La nueva Ley de Educación superior contempla una Agencia de Aseguramiento de la Calidad distinta a la que hemos heredado. De partida la acreditación institucional será obligatoria para todas las casas de estudios de educación superior (antes era voluntaria para las autónomas). La acreditación de todos los programas de post grado deberá ser realizada solo por la CNA (Comisión Nacional de Acreditación) lo que disminuye el rol de las agencias privadas. Las instituciones no acreditadas -como es el caso de algunas universidades privadas- no podrán impartir nuevas carreras o programas, ni aumentar vacantes y, eventualmente, podrían ser cerradas. En el 2020 todas las universidades deberán estar acreditadas. En cuanto a carreras que obligatoriamente deben acreditarse con la CNA, además de las pedagogías, se suman ahora carreras médicas y odontológicas. Se está estudiando también un instructivo respecto a la publicidad en torno a la acreditación (publicidad que hasta ahora ha sido bastante equívoca). Finalmente, los 10 Comisionados de la nueva Agencia de Aseguramiento deberán ser seleccionados por el Servicio de Alta Dirección Pública y ratificados por el Senado e incluso por la Presidencia (proceso actualmente en curso).
Son cambios que debieran llevarnos a reflexionar sobre lo que ha sido la CNA en el pasado, con sus logros y deficiencias, una reflexión necesaria en la perspectiva de una nueva etapa. A fin de cuentas se trata de una institución que tendrá responsabilidades sobre la calidad de la educación superior y técnico profesional de más de un millón doscientos sesenta mil jóvenes
Revisando el pasado
La primera etapa corresponde a la CNAP (Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado) creada en 1999, que se prolongó hasta el 2006. Fue un período de instalación de normas y procedimientos tanto respecto a la propia agencia como a las agencias privadas de acreditación y a los requisitos que debían cumplir para ser autorizadas. Es una etapa en que se planifica y se extiende la acreditación a los postgrados. Desde un punto de vista de logros esta primera etapa tiene la virtud de que en los establecimientos de educación superior se instalan procesos de autoevaluación y de reflexión sobre sus realidades, práctica que se mantiene hasta el día de hoy y que redunda en un registro de información actualizada en todos los niveles, registro que en ocasiones era bastante incompleto.
La CNAP será reemplazada en el 2006 por la CNA (Comisión Nacional de Acreditación), en esta nueva etapa se autorizan 8 agencias privadas de acreditación. Hay que distinguir dos períodos uno que va desde el 2006 hasta el año 2012, etapa en que se detectaron conflictos de interés en la CNA de extrema gravedad, que incluso llevaron a la cárcel a su presidente, situación que puso en evidencia la falta de regulación del sistema. Con respecto a las agencias privadas se dio una situación de sillas musicales en que ex altos personeros de una u otra universidad terminaban teniendo responsabilidades en las agencias que acreditaban a las instituciones en que ejercían cargos con anterioridad. Se hizo también evidente una situación de clientelismo en que algunas agencias buscaban quedar bien con las instituciones que acreditaban para que se volviera a recurrir a ellas.
Los procesos de acreditación -aunque varios fueron seriamente realizados- se contaminaron con una CNA que olía mal. A partir del 2012 se inicia entonces una segunda etapa, marcada por la necesidad de limpiar la imagen y recuperar la confianza y la garantía pública en sus procedimientos. Primo en consecuencia el propósito de basarse en indicadores objetivos, en números, y en una filosofía del check list y de estándares rígidos, la que ha primado hasta el día de hoy. Si bien la agencia ha recuperado su imagen, por otro lado ha generado una filosofía de auditoría contable con un trasfondo positivista, que implica la suposición que todas los establecimientos o proyectos de educación superior son o debieran ser iguales, y que la calidad obedece a un solo patrón, objetivable en números, desconociendo las variables y la complejidad de lo que se entiende por tal. Una filosofía acreditadora que supone que los criterios con que el Estado mide las universidades deben ser idénticos para todas, sin considerar las realidades propias de cada una; que mira más bien hacia el pasado que hacia el futuro y que ha sido percibida –como lo evidencian algunos artículos de prensa- como una actitud eminentemente punitiva. Lo que se advierte es el paso creciente de indicadores a estándares, entendiendo estos últimos como normas expresadas numéricamente que sirven para emitir un juicio y en consecuencia decidir sobre años de acreditación.
