Como profesoras y profesores del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, queremos comunicar nuestra consternación y preocupación por el asesinato de Camilo Catrillanca, ocurrido el día 14 de noviembre, así como por las reacciones de las autoridades ante este hecho.
La muerte de Camilo Catrillanca viene a sumarse a la triste serie de víctimas mapuche de la represión policial como Alex Lemún 2002, Matías Catrileo 2008 o Jaime Mendoza Collio 2009. En todos estos casos se demostró la falsedad de las versiones con que carabineros explicó los hechos en un principio, lo que exige de parte del gobierno y las autoridades un mínimo de precaución antes de declarar su apoyo incondicional al actuar de carabineros y prescindir para ello de las investigaciones pertinentes.
Por otra parte, estas mismas autoridades han intentado disociar la muerte de Catrillanca del problema político mayor referido a la relación del Estado con el pueblo mapuche, mediante su contextualización en el marco de un operativo policial gatillado por un delito común. Pero al mismo tiempo han reconocido que en dicho operativo participaron elementos del Comando Jungla, unidad policial militarizada especialmente preparada para realizar trabajo de represión y contrainsurgencia en territorios mapuche. De esta forma dejan en evidencia el que pese a que se lo trata como un delito común, el hecho de que se dé en territorio mapuche, lo vuelve objeto de medidas policiales y militares excepcionales. En este sentido la lamentable muerte de Camilo Catrillanca, lejos de remitir a un hecho aislado y excepcional, es la expresión más aguda de un proceso de intervención policial cotidiana de esos territorios, asociada a dosis variables de violencia contra la población, las que han dejado incluso a menores de edad heridos de gravedad, como en el caso de Brandon Hernández Huentecol.
Resulta así paradójico el que la mantención del estado de derecho, funcione como la justificación final de este ejercicio cotidiano y excesivo de violencia policial en la zona. No basta con decretar la paz, esta debe construirse mediante negociaciones y gestos políticos, que, por un lado vayan más allá de la recurrente reducción de la demanda mapuche a una cuestión de acceso a recursos económicos, y que por otro lado dejen de traducir las demandas y conflictos a los códigos policiales de la criminalización.
Por último, consideramos que la paz requiere como primera condición, que el Estado se haga cargo de los costos históricos, políticos y humanos que esta militarización policial de los territorios mapuche está implicando.