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Académico Rolando Poblete:

"El Estado tiene todas las condiciones para lograr la integración de las personas migrantes"

"Políticas Públicas e Inmigración. ¿Posibilidades de inclusión efectiva en Chile?", es el título del libro escrito por el académico del Instituto de Asuntos Públicos, junto a las investigadoras Caterine Galaz y Carla Frías, que se presentará este lunes en la U. de Chile. Los desafíos de una nueva legislación que garantice los derechos de los extranjeros que han decidido venir a Chile -país que incluso ha negado su propio carácter multicultural-, son revisados en esta nueva publicación, desde la óptica de las políticas públicas.

Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones del 2015, 244 millones de personas en el mundo son migrantes..

Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones del 2015, 244 millones de personas en el mundo son migrantes..

"El problema está en que nosotros como sociedad, al margen de los migrantes, tenemos serios complejos para reconocernos como sujetos de derecho", planteó Poblete.

"El problema está en que nosotros como sociedad, al margen de los migrantes, tenemos serios complejos para reconocernos como sujetos de derecho", planteó Poblete.

El lanzamiento del libro, publicado por Editorial Universitaria, se realizará este lunes 11 de diciembre en Casa Central.

El lanzamiento del libro, publicado por Editorial Universitaria, se realizará este lunes 11 de diciembre en Casa Central.

Cómo garantizamos que la población chilena tenga información, resulta crucial para derribar mitos e imaginarios negativos en torno a la migración.

"Cómo garantizamos que la población chilena tenga información", resulta crucial para derribar mitos e imaginarios negativos en torno a la migración.

Los Derechos Humanos y la migración serán los tópicos que esté lunes 11 de diciembre se tomarán la Casa Central de la U. de Chile con la realización del lanzamiento del libro “Políticas Públicas e Inmigración. ¿Posibilidades de inclusión efectiva en Chile?” (Editorial Universitaria, 2017), a las 19:00 hrs; cita que se efectuará inmediatamente después del foro abierto a todo público “Nueva Ley Migratoria con enfoque en Derechos Humanos”organizado por la Cátedra de Derechos Humanos, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, y el Movimiento de Acción Migrante.

En este último, el mundo académico y de las organizaciones sociales se darán cita para participar de un encuentro con Pablo Ceriani, vicepresidente del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, a las 16:00 hrs.

La reflexión continuará con la presentación del libro escrito conjuntamente por Rolando Poblete, académico del Instituto de Asuntos Públicos; Caterine Galaz, académica de la Facultad de Ciencias Sociales; y por la Doctora en Sociología de la U. Autónoma de Barcelona, Carla Frías.

En él abordan desde distintos ángulos el tema de la migración, suministrando información respecto a la situación legislativa a nivel local, regional e internacional, y sobre los desafíos que tiene Chile en materia de las políticas públicas nacionales y locales para generar una verdadera inclusión de quienes han elegido venir a nuestro país en búsqueda de una nueva vida, ejerciendo la movilidad humana como un derecho.

Frente a la construcción de imaginarios y desinformaciones en torno a la migración, Poblete apuntó a que el temor y rechazo hacia la población migrante tiene que ver con un problema local. “El problema está en que nosotros como sociedad, al margen de los migrantes, tenemos serios complejos para reconocernos como sujetos de derecho”, situación que se puede evidenciar, “por ejemplo, en todo lo que ocurre en torno a la educación, donde hay mucha gente que dice que hay que pagarla. Entonces, creo que son discusiones pendientes a nivel nacional respecto de lo que vamos a entender por derechos, y cuáles son los que efectivamente estamos dispuestos a garantizar como sociedad, al margen de que alguien sea chileno o extranjero”.

¿Por qué en el libro hablan de “comunidad inmigrada” y no de “migrantes”?

En general hay una discusión en torno al tema respecto de cuál es el mejor concepto para referirse a la movilidad como proceso de las sociedades actuales, y nosotros optamos por éste porque tiene una mayor connotación asociada a la posibilidad de garantizar derechos. Los conceptos tradicionales como “migración” tienen un carácter más restringido. En cambio, al atribuirle a la población migrante la condición de “comunidad migrada”, eso permite una mayor mirada asociada a los derechos.

La regulación en materia migratoria en los países tiene siempre un enfoque. En Chile la legislación actual de la dictadura tiene el de la seguridad nacional. Hoy se aboga por una con enfoque de Derechos Humanos. ¿Cómo se relaciona esto último con la idea de la “gestión migratoria”?

Son cosas complementarias. Primero, creo que lo importante es referirse a la perspectiva restrictiva que existe hoy en día en torno a la migración a nivel de la legislación, y que ha obligado a que el gobierno haya enviado un proyecto de ley nuevo que está en discusión. Por otro lado, lo relevante es que hoy las legislaciones modernas –se pueden mirar los casos de Argentina y Uruguay que aparecen en el libro- dialogan con las perspectivas de derechos humanos. Esto significa que se hacen cargo de las convenciones que han ratificado y comienzan a implementarlas.

Lo importante es que nuestra legislación garantice derechos, y aquí se abre una polémica porque mucha gente dice 'pero por qué tienen que tener derechos'. Tienen que tener derechos simplemente porque son personas. Las legislaciones y las convenciones internacionales lo garantizan precisamente por el hecho de ser personas, y les permiten integrarse en las sociedades. Entonces, ese punto nos obliga a nosotros como país ver cómo podemos garantizar que los derechos humanos sean el enfoque que ilumine la legislación que se va a llevar a cabo en el país.

