Convocados por el CUECh, el pasado 6 de abril los representantes de las universidades del Estado tuvieron ocasión de asistir a dos presentaciones que guiaron el debate: una sobre los mecanismos que fija la futura ley sobre educación superior en cuanto a financiamiento y aseguramiento de la calidad, expuesta por Stephanie Donoso, asesora Legal de la entidad; y otra presentación a cargo de Fernando Molina, director Jurídico de la Universidad de Chile, sobre los demás contenidos del proyecto de estatales.
Justamente, el Congreso Nacional aprobó a fines de enero el proyecto de ley sobre educación superior y el de universidades estatales; hoy, ambos proyectos se encuentran en tramitación ante el Tribunal Constitucional.
La conversación se inició en torno a la normativa que se aplicará en materia de misión, principios, gobierno universitario y coordinación de las universidades del Estado. “Encontrarnos acá y revisar esta ley que entrará en vigencia es muy importante, porque recoge los debates previos del mundo jurídico y del CUECh en cuanto a la necesidad de una ley que reconozca la particularidad de las universidades del Estado. Es una oportunidad para ver cómo desde la implementación y la práctica diaria de nuestras actuaciones podemos aportar a que los propósitos de la ley se cumplan”, expresó Fernando Molina.
Entre los elementos expuestos, se valoró por parte de los representantes la definición de un Consejo de Coordinación integrado por todos los rectores, además de los ministros de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que buscará promover la adecuada coordinación de las instituciones con una visión estratégica y de largo plazo. De igual forma, la posibilidad de aumento de matrícula, por sobre el límite del 2,7 por ciento y con gratuidad, y que a aquellas universidades que tengan menos de 4 años de acreditación, se les asegure un plan de tutoría y gratuidad vía aporte institucional.
En cuanto a la estructura del gobierno universitario, Molina explicó que las universidades con estatutos impuestos durante la dictadura, en un plazo de tres años deberán ajustarlos para cumplir con las normas comunes para todas las instituciones estatales. “En este contexto, la ley también reconoce la particularidad de las universidades que post 90 establecieron sus estatutos como fruto de los procesos de participación de sus comunidades”, señaló.
Por su parte, Stephanie Donoso se refirió a la ley sobre presupuesto del sector público que se publicó a fines del año 2017 y que contiene la regulación de los montos asignados anualmente a las universidades del Estado. Al respecto, señaló que la ley establece el "Programa 29 Fortalecimiento de la Educación Superior Pública", que contiene recursos asignados por concepto de Aporte Fiscal Directo (U. del Estado), Convenio Marco Universidades del Estado, fondo de internacionalización, fondos para Centro de Formación Técnica estatales, Fondo de desarrollo institucional, plan de fortalecimiento universidades estatales, entre otros.
En tal sentido, se valoró el incremento de $150 mil millones a $300 mil millones del Plan de Fortalecimiento a 10 años de las Universidades del Estado, que serán distribuidos entre las 18 universidades estatales. “Esto permitirá que las universidades puedan desarrollar iniciativas en crecimiento de su oferta académica o de su matrícula, fortalecimiento de la calidad académica y la formación profesional, entre otras”, detalló la asesora.
Además del Plan de Fortalecimiento, se celebró el establecimiento permanente del Aporte Institucional por parte del Estado, “que reemplazará al instrumento de financiamiento ‘Convenio Marco Universidades del Estado’, otorgando mayor flexibilidad en su rendimiento. Así, la futura ley de universidades estatales asegurará un piso mínimo de recursos equivalente a lo asignado en la ley de presupuestos del año 2016”, agregó.
Junto con valorar la conversación en torno al proyecto de ley, los participantes recordaron que en las próximas XXVIII Jornadas Jurídicas de Educación Superior, convocadas por el CRUCh y organizadas por la Universidad Católica de Temuco, también habrá oportunidad de compartir miradas en torno a los nudos críticos que se advierten, ad portas de la entrada en vigencia de la normativa que regulará al sistema de Educación Superior.