de la DBE, a los asistentes sociales y psicólogos que fueron parte de esta reunión, una de las aristas que incluye este convenio es que las personas tendrán preferencia de atención, donde el CAPs se demoraría alrdedor de tres días en fijar una atención (lo que dependerá de todas formas de la disponibilidad del estudiante).
“Esto es un acompañamiento psicológico, porque es difícil realizar una psicoterapia en 12 sesiones, en particular en los casos donde hay trasgresión de límites. Esto está pensado más como una contención inicial”, comentó Doris Riquelme a los participantes.
El sistema de derivación que incluye este convenio es el siguiente: los psicólogos o asistentes sociales son quiénes recepcionan con mayor frecuencia las develaciones iniciales de los alumnos y alumnas, dichos profesionales les entregarían las orientaciones relacionadas, y en el caso de que acepten la atención, enviarán una nota de derivación a Natalia Aravena, asistente social de la DBE o a Doris Riquelme. Ellas enviarán este documento al coordinador clínico de CAPs, Marcelo Balboa; posteriormente este centro enviará un reporte mensual a la Dirección de Bienestar Estudiantil para hacer un seguimiento de la situación de los y las estudiantes atendidos, organizando un circuito de derivación. La información recabada tendrá sólo un carácter estadístico interno, manteniendo la confidencialidad del proceso terapéutico.
Otro sistema de derivación se realiza desde la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género al CAPs. Además, esta entidad es el canal para que las personas que deseen realizar una denuncia formal puedan hacerlo. Se les envía este documento a rectoría y allí se remite al decano o director de instituto, el que puede solicitar un sumario administrativo.
Este convenio, ya se encuentra operativo y los profesionales han realizado derivaciones al CAPs.
Trabajando en erradicar el acoso sexual
Carmen Andrade, directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, relata que desde esta entidad han desarrollado acciones para abordar el acoso sexual, “considerando que es una forma de violencia de género que debemos erradicar de nuestra comunidad”. En esa misma línea, han realizado talleres, coloquios, seminarios y debates orientados a visibilizar y problematizar esta temática en la Universidad.
Este trabajo derivó en una mesa de trabajo que funciona regularmente, cuyos participantes son la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la Dirección de Bienestar Estudiantil, esta oficina, la Dirección Jurídica y la FECH. Desde esta instancia han trabajado en una propuesta de política integral de acoso sexual que próximamente será presentada ante el Senado Universitario y se ha programado un curso para formar fiscales y actuarios (as) que desarrollen procesos de investigación.
“El acoso genera daños en la integridad personal y quienes lo viven requieren, en muchos casos, atención psicológica para enfrentar los efectos de las conductas de violencia. (…) Quisimos buscar alternativas dentro de la Universidad, por lo que en conjunto con la DBE establecimos las coordinaciones para llegar a suscribir este convenio”, explica Carmen Andrade.
Para Doris Riquelme, psicóloga de la DBE, la atención oportuna, el acompañamiento inicial realizado por profesionales que están capacitados y que conocen temáticas relacionadas con violencia de género, es una de las ventajas más relevantes de este convenio. “Otro beneficio que es más institucional y más simbólico para mí, tiene que ver con que la Universidad se hace cargo de la violencia que ocurre en su interior, constituyéndose en un acto reparador".
Ambas profesionales concuerdan que este convenio es un primer paso pero que aún falta mucho para ofrecer una respuesta integral a aquellas personas que han sufrido acoso u otras agresiones en la esfera de la sexualidad.