El 29 de diciembre, el órgano de gobierno triestamental de la Universidad de Chile continuó con el debate en torno a la Reforma a la Educación Superior. Entre los integrantes del Senado existen conjeturas respecto a que el proyecto presentado sufrirá modificaciones sustanciales por medio de indicaciones, no obstante el análisis se centró en las propuestas conocidas sobre gobierno universitario y financiamiento de las universidades estatales y su eventual aplicación en la Universidad de Chile.
Para ello, el área jurídica del Senado, a cargo del abogado Gustavo Fuentes Gajardo, fue encomendada para exponer una revisión del Proyecto de Ley ingresado al Congreso Nacional en el mes de julio de 2016, en los puntos que abordan dichas materias. Además, se realizó un esquema comparativo entre los órganos y funcionamientos propuestos, a la luz del Estatuto vigente de la Universidad de Chile, con el fin de establecerse algunas conclusiones de carácter jurídico.
Contenidos del proyecto de reforma a la Educación Superior en materia de financiamiento y gobernanza
Entre los elementos que destacó el análisis se halla que el proyecto de ley condiciona la entrega de financiamiento (a través de gratuidad y fondos adicionales) a una determinada forma de gobierno universitario. Este nuevo modelo, distinto al que actualmente tiene la U. de Chile, considera la existencia de un nuevo órgano denominado Consejo Directivo, que vendría a sustituir y/o compartir atribuciones con el actual Consejo Universitario y el Senado. De este modo, tendría entre sus atribuciones la aprobación del Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) y de las políticas financieras anuales y el presupuesto; conocer las cuentas periódicas del Rector/a y pronunciarse sobre ellas; autorizar la enajenación o gravámenes de activos; proponer al Presidente/a de la República la remoción del Rector/a y ordenar la ejecución de auditorías internas. Cabe considerar que el 13 de diciembre la Ministra de Educación hizo una presentación ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se planteó observaciones respecto a que las decisiones estratégicas de la Universidad, tales como el PDI, el presupuesto y la apertura de nuevas sedes, deberán ser autorizadas por el Consejo Directivo con quórum especial, que reflejen una amplia mayoría.
Al respecto, el informe jurídico concluyó que el Consejo Directivo tendrá 2 atribuciones que actualmente ejerce exclusivamente el Consejo Universitario, otras 2 exclusivas del Senado Universitario y 3 nuevas no expresadas en el actual Estatuto de la Universidad de Chile.
En cuanto a su conformación, este órgano estaría integrado por 4 representantes del Presidente/a de la República, 2 representantes de los académicos/as y 2 representantes del órgano colegiado normativo (actual Senado Universitario), además del Rector. Entre las observaciones planteadas por el Mineduc en la visita a la Comisión de Educación, se propuso que el Consejo Directivo se componga por de 9 miembros, 3 de los cuales serán nombrados por el Presidente de la República, 3 representantes del "órgano colegiado", el Rector y 2 personalidades de la región, elegidos por la Universidad.
Por otra parte, el proyecto contempla la creación de órganos de gobierno de carácter normativo al interior de las universidades del Estado. La figura se asemeja al Senado Universitario de nuestra Universidad, respecto de la función "regulatoria", sin embargo, carecería de un carácter estratégico limitándose, entre otras atribuciones, a proponer el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI), para que luego lo apruebe el Consejo Directivo.
En cuanto a los "vínculos normativos" entre financiamiento y gobernanza, el informe jurídico concluyó que no existe un fundamento expreso en el proyecto ni en el Mensaje Presidencial que justifique la necesidad de condicionamiento uno y otro ámbito.
Se precisó que esto vínculos se evidencian en el artículo 149 del Proyecto, incisos 1° y 2°, al indicarse que las Universidades podrán definir en sus Estatutos sus estructuras de gobierno interno, sin embargo deberán considerar siempre los órganos –como el Consejo Directivo-, autoridades y facultades que se establecen en los artículos de la ley referidos. Luego, el artículo 157, inciso final, plantea que para optar al financiamiento institucional de la gratuidad, las universidades del Estado deberán dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el art 149. Finalmente, en el artículo 188, inciso 2°, se establece que para acceder a los fondos adicionales destinados a la educación superior estatal las instituciones deberán dar estricto cumplimiento a las normas establecidas en el párrafo 2 título 2, artículo 149 y siguiente del proyecto de ley.
