La aprobación a la idea de legislar sobre el proyecto de Educación Superior que se discute esta semana en la Cámara enfrenta a la sociedad chilena a preguntas y dilemas importantes. En efecto, nuestro sistema de educación superior sufre de falencias muy serias. Estas falencias son notorias y conocidas tanto dentro como fuera de Chile, pero nuestra elite gobernante parece ser ciega a ellas, ya que no ha podido enderezar un camino torcido desde hace más de tres décadas.
Tal vez el error más notable es que una fracción apreciable de las nuevas universidades creadas post-1981, son instituciones meramente docentes que solo titulan personas, pero casi no hacen creación o investigación y, por lo tanto, no contribuyen realmente a cambiar el perfil de nuestra economía, nuestra cultura y sociedad o de sus propios graduados. Otras falencias, no menores, son la falta crónica de financiamiento para el correcto funcionamiento del sistema estatal de educación superior, así como también -factor gatillante de todo este momento- es el financiamiento de los estudiantes, quienes son vistos como fuentes inagotables de dinero, atendida un visión errada de la educación como bien de consumo más asimilable al retail u otros servicios masivos.
Algunas de las indicaciones que se presentarán en esta nueva fase legislativa por parte del Ejecutivo son increíblemente nocivas para tener un sistema de educación superior que sirva al país. Hay al menos dos aspectos que requieren cambios fundamentales y merecen una atención más detenida. El primero, en el Artículo Transitorio Vigésimo Octavo de la Indicación Sustitutiva, permite que las universidades no se acrediten en investigación ¡sino hasta el año 2040!... esto quiere decir, en 22 años más. Este enorme lapso es una garantía de que las universidades meramente docentes permanezcan y acrecienten la brecha entre la enseñanza y formación universitaria y su vinculación con la investigación. El referido artículo transitorio, que permitiría a las universidades esperar hasta el año 2040 para acreditarse en la crucial área de Investigación, Creación e Innovación, es una burla a los académicos de todas las universidades, pero principalmente es una burla para los cientos de jóvenes doctores que están buscando labrarse una carrera, pero que en la actualidad están viviendo una dura cesantía.
Además, es sumamente preocupante no asegurar en las indicaciones sustitutivas la derogación del Crédito con Aval del Estado (CAE). El Ministerio de Educación, a través de la Ministra Adriana Delpiano, se comprometió a discutir el financiamiento basal para el segundo semestre, lo cual resulta contradictorio, dado que desde el Gobierno aseguran que la razón para darle urgencia al proyecto que hoy se vota, es que será complicado discutir el segundo semestre, por ser un año electoral y de aprobación presupuesto. Se hace urgente, que se redestinen los cuantiosos fondos asignados al CAE al aporte basal de las universidades estatales. Sin una acción de este tipo es difícil hablar de una real reforma al sistema de educación superior.
En resumen, el SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE -único órgano universitario superior de carácter triestamental y con atribuciones normativas y estratégicas reconocidas legalmente- considera que hay fuerzas que, de manera subrepticia quieren mantener el sistema impuesto en 1981 a través de sus puntales más nocivos: la existencia de universidades solo docentes y un financiamiento de estas a través del Crédito con Aval del Estado, en desmedro del sistema estatal de educación.
La reforma que se prometió en 2013 y 2014 está muy lejos de lo que concretamente se discute actualmente en la Cámara. Por eso, si se aprueba la idea de legislar, el SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE llama al Ejecutivo y a los Parlamentarios para que trabajen en una ley que realmente sirva al país y no se contenten con un articulado que refrende la noción de “universidad docente” y de “lucro” a través de créditos avalados por el Estado.
Finalmente, lo que se está configurando - un proyecto de ley entrampado en la Cámara, su reemplazo por una indicación sustitutiva incompleta y errónea, además de separar el proyecto en una parte general y una futura ley para las universidades estatales- es una especie de tormenta perfecta para el futuro del sistema de educación superior. Puede ser que, a causa del año electoral que vivimos junto a los intereses económicos de algunos, se esté revalidando el esquema actual de educación superior, a cambio de dar algunas migajas al sistema estatal de universidades.
Santiago, 17 de abril de 2017