El pasado 2 de enero el Tribunal Constitucional acogió a trámite y declaró admisible un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de 67 diputados de "Chile Vamos", que entre otras cosas apuntaba a dos glosas del Presupuesto 2019 del Ministerio de Educación, relativos al Fondo Solidario del Crédito Universitario.
En específico los parlamentarios cuestionaron la constitucionalidad de que las universidades del Estado pudieran reinvertir este año el 30 por ciento de los excedentes acumulados en ese crédito a infraestructura, alegando que vulneraría la Ley de Presupuesto y la iniciativa del Presidente de la República para que se entreguen recursos a los estudiantes, dañando en su opinión la igualdad ante la ley.
Ante ello las universidades del CUECh, representadas por el Rector Ennio Vivaldi -quien fue acompañado por el vicepresidente del CRUCH, rector Aldo Valle-, presentaron junto a la senadora Yasna Provoste un "téngase en consideración" preparado por un equipo liderado por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, ante el mismo tribunal, con el objetivo de descartar los argumentos presentados por los diputados oficialistas.
El Rector Vivaldi aseguró en la ocasión que "se me hace muy difícil de entender este requerimiento. Yo le pido a los parlamentarios que reconsideren ya que de no ser así, no veo cómo vamos a poder compatibiizar la situación legal que conlleva la gratuidad con la situación presupuestaria", en particular debido al déficit que deberían enfrentar estas instituciones.
La máxima autoridad de nuestro plantel aseguró que "hubiera esperado que el gobierno agradeciera la capacidad de solución de problemas que ha mostrado el conjunto de rectores con esta propuesta, que no daña a nadie y permite que las universidades sigan funcionando y atendiendo a los estudiantes más vulnerables", en particular teniendo en cuenta la situación de precariedad en la que deben subsistir algunos de estos planteles.
"Espero que podamos seguir una relación constructiva con el Ministerio de Educación y los parlamentarios, y que se entienda que esta es una fórmula para permitir la subsistencia de la gratuidad para los estudiantes con pocos recursos, y que el presupuesto de las universidades no las lleve a la quiebra", agregó Vivaldi.
En la misma línea la senadora Yasna Provoste explicó que la indicación presentada en la Ley de Presupuesto 2019 busca dar flexibilidad sólo por 2019 a las universidades del CUECh, algo que calificó como "claramente admisible dentro de las facultades que tiene el Parlamento, pero como ya es frecuente, cuando la derecha pierde una discusión democrática concurre a este espacio".
Junto con ello la senadora lamentó que el TC rechazara las solicitudes de audiencias presentadas por distintas organizaciones para expresar sus puntos de vista respecto a este tema, y remarcó que estos recursos "le pertenecen a las universidades. Durante años muchas universidades han contribuido con recursos propios a estos fondos y lo que busca esta indicación es permitir durante este 2019 flexibilizar su uso".
En la jornada presentaron sus alegatos el abogado Víctor Manuel Avilés, en representación de los diputados requirentes; Francisco Zúñiga, por el Presidente del Senado; Julio Pallavicini, por la Presidenta de la Cámara de Diputados y Sebastián Soto en representación del Presidente de la República.
Los argumentos de las universidades del CUECh apuntaron a que al contrario de lo presentado por los parlamentarios de Chile Vamos, el mensaje del proyecto de Ley de Presupuestos contempla entre sus ideas matrices el aumento de los beneficios del Fondo Solidario; que ningún precepto de la Constitución prohíbe a través de la Ley de Presupuesto que se altere el contenido de otra ley permanente; que el ejercicio de invertir o reinvertir los recursos del Fondo Solidario está entregado a las Universidades por lo que no corresponde a la función administrativa del Estado; y que no se genera una discriminación arbitraria a través de esta glosa, ya que el que una política pública beneficie en un primer momento a un grupo específico no excluye que con posterioridad se extienda ese beneficio, tal como ha sido el caso de anteriores políticas públicas.