Principales críticas de los Senadores
Respecto al trasfondo del diseño de esta nueva forma de gobernanza, el Senador Claudio Gutiérrez, integrante del Grupo de Trabajo del Senado sobre la Reforma a la Educación Superior, opinó que se intenta instalar "un nuevo modelo de universidad, con dos cabezas, donde la academia tradicional queda reducida. La otra cabeza es la investigación, la producción de conocimiento", graficó. Sobre dicho ámbito de la actividad universitaria, el Senador Gutiérrez sostuvo que actualmente "ya va alcanzando el presupuesto universitario" y "necesita otro tipo de gobierno", que incluye un Consejo Directivo. "Se trata de un modelo muy funcional a la moderna idea de que el conocimiento pasa a ser un recurso económico básico en una sociedad como la de hoy día y que el conocimiento se privatiza y se comercia. Estamos hablando de patentes, farmacéuticas, proyectos de ingeniería de diferente tipo", sostuvo.
En tanto, para el Vicepresidente del Senado Universitario, Prof. Juan Carlos Letelier, "las autoridades políticas no ven la complejidad de la Universidad de Chile y su historia y no ven las inconsistencias de los mismos cuerpos legales que ellos mismos están construyendo”. Frente a ello, propuso, "hay que defenderse con todas las herramientas del derecho y de la política".
Por su parte, el Senador Eric Palma criticó que los legisladores no comprenden qué es la U. de Chile. "Una institución clave de la República, que puede ser entendida perfectamente como una institución que está amparada jurídicamente en su autonomía". En ese sentido, propuso la defensa de la institucionalidad de la Universidad de Chile, en virtud de los derechos constitucionales que esta tiene como organización intermedia.
En la misma línea, el Senador Carlos Ruiz Schneider sostuvo que con la ley presentada por el gobierno y la disposición de un Consejo Directivo "se pierde toda una tradición de cultura participativa en la Universidad", que se trunca con la dictadura, pero que se retoma a partir del movimiento universitario de los años ’90. "La Universidad de Chile, con el Estatuto que tenemos, es la única institución que había hecho un poco un camino de vuelta o un camino de retorno a esos principios de participación, con este Senado Universitario. Y eso es lo que se termina o se limita severamente con este proyecto de ley". "Estamos haciendo un camino para atrás con esta reforma", afirmó.
Para el Prof. Letelier, además de los elementos arrojados en el análisis jurídico, preocupa la falta de un marco legal regulatorio para crear "un verdadero sistema estatal de Universidades". "En efecto, sería deseable que en este proyecto de ley quedase establecido un Sistema Estatal de Universidades y Centros de Formación Técnica, que fuese útil al país, donde existiese una gran transversalidad y permitiese el movimiento de profesores, alumnos y proyectos entre las instituciones".
Trayectoria del trabajo del Senado sobre las reformas a la Educación Superior
El Senado Universitario se ha pronunciado en diversos momentos sobre los cambios a las normativas y políticas educacionales. Así lo hizo en abril de 2011, cuando fue publicado el documento Bases para una Propuesta de Institucionalidad del Sistema de Educación Superior. Más tarde, en agosto de 2015, fue dado a conocer el documento Propuesta del Senado Universitario para la Reforma a la Educación Superior, un análisis del órgano estratégico de la U. de Chile sobre los principales aspectos que debe abordar un cambio sistémico a nuestra educación terciaria.
Desde entonces, el Senado ha venido analizando sistemáticamente estas temáticas, en el seno del Grupo de Trabajo para la Reforma a la Educación Superior, creado especialmente para analizar las propuestas gubernamentales y el debate público relacionado.
Asimismo, el Senado creó un Observatorio Legislativo de la Reforma a la Educación Superior, que informa semanalmente a los integrantes de este órgano sobre el estado de la discusión parlamentaria respecto del Proyecto de Ley de la Reforma ala Educación Superior, los debates próximos y otros proyectos de ley relacionados. Los informes del Observatorio pueden descargarse aquí.
En las siguientes plenarias, el Senado continuará analizando el Proyecto de Ley sobre Educación Superior.