La nueva CNA
Limpiada la imagen de corrupción que caracterizó a la etapa final del período anterior, la conformación de una nueva CNA (Ley de Educación Superior 2018), da ocasión para reflexionar sobre el futuro de la Agencia. Hay en este plano varias consideraciones necesarias:
El concepto de calidad es un concepto complejo que no puede convertirse en números ni medirse por un solo rasero, o por la satisfacción de determinados estándares. ¿Qué es calidad en una facultad de artes o de humanidades? ¿Se las puede acaso mirar a estas unidades con los mismos parámetros con que se evalúa una facultad de ingeniería? Aparece como un desafío atender a los fines propios de la unidad o a la carrera que se está evaluando sin imponer raseros provenientes de las ciencias duras o exactas. La diversidad de universidades -complejas, pedagógicas, regionales, públicas- y de disciplinas, hace necesario considerar la especificidad de las mismas y sus fines propios.
Por ejemplo en una Universidad eminentemente pedagógica, como la Universidad Cardenal Silva Henríquez, habrá que mirar las innovaciones en la docencia y en las metodologías de enseñanza. Tratándose de un establecimiento en que los académicos deben hacer hasta 8 cursos anuales no se puede evaluar la investigación con los mismos criterios que se evalúa en una universidad compleja en que la carga docente es mucho menor.
Criterios de inclusividad, de políticas de género y de colaboración con otras universidades también debieran considerarse al evaluar la calidad institucional. Por otra parte, a nivel micro, si en un determinado programa hay índices de graduación insatisfactorios y ello se expresa en números, habrá que tener en cuenta las propuestas remediales que se están tomando para ir solucionando esos números. El parámetro de publicación de papers en revistas indexadas está ahí, pero no basta: el día de mañana es probable que médicos publiquen artículos en un boletín del Instituto de Salud Pública o en una revista del Minsal -no indexada- pero que para quienes tienen incidencia en políticas de salud resultan tanto o más relevante que una publicación estrictamente académica.
Actualmente en los procesos de evaluación la o él ministro de fé de la CNA que acompaña al proceso suele señalar que el informe de los evaluadores es uno de los factores a considerar, pero que no es necesariamente decisivo, sino uno entre otros. El sistema debiera –para ser justo- darle mayor importancia a los informes de los pares evaluadores que son quienes además de tomar contacto con los números y los documentos de autoevaluación, también se encuentran con la sustancia viva de aquello que se está evaluando: profesores, alumnos actuales y graduados, tesis, comités académicos, dependencias, bibliotecas, infraestructura etc.
Hace poco tiempo me toco evaluar por encargo de la CNA dos programas de doctorado -uno en la región metropolitana y otro en Valdivia- ambos habían logrado mejoras considerables y objetivas en relación a la acreditación anterior, proceso en que se les había otorgado 5 años. Sin embargo, a pesar de informes muy positivos de ambos evaluadores, constatando mejoras se les bajo a tres años de acreditación. ¿Qué justificó este castigo? Seguramente algunos números que no cumplían plenamente con los estándares fijados por la CNA. El fetichismo del número no debiera sustituir el análisis profundo y razonado con criterios pertinentes al área en evaluación. En el campo de las humanidades los ensayos y el libro son a veces tanto o más importantes que un paper en una revista indexada.
Se hace necesario -por el rol que deberán desempeñar en esta nueva etapa- tener un perfil más fino de los evaluadores, sobre todo cuando se vinculan a temas en debate: modelos pedagógicos, corrientes filosóficas, bioética, pueblos originarios etc., con el propósito de asegurar -en la medida de lo posible- un desempeño imparcial y la no injerencia en la evaluación y en el proceso de acreditación de prejuicios o posturas ideológicas.
Considerando que cada acreditación puede llegar a costar alrededor de 8 millones de pesos debe revisarse un costo más adecuado, sobre todo ahora que el número de acreditaciones que atenderá la Comisión aumentará considerablemente, en condiciones de un mercado cautivo. Piénsese por ejemplo lo que ello significa en términos de presupuesto para una Universidad Compleja como la Universidad de Chile, que tiene 213 programas de pregrado y postgrado más 81 programas de especialidades en el área de la salud.
Por último para quienes hemos conocido de cerca el proceso en curso de nombramiento de los nuevos comisionados, resulta triste comprobar que el Consejo de Alta Dirección Pública, conformado por 5 integrantes, está políticamente cuoteado entre la ex nueva mayoría y la derecha, lo que resulta contradictorio con una institucionalidad cuyo propósito fundamental es la modernización del Estado.
En síntesis evaluar los establecimientos de educación superior a nivel macro y micro con raseros únicos y con exigencias estandarizadas debe ser reexaminado. Una institución que acredita necesita también acreditarse en su público objetivo, y el modelo de una auditoría contable no parece la vía adecuada, por cierto tampoco se trata de postular una CNA con “corazón de abuelita”, sino una que tenga en cuenta las complejidades que implica el concepto de calidad y la diversidad de instituciones, carreras y disciplinas que existen en el sistema.