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Noticias del Senado Universitario

Área Jurídica del Senado Universitario expuso en la U. de La Serena en el marco de la reforma estatutaria para Ues. estatales

El Área Jurídica del Senado Universitario se reunió con parte de la comunidad universitaria de la U. de La Serena para exponer acerca de las nuevas normas que establece la Ley de Universidades del Estado, que mandata -entre otras cosas- la creación de órganos triestamentales para las instituciones con estatutos vigentes anteriores a 1990.

De acuerdo a la Ley de Universidades Estatales, la Universidad de La Serena debe modificar sus estatutos antes de 2021.

De acuerdo a la Ley de Universidades Estatales, la Universidad de La Serena debe modificar sus estatutos antes de 2021.

Los abogados Ariel De La Maza y Gustavo Fuentes expusieron U. de La Serena.

Los abogados Ariel De La Maza y Gustavo Fuentes expusieron U. de La Serena.

La Ley de Universidades Estatales (N°21.094), promulgada en 2018, establece que todas las instituciones del Estado que tengan estatutos vigentes anteriores a 1990 deberán presentar una propuesta de modificación de sus estatutos en lo que respecta a los órganos de gobierno, adecuandolos a la nueva legislación. Es decir, se les entrega un plazo, el cual vence en junio del año 2021 para conformar organismos triestamentales similares a nuestro Senado Universitario (SU), entre otras adecuaciones.

En este contexto, el Comité de Política Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena invitó a la Mesa del Senado Universitario, quienes a su vez propusieron la asistencia técnica del Área Jurídica, conformada por los abogados Gustavo Fuentes Gajardo y Ariel De La Maza Martínez, quienes expusieron sobre las obligaciones que emanan de la Ley N°21.094 y entregaron comentarios generales sobre los estatutos de dicha institución.

Esta iniciativa se suma al decreto firmado recientemente por el rector de la U. de la Serena, Dr. Nibaldo Avilés Pizarro, sobre la constitución de la Comisión Estatuto de la Universdidad de La Serena, comité triestamental conformado por 16 académicos, 4 estudiantes y 4 funcionarios. Presidido por el académico y Decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Cristián Noemi, tiene por objeto estudiar y proponer modificaciones al estatuto para adecuarlas a la nueva ley.

El abogado asistente del Senado Universitario, Ariel De La Maza Martínez, señaló que el proceso de modificación de estatutos “debe ser público y participativo, lo que genera cierto dinamismo al interior de las universidades” y otorga una oportunidad para tener instituciones actualizadas y más participativas.

"En la U. de la Serena nos contaban que, al igual que como pasaba en la U. de Chile, no sólo había una cuestión política de fondo, sino que hay muchas cosas pendientes que normar al interior de la institución. Y quizá este nuevo dinamismo pueda permitir cumplir con esas expectativas, modernizar la universidad, hacerla avanzar a los tiempos actuales", explicó.

Deber de colaboración

La visita de los abogados del Área Jurídica del Senado Universitario a la institución serenense, no es la primera reunión de coordinación y colaboración que establece el órgano superior con otras universidades estatales. Durante este año el Senado se ha reunido con representantes de diversas casas de estudios para socializar su labor y compartir su experiencia cómo único órgano de carácter triestamental en el país.

En mayo la Mesa del Senado Universitario, junto a los profesionales de las Áreas de Comunicaciones, Área de Gestión-Administración y Área Jurídica se reunieron con académicas y funcionarias de la Universidad de Atacama, Universidad de Antofagasta y Universidad de La Serena. Anteriormente, una comitiva triestamental de la U. de Aysén visitó la Universidad de Chile, en el marco del proceso de implementación de un senado universitario en dicho plantel, según lo establece su propio estatuto.

Este trabajo de coordinación y colaboración entre la Casa de Bello y las demás instituciones del sistema de educación superior estatal, ya había sido asumido como una tarea central para la anterior legislatura del Senado (2014-2018) tras la publicación de la norma en el Diario Oficial.

