“La Universidad de Chile ha vivido, en el pasado mes de febrero, uno de los momentos más críticos y dolorosos de su ya larga historia, a raíz de la insólita iniciativa gubernamental de expulsar del país a 14 catedráticos argentinos que servían en diversas Facultades de la Corporación”. Así comenzaba el texto de un proyecto de declaración del Consejo Universitario, elaborado por Álvaro Bunster, Secretario General de la Corporación, que fue publicado en 1969 en los Anales de la Universidad de Chile (1).
La historia había comenzado un par de años antes, cuando en julio de 1966 una dictadura militar en Argentina, encabezada por el general Juan Carlos Onganía, intervino la Universidad de Buenos Aires. El violento desalojo de los edificios universitarios ocupados por profesores y estudiantes en protesta por la supresión de la autonomía universitaria, derivó en masivas renuncias de profesores y en una diáspora de científicos que se repartieron por el mundo.
La solidaridad internacional no se hizo esperar, y en ese marco se inscriben “los acuerdos de Montevideo” según los cuales la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad de San Marcos de Lima y la Universidad de Chile se comprometieron a apoyar a académicos y académicas argentinos expulsados o renunciados, ofreciéndoles oportunidades de trabajo.
Por iniciativa del Ministro de Educación, Juan Gómez Millas, y del Rector de la Universidad de Chile, Eugenio González, entre agosto de 1966 y enero de 1967 llegaron al país cerca de 70 profesores y profesoras, los que fueron financiados durante los primeros meses a través de un aporte de la Fundación Ford. Se instalaron en la Universidad de Chile, en la Universidad Técnica del Estado y en dependencias del Ministerio de Educación.
Quienes llegaron a nuestra universidad fueron acogidos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (27), en la Facultad de Química y Farmacia (6), en la Facultad de Ciencias (5) y en la Estación de Biología Marina (2).
La FCFM albergó a profesores argentinos en los departamentos de Física, Química, Geofísica y Geología.
Departamento de Física
Carlos Abeledo Jiménez; Enrique Anda Ruiz; Francisco Criscuolo Orsiani; María del Pilar Castro Taverna; Carlos Grahman Knoll; Sara Gavanovich Wolansky; Margarita Gorfinkiel Gora; Norberto Majlis Apfelbaum; Naum Fraidenraich Goldeztein; Zulema Gampel Sosnik; Oscar Roitman Zoireff; Mario Weber Cataldo
Departamento de Química
Silvia Braskavsky Perelstein; Eduardo Choren Lanesi; Julio Krasuk Schmunis; Jorge Macfarlane Valsecchi; Florencio Plachco Markach; Carlos Previtali Ratto
Departamento de Geología
Félix González-Bonorino Haurou; Amilcar Herrera Masotti; Arístides Romero Picco.
Departamento de Geofísica (Sección Meteorología)
Susana Epstein Blaschke; Isabel González Fabián; Juan Carlos Jusem Siricman; Rubén Norscini Bongiorno; María Elena Saluzzi Poghettini; Silvia Selzer Helman De Izq. a Der.: Susana Epstein, Rubén Norscini, María Elena Saluzzi, Juan Carlos Jusem e Isabel González. Académicos(as) del área meteorología, en el Departamento de Geofísica.
El apoyo gubernamental a la incorporación de los profesores argentinos se mantuvo hasta enero de 1969, cuando el Ministerio de Educación informó abruptamente a la Universidad de Chile que por razones presupuestarias no podría mantener su financiamiento. La situación se agravó en febrero de ese año, con acontecimientos que quedaron descritos en los Anales de la Universidad de Chile publicado en 1969 (1), los cuales se presentan en forma resumida. Es así como, sin ninguna explicación oficial, el 21 de febrero de 1968 se publicó en el Diario Oficial una resolución de la Subsecretaría del Interior, según la cual 14 de los profesores argentinos acogidos en Chile como parte de los acuerdos de Montevideo, incluyendo los profesores Abeledo, Criscuolo, Choren, Herrera, Macfarlane, Majlis, Fraidenraich y Romero que trabajaban en la FCFM, debían abandonar el país en forma voluntaria en un plazo de 72 horas, arriesgando una expulsión en caso de no acatar esta disposición. Las consideraciones tenidas en cuenta en la resolución mencionada permitían inferir que el Gobierno consideraba que estas personas habrían realizado actos contrarios a los intereses de Chile o que constituyen un peligro para el Estado.
Convocado de urgencia, el Consejo Universitario emitió una declaración exigiendo “los fundamentos que justificaran una acción que tan gravemente afectaba a nuestra tradición de respeto a los derechos civiles”. En señal de rechazo a la decisión gubernamental, once de los profesores sobre quienes pesaba una orden de expulsión, junto a algunos de sus colegas y a un grupo de integrantes de la comunidad universitaria, se refugiaron en la sede de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales ubicada en la calle Compañía. La situación alcanzó la máxima tensión el lunes 24 de febrero, al cumplirse el plazo de 72 horas otorgado para proceder a la expulsión.
El Consejo Universitario, que sesionó en forma extraordinaria en la tarde de ese día, solicitó al Rector y al Secretario General que recabaran directamente del Presidente de la República información sobre las razones que justificaban una medida tan extrema. En la reunión, que para esos efectos se llevó a cabo en la noche del 24 de febrero, el Presidente Eduardo Frei le comunicó al Rector que informes de diverso origen le obligaban a mantener irrevocablemente las medidas adoptadas, en resguardo preventivo de la seguridad nacional.
En una nueva sesión convocada en la madrugada del día 25, el Consejo Universitario fue informado que el edificio donde se encontraban refugiados los profesores argentinos se encontraba rodeado por una numerosa fuerza policial. Informado de los alcances de la reunión que el Rector y el Secretario General habían sostenido con el Presidente de la República, el Consejo apoyó mayoritariamente una propuesta del Rector en el sentido que dadas las circunstancias y con el propósito de evitar mayores perjuicios a los profesores argentinos amenazados de expulsión, era recomendable que éstos pudieran abandonar el país en condiciones honorables.
El acuerdo que se alcanzó con el Ministro del Interior incluía las siguientes medidas: a) retiro de la fuerza policial que rodeaba el edificio universitario donde se encontraban refugiados los profesores e integrantes de la comunidad universitaria que los apoyaba; b) compromiso de los profesores sujetos a la medida de expulsión de abandonar el país antes del 8 de marzo de 1968; c) derogación del decreto de expulsión. El gobierno no cumplió las bases del acuerdo convenido lo que provocó que el 25 de febrero el Consejo Universitario emitiera una enérgica protesta pública.
Como reacción a esta inentendible acción gubernamental, y que afectó gravemente la autonomía de la Universidad de Chile, la gran mayoría de los profesores y profesoras argentinos que llegaron a nuestro país en busca de una alternativa académica, luego de la traumática experiencia vivida como resultado de la intervención militar en la Universidad de Buenos Aires en julio de 1966, abandonaron nuestro país en solidaridad con sus colegas que fueron objeto de una medida extrema, cuyos antecedentes y justificación nunca han sido suficientemente aclarados.
Nota: en una versión anterior de esta columna se indicó erróneamente que los acontecimientos relatados ocurrieron en febrero de 1968.
(1) Proyecto de declaración del Consejo Universitario a propósito de la expulsión del país de 14 profesores argentinos, elaborado por el Secretario General. Anales de la Universidad de Chile. Núm. 147 (1968): año 126, jul.-sep., serie 4, pp- 225 – 232.