Como inusual y muy distinto a los del resto del mundo definió el Rector Ennio Vivaldi al sistema de Educación Superior chileno, situación que no quedaría corregida en la actual proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior, que hoy se encuentra en el Senado.
Es así como en este escenario, “las universidades estatales representan una curiosidad, pues siendo su dueño el Estado ellas son tratadas como si fueran otras universidades privadas más. En su forma actual, el proyecto hoy día hace muy poco por cambiar esta situación. En otras palabras lo que estamos diciendo es que en Chile no hay universidades estatales, o sea, la hay pero en nuestros corazones”.
Fue ante los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta, Andrés Allamand, Ignacio Walker, Jaime Quintana y Enna Von Baer, además del senador Carlos Montes, que el Rector compartió su diagnóstico y propuestas respecto a esta iniciativa que, “en su forma actual, empeora la situación de las universidades estatales”.
Esto se da porque, como detalló el Rector ante los parlamentarios, existen situaciones como la duplicidad de control y transparencia, que en la ley “no están resueltas, y permanece un doble y hasta un triple régimen de control”, a través de la fiscalización de contraloría, y de normativas como el estatuto administrativo, la ley de compras, la ley de transparencia, la ley del lobby, y la declaración de intereses y patrimonio, entre otras.
En ese marco, el Rector planteó algunas propuestas a los parlamentarios, entre ellas, que toda institución que reciba recursos públicos, ya sea a partir de becas, gratuidad o créditos con garantía estatal, entre otros mecanismos, “debiera quedar sometida a las normas de transparencia activa y pasiva de la ley 20.285”.
Respecto a la gratuidad, el Rector planteó que las normas que establezcan la pérdida de ese beneficio “solo deben aplicarse a las universidades privadas”. Sobre este tema, complementó que “en el caso de las universidades estatales corresponde establecer normas preventivas que impidan que esta situación se genere”, situación que debe quedar normada con la ley sobre universidades estatales, “bajo el principio de que el Estado cumpla su responsabilidad de proveer un educación de excelencia”.
Asimismo, planteó que hoy resulta irregular que “en Chile una universidad estatal no tenga derecho a la gratuidad si no estuviera suficientemente acreditada y tampoco tendría derecho a negarse a la gratuidad si sí estuviera lo suficientemente acreditada. Sin embargo, el dueño de una universidad privada sí tiene derechos a decidir si en Chile un joven si tiene derecho o no a acceder a la gratuidad”.
Esto, planteó Vivaldi, “se contradice con lo que se dice que los derechos son de los estudiantes y no de la institución”.
Otros de los participantes de este encuentro, que se enmarca en el ciclo de audiencias que está realizando esta comisión, fueron los rectores Aldo Valle, de la U. de Valparaíso y vicepresidente del CRUCH, Claudio Elórtegui de la U. Católica de Valparaíso, Darcy Fuenzalida de la U. Técnica Federico Santa María, y Juan Pablo Guzmán, rector Nacional de IP-CFT Santo Tomás y presidente de Vertebral.
Como finalizó el senador Ignacio Walker, “para nosotros es muy importante mantener una comunicación con los rectores para enriquecer esta propuesta”.