El Rector Ennio Vivaldi, junto a Carmen Andrade, a cargo de la Dirección de Igualdad de Género (DIGEN) y Fernando Molina, abogado y director jurídico de la Universidad de Chile se reunieron este lunes con la estudiante de derecho, Sofía Brito y su abogada, Javiera Toro para analizar la investigación que se llevó a cabo a partir de su denuncia por acoso sexual y laboral hacia el académico de la Facultad de Derecho y ex miembro del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona.
En el encuentro se abordaron las diferentes etapas que tuvo el proceso, analizando los protocolos utilizados para el tratamiento de este tipo de situaciones y conductas. Además, se recalcó la importancia de que este tema haya sido incluido y tipificado en la nueva Ley de Universidades del Estado, cuya ceremonia de promulgación se realizará el martes 5 de junio.
Para Sofía Brito esta fue una instancia de reconocimiento importante, puntualizando que “a pesar que al momento de denunciar no existía para mi caso una normativa que reconociera las conductas de acoso sexual entre profesores y estudiantes, hoy se reconoce por parte de la Universidad, dando cuenta que no es sólo una falta de probidad administrativa, por lo que no se minimiza la situación que viví”.
Esto porque hasta la fecha no existía una normativa para tipificar el acoso sexual de profesores a estudiantes, por lo que la única figura legal que se podía utilizar para sancionar este tipo de conductas era el incumplimiento del principio de probidad administrativa, definida como “una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular” (artículo 52, inc. 2º, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado).
En esa misma línea el Rector Ennio Vivaldi aseguró que “la base de gran parte de los problemas que hemos tenido para llevar adelante de mejor forma estos procesos son las limitaciones legales, que van a ser superadas con la nueva ley de Universidades Estatales”, agregando además que “esta rectoría considera que es su deber actuar directamente con las personas afectadas por casos como éste. La conversación de hoy nos ayuda a reafirmar la vocación de respeto por las personas y sus derechos que la Universidad de Chile y sus integrantes deben mantener siempre”.
Al finalizar el encuentro la directora de la DIGEN, Carmen Andrade, destacó que este y otros casos “representan un aprendizaje para todos y todas, para la Universidad. Todo lo que ella relata nos da fuerza para seguir mejorando los protocolos, los sistemas de atención a las víctimas, pero sobre todo para reforzar el trabajo interno, porque es un tema a nivel de cultura universitaria”.