Según el catastro de establecimientos educacionales del Ministerio de Educación, en el período 2014-2016 se redujo en 67 el número de establecimientos particulares subvencionados, lo cual se explica por el cierre de unos 100 colegios de esta dependencia estos dos últimos años, siguiendo una trayectoria similar a la de la década anterior, y la creación de tan solo 37 colegios de este tipo.
Ello contrasta con los cerca de 200 nuevos establecimientos particulares subvencionados que se abrieron en promedio cada año entre 2000-2012. Es decir, la discusión, aprobación e implementación de la Ley de Inclusión ha sido acompañada por un proceso de cambios en la oferta de establecimientos escolares, caracterizada por la reducción en un 80 por ciento de la apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados, aunque su cierre se ha mantenido relativamente estable.
Ante este escenario, un equipo del CIAE desarrollará un modelo que identificará las zonas críticas donde faltará oferta educacional, determinando la infraestructura necesaria para mitigarlos, para que el Estado tenga herramientas de planificación y pueda suplir los déficits.
“La educación pública deberá asumir un nuevo rol que no ha cumplido desde la reforma de 1981: transformarse en el principal oferente de nuevos establecimientos educacionales en las zonas de expansión urbana. Si no, se comenzará a generar una situación deficitaria y se pondrá en peligro el acceso a la educación de muchos niños y la legitimidad de la propia reforma”, explican Patricio Rodríguez y Juan Pablo Valenzuela, investigadores del CIAE a cargo del proyecto.
Para ello, el equipo construirá un modelo territorial que considere la proyección de crecimiento de la población, considerando los permisos de edificación para viviendas otorgados y la cantidad de niños en edad escolar; y si la oferta disponible de la infraestructura pública actual es capaz de suplir la demanda producto de la expansión territorial, considerando para ello la capacidad ociosa disponible en el sector público.
“Este proyecto permitirá a los responsables de la educación pública responder preguntas claves de planificación, como dónde debiesen localizarse estos nuevos establecimientos, cuándo debiesen comenzar a funcionar y de qué tamaño pueden tener”, explican Rodríguez y Valenzuela.
El proyecto, que se adjudicó un Fonide del Ministerio de Educación, partirá en siete comunas del país (Pudahuel, Lo Prado, Renca, Estación Central, Quinta Normal, Peñalolén y San Pedro de la Paz) y permitirá generar un modelo que sea replicable en otras comunas, así como mapas interactivos que permitirán identificar territorios dentro de cada comuna respecto a potenciales requerimientos de mayor oferta educativa.