Lo de la gestión migratoria es complementario. Cuando hablamos de gestión nos referimos a que el Estado tome parte, parte activa, en el proceso de gestión de la migración, no en el sentido del control. Porque lo que tenemos hoy día es una mirada más controladora. Lo requerimos es un proceso que permita, por ejemplo, que exista una política pública migratoria que garantice que todos los servicios públicos van a poder entregar los mismos derechos para la población migrante, sin que eso signifique control ni restricción.

En qué posición está hoy día Chile. ¿En la de la recepción o en la de la inclusión?

Yo creo que hay visos de inclusión. No podemos negar que Chile ha tenido avances, particularmente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han podido avanzar en la línea de promover la inclusión, pero las normativas son el primer punto. Esto tiene que ver también con las actitudes de las personas, de quienes gestionan o quienes se vinculan directamente con la población migrante. Entonces, si bien avanzamos a nivel de normativa, tenemos mucho que avanzar en la manera con cómo nos vinculamos, incluso nosotros mismos, con la población migrante.

En esa línea, y según la premisa de que la inclusión no sólo está “traspasada por una lógica de la distribución socioeconómica, sino que también en el reconocimiento social”. Este reconocimiento, ¿pasa más por las instituciones y el marco que nos establecen o por la sociedad? ¿Cómo dialogan ambos planos?

La inclusión es un concepto amplio que te remite a varias cosas. Dice relación con la participación en lo económico, por el hecho de acceder a fuentes de ingresos, a trabajos decentes, –en la lógica de la OIT-, pero también dice relación con cómo tú te insertas en redes sociales y cómo generas procesos de reciprocidad y cooperación con la sociedad. Entonces, claro, los migrantes trabajan pero no siempre están integrados o incluidos en el contexto social. Entonces ahí tenemos que avanzar para dar cuenta de la amplitud del concepto de la inclusión, que es más amplio y dinámico.

¿Cuál es el rol de estos dos planos, por un lado las instituciones y por otro las personas?. ¿Cómo dialogan?

Primero lo fundamental es que el Estado tiene una responsabilidad mayor, porque tiene todas las condiciones y normativas para lograr la integración de las personas migrantes. Nosotros somos convencidos, los tres autores que escribimos esto -y por eso lo planteamos a nivel de políticas públicas-, de que el Estado tiene una primera responsabilidad en garantizar la inclusión. Eso es indiscutible.

Pero por otro lado también es importante  que nosotros como sociedad nos veamos, porque tenemos serias dificultades para relacionarnos con la diversidad, no solamente asociada a la migración. Pensemos, por ejemplo, en la diversidad sexual, población indígena, que también son marginados del acceso igualitario y equitativo de los bienes y servicios del Estado. Entonces son las dos cosas que tienen que dialogar: por un lado el Estado, que tiene un rol fundamental, pero por otro lado nosotros como sociedad.

Hay un planteamiento que no pocas veces hemos escuchado en la cotidianidad, que tiene que ver con discursos negativos respecto a que los migrantes vienen a quitar ciertos derechos. ¿Cómo explicar que no es así, considerando además su aporte, incluso tributario? Y, ¿cómo estos discursos también atentan contra la cohesión social?

La cohesión social lo que busca es derribar estas barreras que nos alejan de los otros, buscando espacios de encuentro y unidad. A mi juicio una cosa que es importantes es el acceso a la información, porque cuando conversas con las personas y les hacer ver, por ejemplo que aportan impuestos, que efectivamente contribuyen al desarrollo del país, comienzan a bajar estas barreras.

Los migrantes, en estricto rigor no vienen a quitar ningún tipo de derechos sociales, en ningún caso. Ese es un punto fundamental, cómo garantizamos que la población chilena tenga información y un elemento fundamental es poner las cosas en su justa proporción.  

Chile es uno de los países que tiene menos migración en América Latina, en comparación a Argentina, Uruguay, Venezuela y Costa Rica. Este último tiene casi un 15 por ciento de población migrante. Acá penas tenemos un 2,8, casi un 3.0 por ciento. Sin embargo, lo que tenemos es una actitud de magnificar el proceso y  la magnitud de la migración, entonces mostrar esa información es fundamental para poder hacer esas desmitificaciones. 

Respecto al actual proyecto, organizaciones de migrantes plantean que el enfoque de DDHH sólo existe a nivel declarativo. ¿Qué opina al respecto?

La presentación del proyecto en primer lugar es un avance. Uno no puede perderse en que este proyecto no significa nada y que no es ningún aporte. Primero es un aporte. Ahora, si uno lo analiza pensando en los derechos, evidentemente hay ciertas cosas que deben ser mejoradas, y por lo mismo yo creo que el proyecto es una oportunidad para discutirlo, para mejorarlo y para lograr que efectivamente salga algo mejor que lo que entró al parlamento. Porque todavía hay brechas entre lo que se propone en las convenciones internacionales y lo que esta legislación está promoviendo. Espero que con la nueva constitución del Congreso, donde habrán nuevos parlamentarios, puedan incorporar esta lógica en la discusión.

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