Mejorar las condiciones de vida en la región y el reconocimiento, trato y preservación de los pueblos indígenas en el país. Este fue el enunciado general presentado por el Ejecutivo este lunes 24 de septiembre como parte del “Plan Impulsa Araucanía”, que deviene de uno de los cinco acuerdos nacionales propuestos al inicio del mandato de Sebastián Piñera.
El reconocimiento constitucional, una ley de cuotas, una mesa de trabajo con historiadores indígenas y no indígenas para revisar los contenidos en el sistema educativo y una inversión pública de 8 mil millones de dólares para el período 2018-2026 fueron parte de los anuncios, con un énfasis en la reactivación económica de la Región.
Para la académica del Instituto de Asuntos Públicos, Verónica Figueroa, es necesario primero contextualizar el abordaje estatal en la materia. “Al menos desde el retorno de la democracia la mayoría de las propuestas en temas indígenas han sido muy reactivas a situaciones coyunturales, y por lo tanto se han planteado pequeños avances”, dijo destacando entre ellos la promulgación de la Ley 19.253 que creó la CONADI en 1993, y el convenio 169 de la OIT suscrito por Chile en el 2008, “pero el resto son avances más bien cosméticos”.
Respecto a este anuncio, la académica señaló que en primer lugar “resulta paradójico que las medidas anunciadas por este gobierno de derecha, este gobierno conservador y liberal van un poco más en avanzada de lo que han hecho los propios gobiernos de la concertación”, a pesar de que, como opinó la académica, “no creo que este sea un avance sustantivo”.
Similar visión tuvo el profesor del INAP Felipe Agüero, para quien “hay algunos avances en la propuesta si uno piensa desde dónde viene”.
En lo que ambos académicos coinciden es que los enunciados abren un espacio a la discusión y a la lucha por “ensanchar” el margen de lo que finalmente pueda quedar plasmado en la institucionalidad, ya que, como dice la profesora Figueroa, “todavía hay que ver cuál va a ser el contenido…”.
No sólo lo económico
Para la académica, “siempre la mirada económica ha primado en las últimas décadas y esa mirada económica es la que ha sustentado muchas políticas públicas y entre ellas la de los pueblos indígenas”, y este caso no es la excepción.
“Sin duda hay una mirada económica pero también hay otra de carácter cultural, político, y social, que ha estado en las demandas de reivindicación del pueblo mapuche en particular, y de la mayoría de los pueblos indígenas en general, las que no se solucionan sólo con una mirada respecto de la pobreza”, enfatizó Figueroa.
En vista de esto último, manifestó Agüero, “hay que advertir que los indicadores de pobreza son muy altos también en zonas con alta densidad mapuche fuera de la Araucanía y entonces es extraño que sólo cubra esta y otras regiones queden fuera”.
En relación a este mismo enfoque, un componente ausente pero primordial, según la opinión del académico tiene que ver con las tierras, algo no abordado a cabalidad por el Plan, lo que “yo creo que es el problema principal de esta propuesta. Esta podría ser una pérdida de oportunidad si es que no se aborda lo que para muchos es el tema central de los problemas y la reivindicación de las comunidades que es el tema de la tierra".
¿Reconocimiento de qué?: la importancia de cómo quedará escrito
Un tema sustantivo en el marco de esta propuesta es la consulta de estas medidas que, como contextualizó la profesora Figueroa, es algo que está establecido por el Convenio 169.
Respecto al reconocimiento constitucional, manifestó la académica, “creo que un primer punto es qué se va a recoger de las propuestas de los pueblos indígenas en torno a este reconocimiento porque no basta con decir que Chile reconoce a los pueblos indígenas. Aquí lo que se aspira y ha estado en la demanda es el reconocimiento de que Chile es una plurinación, de que los pueblos indígenas no solamente son una nación, sino que tiene el carácter de pueblo y ese reconocimiento supone derechos que entrega la norma internacional como la libre determinación, la posibilidad de establecer formas de autogobierno y de representación política, por eso no es menor cómo vaya a ser esa redacción”.
Para el profesor Agüero, el reconocimiento constitucional es algo que ha vendido siendo planteado desde que se recuperó la democracia, motivo por el cual “a estas alturas hay un escepticismo tremendo respecto a la voluntad de avanzar hacia eso”. En esa línea, relevó el académico, debe quedar claro en qué consiste tal reconocimiento: “¿reconocimiento de qué?”.
Sobre la ley de cuotas, advirtió la profesora Figueroa, “esto no cambia las reglas del juego”. Por ello, planteó, “habría que discutir y avanzar un poco más en establecer escaños reservados y asegurar que lleguen candidatos y candidatas indígenas con una propuesta indígena, no con una propuesta política de un partido”.
Finalmente, en el ámbito cultural, la académica se refirió a la importancia de definir quienes estarán en las instancias propuestas por el Ejecutivo, tanto por la representatividad de estas personas, como por su idoneidad. Por ejemplo, en el caso de cómo se abordará la historia mapuche en el sistema educativo, es importante saber “a qué historiadores o historiadoras se va a convocar, qué mirada va a primar, entendiendo que los pueblos originarios existimos todavía".