En 2012, el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera tuvo el mérito de convocarnos a una comisión interdisciplinaria para la elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que actualmente rige a nuestro país. En esta Política, aparece mencionado el objetivo de crear un “Ministerio de Ciudades, Vivienda y Desarrollo Territorial”.
El 1 de junio de 2019, en su cuenta pública, el Presidente Piñera anunció que el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley que crea este nuevo ministerio, y que éste “unirá al Ministerio de Vivienda (sic) con el de Bienes Nacionales, lo que, junto con el incremento en los subsidios de adquisición y arriendo de viviendas, permitirá alcanzar mayores niveles de integración social, reducir los campamentos y facilitar el acceso de las familias a zonas urbanas con más y mejores servicios, derribando los muros visibles e invisibles que dividen a los chilenos.”
En lo general, se trata de una buena noticia. Un Ministerio que resuelva los desafíos de segregación de los territorios urbanos del país y que supere el sesgo predominantemente “viviendista” actual del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU), es sin duda un anhelo para la gran mayoría de los chilenos.
Sin embargo, este anuncio exige un análisis cuidadoso.
En primer lugar, ya el día 3 de diciembre de 2018, el Gobierno ingresó a trámite legislativo a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de “Integración Social y Urbana”, que transforma al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el nuevo "Ministerio de Ciudad y Vivienda".
Por lo tanto, más que anuncio, el Gobierno debió haber informado sobre el estado de tramitación de ese proyecto de ley, transcurrido prácticamente medio año desde su presentación.
En segundo lugar, entre otras acciones, ese proyecto de ley pretende traspasar suelo fiscal, en modalidad de concesión, al sector privado por la vía de traspasos de lotes públicos urbanos. Es decir, traspasa suelo público desde el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) hacia empresas inmobiliarias privadas.
El fin que busca este proyecto de ley es que las empresas privadas, junto con producir vivienda con altos retornos de rentabilidad para sus negocios, destinen un porcentaje (indeterminado, y que se estima menor) de vivienda social que pueda ser beneficiaria de subsidio de arriendo en esos proyectos. Con ello se estaría, desde esta particular perspectiva, logrando la “integración social”.
Esta idea ha generado muchos cuestionamientos debido a que le entrega al sector inmobiliario facilidades aún mayores que las que ya actualmente posee (ahora le suma suelo gratis) a cambio de producir un margen minoritario de vivienda de interés social en sus proyectos de vivienda.
Se puede entender, entonces, el interés del Gobierno de fusionar el MBN con el MINVU; el primero concesionará el suelo fiscal a dominio privado; el segundo proveerá de subsidios para la construcción de vivienda social.
Actualmente se conoce poco de cómo operaría esta ley, y el Gobierno no ha abierto aún la discusión para presentar otras alternativas que podrían ser más eficientes. Por ejemplo, que el Gobierno, en vez de deshacerse de patrimonio de suelo de todos los chilenos, licite directamente la construcción de conjuntos de vivienda social destinados al arriendo en esos lotes fiscales, y no pierda el dominio sobre éstos, tal como lo hace el MOP para las carreteras e infraestructura pública a través de la Dirección General de Concesiones.
En tercer lugar, un Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio debe ir mucho más allá que fusionar las actuales competencias del MINVU y MBN. En los territorios urbanos existen numerosos conflictos entre diversos factores, tales como la planificación urbana y territorial, la vivienda y los barrios, el transporte y la vialidad, la seguridad en espacios públicos, el equipamiento y las áreas verdes, las redes e infraestructuras, la calidad de vida y la habitabilidad del entorno, la contaminación del aire, el agua y el suelo derivado de la actividad y concentración urbana, los desafíos energéticos y formas de habitar ante los escenarios de cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, mecanismos de gobernanza, bordes costeros planificados e integrados, etc. Ello implica que este nuevo Ministerio debiese incluir competencias actualmente bajo el dominio de Ministerios como el de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Interior, Medio Ambiente, Agricultura, gobiernos regionales y municipios, lo cual va mucho más allá que una mera fusión entre los dos Ministerios mencionados. La tarea y el desafío es mucho más complejo que fusionar.
En cualquier caso, toda medida que apunte a promover mayor transparencia y equidad en la producción de vivienda social en las ciudades, y una mejor gestión de los territorios urbanos y sus entornos, especialmente en su amplio sentido, debe ser apoyada.