Este jueves 25 de julio se realizó en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile el Conversatorio + visionado "El Costo de Defender la Tierra", instancia multidisciplinar que exhibió la película "Berta no se murió, se multiplicó" (2017, 30"), documental sobre el asesinato de Berta Cáceres, cofundadora y líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); y donde se analizó el problema del agua y su privatización en Chile.
En la actividad, en donde estuvieron presentes estudiantes de la Escuela de Periodismo y la Escuela de Cine y Televisión, se abordó además la situación del vocero de la Alianza Territorial Mapuche (ATM), Alberto Curamil, longko galardonado este año con el Premio Ambiental Goldman - conocido popularmente como "Nobel Verde"-, y que desde hace un año se encuentra en prisión preventiva tras lograr detener la construcción en Chile de dos centrales hidroeléctricas (Alto Cautín y Doña Alicia), reuniendo y organizando a mapuches para resistir contra la destrucción de los terrenos que consideran sagrados en la zona de Curacautín.
Encarcelado por defender la tierra
Alberto Curamil se encuentra encarcelado desde hace casi un año, cuando fue detenido en agosto del 2018 acusado de un asalto a una Caja de Compensación en la localidad de Galvarino. Sus abogados, sin embargo, señalan que la acusación es totalmente falsa y que se trata de un montaje.
Luego de la encarcelación de Alberto, la ATM decidió postularlo al Premio Goldman con el fin de relevar su lucha por el resguardo del medio ambiente y los lugares ancestrales para el pueblo mapuche, y "porque evidentemente es una plataforma, un hito, para visibilizar el problema", señaló Miguel Lemín, profesor y fundador de la ATM.
Belén, hija de Alberto, quien en abril pasado fue a recibir el premio a Estados Unidos en nombre de su padre y estuvo presente en el conversatorio, comentó que "Mi papá empezó desde muy joven a entrar en la lucha. Nosotros somos de Temucuicui, en Ercilla. Y nos trasladamos a Curacautín, en el sector Radalco, en el 2007. Desde ese tiempo mi padre comenzó a observar sobre las injusticias que existían, las centrales hidroeléctricas, las forestales que existen en el territorio y él decía que no podíamos permitir que el río y el agua se acabaran. Él comenzó a juntar a las comunidades para decirles que no podíamos dejar que nos pasaran a llevar a nosotros y a la naturaleza", señaló.
Durante la instancia en el ICEI, Belén leyó una carta enviada por Alberto desde prisión: "En esta mapu (tierra) podemos vivir, podemos respirar y podemos desarrollar nuestra vida. Es por eso, a pesar de los costos que significa mantener esta lucha como la prisión política, los invito y llamo a acompañarnos en este proceso, especialmente para próximo inicio de juicio después de un año de prisión preventiva. La lucha seguirá con o sin montaje, con o sin prisión política. El newén (fuerza) lo tendremos con el apoyo de gente como ustedes, que también luchan contra todo tipo de injusticias. Marichiweu (cien veces venceremos)".
Sobre el encarcelamiento, el profesor Melín indicó que están confiados en las etapas que se vienen: "porque las pruebas de ADN salieron negativas, una red de comunicación que se intentó vincular, un supuesto llamado anónimo, entre otros, por tanto se ve favorable", indicó.
El problema del agua
Tania Tamayo, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y también presente en el conversatorio, expuso sobre el negocio del agua en Chile y sus implicancias en comunidades del país. Tamayo se encuentra terminando, junto con la también docente del ICEI, Alejandra Carmona, un libro sobre el negocio del agua en Chile, que se espera se publicará en octubre de este año. Con esta investigación, Tamayo ha podido "darse cuenta de las repercusiones del problema del agua a lo largo del país y lo afectadas que están siendo las comunidades producto de este modelo extractivista", afirmó durante la cita.
"Desde 1976, diversos fueron los intentos por parte de ministros de Pinochet, militares y civiles para decidir sobre el tema de las aguas, momento en que se le dio a una comisión especial la importante y doble tarea de hacer coincidir los fundamentos del nuevo código con la postura de la Constitución de 1980", remarcó.
El código de agua de 1967 había acompañado a la ley de la reforma agraria, "con el objetivo de facilitar la redistribución de las tierras para los campesinos. Por otro lado y según la académica, hay que remontarse a 1855, fecha del código civil redactado por Andrés Bello, cuando la administración del agua consideraba los conceptos nacional y público. En esos años el agua era administrada por el Estado, no como ocurre ahora que lo hace un privado", indicó.
Así, los terrenos se vendían anteriormente con las aguas necesarias para sus tierras, debido a que no existía una separación entre ambos. Pero en 1981, con el objetivo de reactivar el área agrícola, minera e hidroeléctrica, se separaron las aguas de la tierra, sin ningún tipo de jerarquización con el uso de estas. Entre el 2008 y el 2013, por ejemplo, el empresario Isidro Quiroga obtuvo más de US$25 millones, por ventas de derechos de agua los que le fueron otorgados gratuitamente por el Estado, explicó la académica.
Esta actividad abierta a todo el público, contó con la presencia de la Directora del ICEI, Loreto Rebolledo, y la periodista Paula Huenchumil como representante de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile.