“Justicia Restaurativa: desafíos para su integración al sistema penal de adolescentes”, fue el nombre del Seminario Internacional realizado el 04 de septiembre pasado en la Casa Central de la Universidad de Chile, que fue organizado por la Facultad de Ciencias Sociales –específicamente por el proyecto de investigación "Capacitación asesoría y estudio práctico mediación penal juvenil"– y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Durante el encuentro se expusieron reflexiones y compararon experiencias para favorecer el actual proceso de reforma al sistema penal juvenil chileno, integrando la perspectiva de las víctimas de delitos y su relación con los ofensores en el contexto de la implementación de prácticas restaurativas como la mediación penal.
Ivo Aertsen, profesor del Instituto de Criminología de la Universidad de Lovaina (Bélgica) y fundador del Foro Europeo de Justicia Restaurativa (EFRJ), destacó la importancia de pensar en la participación de la víctima y el papel de la familia y la comunidad en la mediación penal, en el marco del sistema penal juvenil. “El sistema regular de justicia penal se centra principalmente en el ofensor, siendo que debe haber un buen equilibrio entre la participación de la víctima y el ofensor”, indicó.
En Europa, por ejemplo, ha habido una promoción activa de la Justicia Restaurativa desde la década de 1980, efectuando sanciones, medidas comunitarias y un movimiento de asistencia a las víctimas. Asimismo, se han creado algunos normativas internacionales importantes como la Recomendación de mediación penal de 1999 (Consejo de Europa) y la Directiva sobre víctimas de 2001 (Unión Europea).
Sobre el Proyecto de Ley chileno, Aertsen identifica algunas cuestiones o interrogantes clave: ¿Por qué está limitado a delitos menores?; ¿qué hay del rol de la comunidad?; ¿por qué excluir la violencia intrafamiliar y la violencia sexual contra menores?
Para un buen funcionamiento de las prácticas restaurativas (y la implementación de la mediación penal) se necesita una fuerte Asociación local (redes trans-seccionales), así como también la participación activa de los actores legales y la comunidad; financiamiento sostenible, capacitación y organización (se relacionan con otros servicios) y un plan de evaluación futura. En este sentido, los y las jóvenes deben ser educados(as) como ciudadanos(as).
Por su parte, Antony Pemberton, Director del Instituto Tilburg de Victimología (Holanda) presentó la ponencia "Una perspectiva victimológica sobre la justicia restaurativa y la mediación". Pemberton trabajó varios años con familias que perdieron a sus hijos(as) por homicidios. A partir de este trabajo, constató que varias personas están muy enojadas con los procedimientos de justicia penal, el apoyo a las víctimas, su entorno, y el trato hacia el delincuente.
De acuerdo a sus estudios, las personas a menudo no se contentan con el funcionamiento de la justicia penal y se puede generar una victimización secundaria. "La víctima no existe en el proceso de justicia penal. Todos(as) tenemos identidades narrativas”; refiriéndose a la idea de que vivimos nuestras historias. A través de la victimización, esta narración se rompe”, puntualizó.
En un proceso de mediación debe haber según Pemberton, primero, voluntariedad en todo momento, pues la información y la elección se deben proporcionar en diferentes momentos. Por otro lado, se requieren diferentes modalidades de Justicia Restaurativa, es decir debería haber una elección real. “La acción y la comunión son importantes para ser reconocidas”, añadió.
La psicóloga e investigadora de la Universidad de Chile y Universidad Católica, Daniela Bolívar, afirmó que un elemento fundamental en la creación del proyecto de ley hace referencia a la “mediación”. El contexto político es muy importante y la reforma al sistema penal juvenil chileno se trata más bien de una “innovación tímida”.
Algunos desafíos en el proceso de mediación penal radican en la dificultad de introducir cambios en los operadores y profesionales. También subrayó los desafíos culturales relativos a cómo visualizamos la conducta criminal, y es que se trata de un fenómono social, más allá que solo el de control.
¿Cuál es el aspecto social de la justicia?, inquirió, para ello necesitamos una justicia de calidad. Eso implica ampliar la mirada y cumplir un rol social. “Participar en un proceso penal es parte de crear una justicia de calidad, ayudando a reconstruir una relación donde se reconozca al otro en el proceso (de mediación)”, describió.
Sin embargo, algunos problemas que Bolívar detecta en la mediación son: “la oferta se desarrolla muchas veces a través del ofensor, lo que limita el acceso a víctimas de otros delitos que por ejemplo son excluidos para la mediación.
Frecuentemente, hay un enfoque inspirado en la protección, que limita también la participación”. La investigadora concluyó recalcando la importancia de ofrecer distintos modelos u opciones de justicia restaurativa.