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Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios

Columna del Prof. Juan Cortés, Vicerrector VAEC

El rol del Estado y sus instituciones en la salud mental universitaria

Al abrirse la discusión pública sobre Salud Mental y especialmente hacia aquella que incide en el ámbito universitario, cualquier análisis debiera iniciarse considerando dos elementos concurrentes: El derecho a la educación y las obligaciones éticas que de este derecho se desprenden.

Prof. Juan Cortés, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios

Prof. Juan Cortés, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios

El derecho a la educación implica la obligación del Estado para con la sociedad en su conjunto, garantizando los medios para que los titulares del derecho puedan, efectivamente, ejercerlo. En el caso de la Educación Superior, la provisión pública en el país se inicia con la creación de la Universidad de Chile en 1842. A partir de su fundación, el Estado se compromete a asegurar las condiciones materiales para su necesario mantenimiento, promoviendo el acceso, permanencia y egreso de las sucesivas cohortes, trabajando al mismo tiempo para que este proceso redunde tanto en el desarrollo material y espiritual de nuestra nación como en las expectativas de movilidad social y mejoramiento de la calidad de vida de quienes participan en este esfuerzo.

En este sentido, el reconocimiento por parte del Estado de la Salud Estudiantil como una garantía explícita resulta prioritario, reconociendo la condición de sujetos de derechos que poseen las y los estudiantes y la responsabilidad ética gubernamental para con la educación superior.

Las y los estudiantes de educación superior constituyen un grupo de la población con características socioeducativas y culturales específicas. Con edades que en promedio se ubican entre los 18 años y los 25 años, período de la vida que en general compromete una menor carga de enfermedades especialmente de las crcrónicas, tales como Diabetes, Hipertensión, o Cáncer, las patologías más frecuentes se restringen principalmente a accidentes, enfermedades mentales –en que el suicidio es la segunda causa de muerte-, sexuales y reproductivas –con un incremento notorio de los casos de enfermedades de trasmisión sexual -, y odontológicas. También es interesante recordar que, desde la perspectiva del crecimiento y desarrollo humano, su total maduración aún no es alcanzada, encontrándose entre los 18 años y los 29 años en una fase denominada adultez emergente.

A pesar de conformar este un grupo homogéneo y bien definido desde una perspectiva social, biológica y epidemiológica, se advierte que en nuestro país el Estado Gubernamental desatiende y no ahonda mayormente en ellos, a diferencia de lo que sí realiza con otros grupos poblacionales o lo que acontece en otras latitudes, no siendo considerado formalmente por él como una tarea propia. Ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Salud consideran políticas, programas, estrategias, normativas ni menos partidas presupuestarias para Salud Estudiantil. Esto es así para temas relevantes que los afectan, como enfermedades de trasmisión sexual, depresión, condiciones traumatológicas o dentarias, que como dijimos, son las que con mayor intensidad y/o frecuencia comprometen a este grupo etário, por otra parte, mayormente sano.

Dada esta realidad, las Instituciones de Educación Superior han debido –en mayor o menor grado- hacerse cargo de la salud de sus estudiantes. Es así como la Universidad de Chile durante el primer tercio del siglo XX -en 1932- veinte años antes que el gobierno creara laprimera institución de carácter estatal de salud -el Servicio Nacional de Salud- creó su Servicio Médico y Dental de Alumnos (SEMDA), dando cumplimiento al imperativo ético de velar por la salud estudiantil, en un momento histórico y social bien definido en que la salud era tomada como un asunto de la esfera estrictamente personal.

Hoy la situación es radicalmente diferente. Existen instituciones con financiamiento establecido y asegurado, obligadas legalmente a promover la salud y prevenir y tratar las enfermedades de la población. Sin embargo y dada la desatención gubernamental, esto no sucede en el ámbito de las y los estudiantes de educación superior, dejando en la práctica esta responsabilidad -87 años después- aún en manos de las mismas instituciones, sin los recursos que cada una de ellas requiere.

En vista de esta realidad nuestra tarea en tanto universidad es disponer, optimizar y coordinar los recursos orientados a resolver los desafío de Calidad de Vida y Salud Mental Estudiantil.

Para este fin, la Universidad de Chile realiza potentes inversiones en infraestructura y desarrollos sanitarios acompañadas de políticas, programas y actividades de promoción de la salud, prevención y tratamientos. Estos se realizan utilizando una red interna de salud estudiantil que atiende aquellos/as con necesidades en Salud Mental. Esta red está conformada por los dispositivos del Bienestar Estudiantil de las Facultades e Institutos -Asistentes Sociales y Psicólogos/as-, la Dirección de Salud Estudiantil con el SEMDA y su Unidad de Salud Mental, y el Hospital Universitario con su Clínica Psiquiátrica- que sin dudad para estos efectos debiera estar integrada con las redes de las instituciones a los cuales están adscritos los y las estudiantes, sea FONASA, ISAPRES u otras. Esta labor colaborativa debiera surgir mediada por un protagónico rol conductor del Estado.

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