La ley 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, entre otras cosas, resguarda la divulgación de información financiera, es decir, prohíbe que se comunique cualquier información sobre deudas por servicios básicos (agua potable, luz, electricidad, entre otros) o que éstas sean incluidas en el Boletín Comercial. Actualmente, la Comisión de Educación del Senado, presidida por la senadora Yasna Provoste, discute en general una modificación a esta norma que incluiría las deudas, para sí o para terceros, en materia de educación.
"La educación es un derecho tiene que inscribirse en este camino que el parlamento ha tomado al impedir como los servicios de gas, agua, luz, entre otros, se den a conocer en el Boletín Comercial", expuso la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, planteando que ya existe un antecedente en la materia, cuando se prohibió que los deudores del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) estuvieran en este registro.
El Rector Ennio Vivaldi, participó este lunes 11 de marzo de la Comisión de Educación representando la posición de Consorcio de Universidades del Estado DE Chile (Cuech), mostrándose a favor de la iniciativa a partir de antecedentes como los altos aranceles de las universidades chilenas, las tasas de titulación en educación superior y el aumento sostenido de los préstamos estudiantiles y del endeudamiento en esta materia en los últimos 10 años.
"Ha habido una cierta tentación de mostrar resultados esplendorosos como una enorme cantidad de la población accediendo a educación superior, pero en Chile se descuida el concepto de calidad en este sistema. En la práctica no se está entregando lo que se promete, que es uno de los peores engaños que se le puede hacer a una familia: endeudarlos muchas veces por la mitad de su sueldo por una educación que no va a ser de calidad. Ha habido una ligereza en la forma en como se ha ofrecido el acceso a la universidad", aseguró el Rector Vivaldi.
Sin embargo, el Rector Vivaldi planteó que, aunque esta medida va en la dirección correcta, no soluciona el problema de fondo, que es el mecanismo de financiamiento de la educación superior en Chile, asegurando que es "incomprensible que el Estado financie a sus propias universidades con la lógica de voucher", agregando que "el financiamiento de las universidades del Estado debe consistir en aportes directos, asignados por criterios bien definidos y coherentes: desempeño, pertinencia y metas sinérgicas con las de las instituciones sectoriales públicas a nivel estatal y regional", finalizó.