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Carmen Andrade en seminario en la Cámara de Diputados:

"Para erradicar la violencia de género se necesita una política integral"

Chile está al debe en materia de políticas públicas sobre violencia de género, ya que hasta ahora se ha legislado fundamentalmente en torno a la violencia intrafamiliar, cuando lo que se necesita es una política integral que aborde el fenómeno en todas sus dimensiones. Así lo planteó la directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade, quien participó en el "Seminario sobre Prevención y Sanción del Acoso Sexual", organizado por la Cámara de Diputados.

Existe un rompecabezas normativo que regula algunos aspectos, afirmó, pero falta la política integral, indicó Carmen Andrade.

Existe un rompecabezas normativo que regula algunos aspectos, afirmó, pero falta la política integral, indicó Carmen Andrade.

Prevención, concientización y formación son algunas de las claves para enfrentar este desafío.

Prevención, concientización y formación son algunas de las claves para enfrentar este desafío.

El Seminario sobre Prevención y Sanción del Acoso Sexual, fue organizado por la Cámara de Diputados.

El "Seminario sobre Prevención y Sanción del Acoso Sexual", fue organizado por la Cámara de Diputados.

La violencia de género es una práctica asentada en un constructo socio cultural que menosprecia a las mujeres. Es en ese marco que se da el acoso sexual, explicó la directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade, en el marco del "Seminario sobre Prevención y Sanción del Acoso Sexual", organizado por la Cámara de Diputados. "Mientras haya desigualdad de género, esto persistirá”, dijo, insistiendo en la idea de que se requiere abordar sus consecuencias, pero sobre todo sus causas, lo que implica prevención, concientización y formación.

En tanto instituciones racionales y laicas, indicó, la Universidad de Chile y la Cámara de Diputados han sido pioneras en buscar garantizar espacios libres de violencia sexual, que no implique restringir las expresiones de la sexualidad, sino que reafirmen la libertad y los derechos de las mujeres. Sin duda los protocolos bien aplicados son un avance, afirmó, pero operan cuando el hecho ya ocurrió, “por eso ponemos en acento en las políticas”.

En cuanto a las respuestas legislativas, advirtió que estas “son parciales y a veces incluso incoherentes”. Existe un rompecabezas normativo que regula algunos aspectos, afirmó, pero falta la política integral. El proyecto de ley sobre acoso sexual en la Educación Superior que se debate en el Congreso es un ejemplo de lo anterior, señaló, porque no incluye todas las relaciones ni los espacios. En el caso de las universidades estatales, estas se rigen por el Estatuto Administrativo, pero el sumario “resulta improcedente para investigar el acoso sexual”.

Desde el Gobierno, acotó, el énfasis es que más mujeres accedan a cargos de poder, “lo cual no es malo, pero eso no va a resolver estas cosas. Nosotros no habríamos podido hacer ni medio protocolo sin la participación de las estudiantes y las funcionarias”.

El evento contó con la participación de las diputadas Camila Vallejo y Maya Fernández, de la representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Marcela Ríos, y de la Secretaria Ejecutiva de Igualdad de Género y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, Javiera Arce. En la ocasión se presentó el “Protocolo de Prevención y Sanción del Acoso Sexual en la Cámara de Diputados”.

Acoso desde los 10 años

Una mirada coincidente en cuanto a la participación en los procesos de generación de leyes y políticas mostraron las diputadas Vallejo y Fernández. La primera preside la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en tanto durante el período en que la segunda fue presidenta de la Mesa de la Cámara se gestó y aprobó el Protocolo dado a conocer.

La Ley que sanciona el acoso sexual callejero nació como una iniciativa ciudadana, señaló Vallejo, y se nutrió del estudio realizado por el Observatorio del mismo, que entre otras cifras arrojó que las niñas lo comienzan a sufrir desde los 10 años.

La creación de la bancada transversal que lleva el nombre de la destacada feminista chilena Julieta Kirkwood representó un tremendo avance, afirmó Fernández, ya que “muchas presentábamos proyectos que terminaban en distintas comisiones, pero nunca eran prioridad”. Por lo mismo se presentó el proyecto para crear la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, el cual fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia, así como por amplia mayoría en la Sala. “Ha sido un tremendo puntapié que está permitiendo avanzar en proyectos y recibir a muchas organizaciones”, subrayó la diputada. La bancada feminista logró además un acuerdo político para que hubiese siempre al menos una mujer vicepresidenta en la mesa de la Cámara.

Robustecer las instituciones

Desde el PNUD, Marcela Ríos enumeró los numerosos protocolos y convenciones internacionales que promueven los derechos de las mujeres, destacando dos más recientes: El Convenio 190 de la OIT Sobre Violencia Sexual en el Trabajo, que fue aprobada hace tan solo dos meses, y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que con 17 objetivos aborda también la violencia contra las mujeres y plantea la necesidad de trasnversalizar el enfoque de género a cada uno de ellos.

“Estamos poniendo el énfasis en instituciones robustas”, afirmó, “porque de lo contrario los protocolos quedan como letra muerta”. Se necesita un trabajo institucional permanente en ese sentido, añadió, que apunte a la transformación cultural, acompañado de un conjunto de normas y procedimientos que además son monitoreados y evaluados. “Tiene que haber un compromiso de la institución como tal y no solo de grupos de mujeres”, concluyó.

El acoso sexual es un tema de poder, planteó por su parte Javiera Arce, de la Universidad de Valparaíso. Post movimiento feminista se ha puesto el énfasis en regular, más que en cuestionar el carácter patriarcal y neoliberal de la universidad, interpeló, apuntando a la necesidad de eliminar los contenidos sexistas de las aulas. “No se puede seguir enseñando que los embarazos son un riesgo para la empresa”, dijo.

También insistió en la urgente necesidad de ampliar la legislación para abordar el “gravísimo acoso cibernético que no tenemos cómo controlar, y que genera consecuencias gravísimas en la convivencia, llegando incluso al suicidio”. Lo anterior afecta tanto a acosadas como a acosadores, afirmó, al tiempo que reparó en el imperativo de educar en una nueva masculinidad.

Posteriormente se analizó cómo adaptar la legislación para prevenir eficazmente el acoso sexual, en un panel que contó con la participación, entre otras, de Claudia Iriarte, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, especialista en género y derecho.

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