Con profundo dolor y consternación hemos visto como la violencia institucional del Estado y gobierno chileno ha cobrado la vida de otro joven mapuche, no solo con total impunidad sino con fría premeditación a través de la instalación de un comando militar en la comuna de Ercilla destinado y especializado para combatir narcotraficantes y guerrillas.
Como salubristas comprometidas y comprometidos con políticas de equidad en las condiciones de vida de toda la sociedad chilena y de los grupos vulnerados en particular, no podemos dejar de manifestar nuestra conmoción e indignación por los continuos allanamiento y la muerte de Camilo Catrillanca Marin de la comunidad de Temucuicui en la comuna de Ercilla.
En primer lugar se debe recordar que Chile ha suscrito el Convenio 169 de la OIT (2007) que reconoce en la base los derechos territoriales de los pueblos indígenas; y por lo tanto debe no solo respetar este acuerdo internacional, sino ajustar sus leyes nacionales para dar cumplimiento al mismo.
En segundo lugar, en las misiones de los relatores de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas (Stavenhagen, 2003; Anaya 2009) a Chile se le ha recomendado no aplicar la categoría de terrorismo a los pueblos y grupos cuando la movilización es por derechos territoriales y luchas sociales de sobrevivencia; como en el caso Mapuche.
Hay que señalar que el Estado chileno ha sido sancionado dos veces por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por encarcelar lonkos y comuneros mapuches que han luchado por la recuperación de sus tierras sin que existan las pruebas necesarias. Es así como se ha debido implementar el Programa de Reparación de indígenas Lonko (PRI/Lonkos -MINSAL) en las comunidades de Temulemu y Didaico, así como indemnizar a la familia de Alex Lemún asesinado también por la espalda en el 2002 en una comunidad de la misma zona (CIDH, 2017).
En tercer lugar en el ámbito de la salud, la situación de exclusión y marginalidad de las comunidades mapuches se evidencia en un mayor riesgo de muerte por todas las causas y en todos los grupos etarios de acuerdo a la información epidemiológica levantada (MINSAL: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). Se suma el hecho que entre las comunidades y reducciones de Ercilla, solo una comunidad logra el índice mínimo de sobrevivencia basado en el recurso agua (CEPAL-ATM, 2012). Esto como producto directo de la expansión de las forestales que entre 1997 y 2007 aumentaron en un 40% (CEPAL-ATM 2012).
En este contexto, la lucha por la sobrevivencia del pueblo mapuche es de larga data, en particular la comunidad de Temucuicui cuyo lonko es Juan Catrillanca, abuelo de Camilo Catrillanca posee una larga historia de organización y lucha social por la recuperación de sus territorios; a la par tiene una historia de violencia institucional y política documentada desde el mismo tiempo de la radicación. Es de hecho la comunidad mapuche que más allanamientos con violencia desmedida ha sufrido, siendo sus dirigentes una y otra vez encarcelados sin juicios justos. Esta situación de violencia institucional y política ha quedado en evidencia en un estudio que muestra que el 70 % de los inculpados queda libre al año por falta de pruebas (CEPAL-ATM 2012).
Cabe señalar que en esta comunidad, las fuerzas especiales de la policía mantuvieron un enclave dentro de la misma por casi una década (Caso Urban), resguardando un pequeño predio de un particular que finalmente recuperaron (CONADI, 2016).
Los comuneros de Temucuicui son los valientes guerreros araucanos de los cuales nos habla el poema de Ercilla que aprendimos todos los chilenos en la Escuela, ellos y ellas continúan su misma lucha, la diferencia es que ahora están empobrecidos, sin tierras, sin agua, y desde la mirada del Estado y gobierno se categorizan como violentos, terroristas y delincuentes.
Como comunidad Escuela de Salud Pública, frente a estos hechos y declaraciones de diversas autoridades de gobierno queremos manifestar que:
- La muerte de Camilo Catrillanca expresa en última instancia la ausencia de protección de la vida en los territorios y comunidades mapuches, donde el Estado se transforma en el principal agresor. Militarizar un territorio y la vida de su pueblo, no es preventivo como se ha señalado, bajo ningún punto de vista, y solo muestra la discriminación y violencia institucional ejercida de manera permanente.
- Desde la salud pública la prevención fortalece la paz, la calidad de vida, la salud y el buen vivir. Exigimos que el gobierno se haga cargo de que tras su declaración de estrategia “preventiva” se esconde una política de estigmatización, exclusión y agresión sobre las comunidades mapuches que se articula al despojo histórico de este pueblo.
- No concebimos un desarrollo donde se excluye a comunidades en su diversidad, un desarrollo que no se hace cargo de su historia y su cultura. Los ciudadanos y ciudadanas chilenos/as esperan que su Estado respete los compromisos en los acuerdos internacionales que implican garantías constitucionales para todos y todas sin discriminación.
- Rechazamos con mucha fuerza el ejercicio de violencia por sobre la búsqueda de acuerdos y el diálogo, encima del respeto a la vida y los derechos humanos, a la par de la criminalización y exclusión sostenida de las voces e intereses del pueblo mapuche en el debate nacional.
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA
DR. SALVADOR ALLENDE G.
UNIVERSIDAD DE CHILE
Publicado el viernes 16 de noviembre