Luego de años de trabajo, que incluyen la difusión y posicionamiento social para la desnaturalización de la violencia sexual en la vía pública, y la presentación de una moción parlamentaria, ambas líneas de trabajo desplegadas por el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), Chile está ad portas de promulgar la “Ley de Respeto Callejero”.
Aprobado por unanimidad, el proyecto que sanciona el acoso en la vía pública –presentado en mayo del 2015-, incluye sanciones que van desde multas hasta penas de presidio. La Ley del Respeto Callejero consta de 3 artículos que modifican el Código Penal.
“Que se haya logrado tocar la cultura y el sentido común, es lo más valioso”, señaló María Francisca Valenzuela, fundadora del OCAC y Socióloga de la U. de Chile, para quien en “un periodo de 5 años, el acoso sexual callejero se visibilizó como una forma de violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país, y se posicionó a nivel mediático y en la discusión más común y corriente como un tema importante y como una manifestación de violencia que se dejó de normalizar”.
Para Carolina González, directora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CEGECAL), lo que hace esta ley es “visibilizar un tipo de violencia sexual porque el acoso callejero no estaba tipificado, entonces ha salido de ese registro para ser tipificado y comprendido como parte de las violencias sexuales”.
Esta ley, agregó Barbara Sepúlveda, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) y egresada de la Casa de Bello, constituye “un reconocimiento de esa violencia que hasta hace pocos años era considerada como algo cultural, como algo pintoresco, y que bien sabemos no es una violencia nueva”, lo cual, agregó, es una señal que va más allá porque “cuando hablamos de violencia contra las mujeres hablamos de vida o muerte, y eso se evidencia todos los días”.
Más allá de lo punitivo
Como aclaró María Francisca Valenzuela, el objetivo de esta medida “no es meter al mundo preso”, sino que “avanzar en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a tener la posibilidad de exigir ese derecho”.
Para Carolina González este punto es central, en cuanto estamos ante un “cambio conceptual, cultural y normativo, sobre el que es de esperar que no se quede sólo en una norma o en lo punitivo. Es esperable que haya otros cambios asociados a esta trayectoria que ha tenido esta ley”.
Es por ello que como agregó la fundadora del OCAC, el foco “ha estado en educar, en cambiar el sentido común, en ver que la violencia contra las mujeres y las niñas se cambia desde el día a día, desde lo cotidiano”.
Es en ese sentido que la prevención es referida como una de las medidas para combatir este tipo de comportamientos, pero, ¿cómo actuar desde las políticas públicas? Para María Francisca Valenzuela, es “fundamental el compromiso interinstitucional para elaborar buenas campañas de formación, para que se genere un compromiso social de rechazo al ejercicio de estas prácticas”.
Para ello, agregó, “se debe exigir la elaboración de buenas políticas públicas de funcionamiento masivo, no solamente el funcionamiento de la ley”, las cuales están en la cancha del Ejecutivo, en cuanto requieren de presupuesto y voluntad política a partir de la institucionalidad pertinente.
“No hay manera de erradicar este comportamiento delictivo sino le inyectamos los recursos suficientes a la prevención, especialmente a la erradicación temprana”, complementó la presidenta de ABOFEM. En esa línea, agregó la directora del CEGECAL, “la educación sería fundamental”, ya que, según su visión, “no se saca nada con tener una ley que no esté articulada con un proyecto mayor que apunte, por ejemplo a qué implica una educación no sexista o una educación feminista”.
En este sentido, Barbara Sepúlveda agregó otro elemento fundamental: los datos. “Cómo podríamos pedirle a la Subsecretaría de Prevención del Delito que actúe para prevenir determinadas violencias si ellos ni siquiera lo pueden medir”, se preguntó, agregando que en el caso de la violencia sexual en la vía pública, estudios realizados por el OCAC, “dan cuenta de que estas agresiones son más frecuente aún que los denominados lanzazos y esto es evidentemente preocupante porque estamos entonces ante uno de los delitos más frecuentes en Chile”.
Es así como, “si se saca el fenómeno de la cifra oculta, podemos proyectar políticas públicas para prevenir. Hoy la pelota está en el Ejecutivo”.
Capacitación a policías
En lo que respecta a la pronta aplicación de la Ley de Respeto Callejero, advirtió María Francisca Valenzuela, uno de los puntos clave va a ser “la sensibilización en temas de género en todos los actores involucrados”.
Para que esta ley tenga una aplicación efectiva, agregó Barbara Sepúlveda, “el gobierno debe poner los recursos para la capacitación de los agentes del Estado que reciben las denuncias”. Actualmente, planteó, los receptores de denuncias muchas veces “terminan cuestionando la calidad de víctimas, en términos de, por ejemplo, cuestionar por qué andaba caminando a tal o cual hora, dejando en claro que hay un sesgo de género para abordar las denuncias”.
“Las claves para detener cualquier manifestación de violencia, no sólo con el acoso callejero, tiene que ver con no generar doble victimización, con siempre recibir las denuncias, con generar buenos canales de comunicación para entender qué denunciar -que es un trabajo que hace el OCAC- y con cuáles son los procedimientos”, concluyó María Francisca Valenzuela.