La investigadora del Centro de Derechos Humanos (CDH), profesora Liliana Galdámez, expuso ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados para entregar su postura acerca del proyecto de reforma constitucional que "establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres".
En su presentación realizada el pasado 6 de junio, la académica dijo estar de acuerdo y celebrar la iniciativa, sin embargo advirtió que "el estado del debate, el conocimiento que se ha creado en torno a los problemas y desigualdades de género, no parecen ser suficientemente recogidos en la disposición que se propone".
La profesora Galdámez afirmó que el proyecto, al incluir un reconocimiento a la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, no parece innovar respecto del actual texto de la Constitución. No obstante, estima que la novedad podría encontrarse en el "deber del Estado de promover" dicha igualdad de derechos y dignidad. Respecto al alcance de la obligación, la docente advirtió que dos convenciones internacionales ratificadas y vigentes en Chile, la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer y la Convención Belem Do Pará, consagran deberes de mayor entidad que lo que la reforma propone.
En lo que se refiere al reconocimiento de igual dignidad y derechos entre hombres y mujeres, por otra parte, la igualación de tales derechos, que ya se entendía implícita en el texto de la Constitución, "supone precisamente que mujeres y hombres son titulares de los mismos derechos, lo que excluye la idea de un reconocimiento a ciertos derechos de las mujeres como lo son los derechos sexuales y reproductivos", añade la profesora. Así, explica que dada la naturaleza de la reforma y el hecho que a través de ella el Estado pretende asumir los desafíos que los movimientos de mujeres han puesto en evidencia, esta igualación de derechos no iría en la dirección del reconocimiento de otros derechos, que también forman parte de las demandas de las mujeres desde hace ya varios años, cuyo reconocimiento constitucional implica también asumir la necesidad de promover derechos específicos, más allá de igualarlos.
En cuanto a la segunda parte de la norma, que señala "evitando toda forma de violencia", la investigadora del CDH sugiere un concepto más activo que "evitar", como pudiera ser el de eliminar o crear condiciones que busquen la eliminación de toda forma de “violencia, abuso o discriminación”.
Al finalizar su exposición en la Comisión, la profesora Galdámez sentenció que si lo que se busca es "recoger las demandas de los movimientos sociales, de mujeres y de la diversidad, habrá de aprovecharse este momento para dar un paso concreto, real, consistente y reflexivo sobre las normas que efectivamente vayan en la dirección de superar la desigual distribución del poder en las relaciones sociales, concretamente aquellas que se fundamentan en discriminaciones por razones de género".
