El 6 de marzo, la Superintendencia de Salud determinó intervenir Masvida. Son conocidas las dificultades financieras de esta isapre, así como los fallidos intentos de incorporar otros inversionistas y, más recientemente, algunas prácticas que podrían constituir delitos y que están siendo investigadas por la justicia. En este contexto, algunos parlamentarios han pedido el envío al Congreso de una ley para reformar el sistema Isapre, luego del trabajo de la última Comisión Presidencial conformada con este propósito en 2014.
La situación de Masvida ha vuelto a evidenciar los problemas del sistema Isapre (cautividad de afiliados, pre-existencias, determinación de precios de los planes, integración vertical, entre otros). Se debe agregar la segmentación por ingreso y riesgo sanitario que caracteriza al conjunto del sistema, así como el rol de re-seguro que sigue cumpliendo FONASA para quienes son excluidos de las Isapre mediante el aumento de precio de los planes cuando su riesgo de salud aumenta (adultos mayores; mujeres en edad fértil).
La crisis de Masvida puede ser también una oportunidad para abordar el problema de fondo. Las isapres no son seguros privados, sino que entidades privadas que administran un seguro social con una cotización obligatoria. Entidades privadas que administran fondos de seguridad social existen en diversos países desarrollados como Alemania, Suiza o Bélgica. En todos ellos, la cotización obligatoria de salud es reconocida como fuente pública de financiamiento, contribuyendo a este trabajadores, empleadores y Estado.
Un arreglo de seguridad social distribuye riesgos individuales en el conjunto de la sociedad y, por lo mismo, se sustenta en la obligatoriedad de todos de contribuir al financiamiento del sistema. Al hacer esto, el arreglo de seguridad social despliega su característica más definitoria: desliga el riesgo de cada individuo de su capacidad de contribución. De este modo, cada persona contribuye al financiamiento del sistema de acuerdo a sus capacidades de contribución y usa el sistema en función de sus necesidades. Se plasma así el valor de la solidaridad, expresada en que los sanos financian a los enfermos, los ricos a los pobres y los jóvenes a los viejos.
En definitiva, como país seguimos sin responder una pregunta básica: ¿las isapres son o no parte de la seguridad social en salud?. Si son parte, pueden captar la cotización obligatoria, pero no pueden discriminar por riesgos de salud de las personas. Si quieren seguir operando como seguros privados y discriminar por riesgo, la consecuencia es, entonces, que no pueden seguir captando la cotización obligatoria de seguridad social.
Ojalá que la situación de Masvida no sea una tentación hacia soluciones parciales para las isapres, sino que un incentivo para emprender el desafío de construir un arreglo de seguridad social en salud para toda la población. Esto implica que todos, de acuerdo a nuestras capacidades, contribuyamos al financiamiento de un sistema para todos y a lo largo de la vida, y no uno que solo funciona si tenemos altos ingresos y somos jóvenes y sanos.