"Dentro de las muchas innovaciones que la nueva legislación acarrea, la incorporación de normas comunes a las Universidades del Estado, y en particular de nuevo Gobierno Universitario, requiere una adecuación estatutaria por parte de las universidades. Desde ya el Senado Universitario se pone a disposición de las demás universidades del Estado para apoyar y colaborar, resguardando la autonomía de ellas, para apoyar las modificaciones y su respectiva implementación", indica la declaración del órgano superior "Sobre la nueva legislación para las Universidades Estatales: democracia y participación", publicada en junio de 2018.

Asimismo, la labor que pueda seguir haciendo el Senado al respecto será la continuidad de un proceso previo. Esto, ya que la cohorte anterior de Senadores logró que el órgano estratégico y normativo se constituyera como un actor propositivo respecto a las leyes de universidades estatales y de educación superior, cuando ambas aún estaban en tramitación en el Congreso Nacional.

Concretamente, las acciones de la legislatura anterior contemplaron la publicación de la "Propuesta del Senado Universitario para una Reforma del Sistema de Educación Superior", también conocida como libro azul; y el libro verde o "Contribución al debate sobre la reforma a la Educación Superior. Análisis del Proyecto de Ley". Además, en junio de 2017 se efectuó el lanzamiento del Observatorio Legislativo sobre reformas a la educación superior, instancia colaborativa entre el Senado Universitario y la Facultad de Derecho de la U. de Chile que ha elaborado numerosos informes analíticos sobre las leyes que estuvieron en discusión. Adicionalmente, fueron presentadas ante el Congreso Nacional una serie de indicaciones a ambas normativas.

Principio de coordinación

Por su parte, Gustavo Fuentes Gajardo, abogado encargado del Área Jurídica, señaló que la nueva ley “dispone que en cumplimiento de su misión y de sus funciones, las universdidades estatales deberán actuar de conformidad al prinicipio de coordinación, con el proposito de fomentar una labor conjunta y articulada en todas aquellas materias que tengan por finalidad contribuir al progreso nacional y regional del país, y elevar los estándares de calidad de la educación pública en todos sus niveles, con una visión estratégica y de largo plazo”, agregando que las universidades del Estado deberán colaborar con los diversos órganos del Estado que asi lo requieran, en la elaboración de políticas, planes y programas, tanto como con el Ministerio como entre las universidades y con otras instituciones de educación.

En lo que respecta la Universidad de Chile como actor en los próximos procesos, el abogado Fuentes señala: "Aquí es necesario distinguir dos planos. El externo, en donde la nueva ley Nº21.094 ha dispuesto un modelo que introduce cambios a la forma de gobierno prevista en sus estatutos a 13 de 18 universidades del Estado, y que muchas de ellas datan de 1981, proponiendo la creación de organos como el Consejo Superior, máximo órgano colegiado encargado de definir la política de desarrollo de la institución, y del Consejo representativo de la comunidad universitaria, con carácter triestamental y el cual tendrá un carácter resolutivo en diversas materias que la ley y sus propios estatutos le entregue. Aquí la forma de gobierno de la Universidad de Chile vigente desde el 2006 constituye una experiencia relevante de analizar y dar a conocer, por supuesto, respetando la autonomía que cada universidad tiene para modificar sus estatutos. Desde lo interno, la Universidad de Chile pertenece al grupo de 5 de 18 universidades del Estado las cuales si bien no están obligadas de modificar sus Estatutos y adecuarlos a la nueva forma de gobierno propuesto en la ley, en cambio deberán proponer un mecanismo institucional permanente que asegure la participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del prespuesto de la Universidad, en igual plazo que las otras casas de estudios. En ambos casos, los procesos para que sean pertinentes y logren su cometido, repetando la autonomía que tiene cada casa de estudio, deberán tener presente los principios de colaboración y coordinación entre universidades del Estado".

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