Como muchos actores sociales, políticos y académicos han señalado, entendemos que el estallido social de estos días tiene un origen en una profunda injusticia social que amplios sectores de la población experimentan como una vivencia de abuso permanente que violenta la cotidianeidad de sus vidas.
Estas inequidades, que se han extendido por décadas, han ido acumulando el malestar que se ha expresado en estos días. Nos parece, por lo mismo, que el foco del esfuerzo de todos y todas debe estar puesto en la búsqueda de respuestas a estas desigualdades que son innecesarias, evitables e injustas.
No estamos de acuerdo con el camino de la violencia, pues las desigualdades sociales no se solucionan con el vandalismo destructivo que han protagonizado algunos grupos minoritarios, ni tampoco se solucionan con un estado de excepción que genera condiciones que facilitan la violación de derechos humanos, como se ha demostrado en estos días. La violación de estos derechos, que ya ha significado pérdida de vidas de varias personas a manos de agentes del Estado, es de una gravedad extrema que no puede ser aceptada y, por lo mismo, pedimos que se termine el estado de excepción constitucional.
Concordamos con la necesidad de construir un nuevo pacto social, como se ha venido planteando transversalmente en estos días. Si lo que, como sociedad queremos es reducir las desigualdades, el camino correcto es fortalecer la cohesión social.
Un nuevo pacto social debe estar reflejado en el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía que como sociedad tenemos. En este sentido, nos parece necesario avanzar hacia una nueva Constitución Política que establezca un marco valórico y normativo que nos una y cohesione como comunidad.
En un ámbito más específico relacionado con el sector salud y su contribución a enfrentar las inequidades, nos parece que debemos avanzar hacia la construcción de un sistema de salud para todos y todas y no continuar con un sistema que segrega a las personas de acuerdo a su nivel de ingresos. En un ámbito tan básico y fundamental como salud, no podemos continuar con un sistema para ricos y otro sistema para pobres.
Lo anterior se traduce en que debemos reformar nuestro sistema de salud sobre la concepción del derecho a la salud y del principio de la solidaridad y que se debe traducir en que el sistema, como plantea la Organización Mundial de la Salud, se financie de acuerdo a las capacidades de contribución de cada persona, es decir que los sanos financien a los enfermos, los ricos a los pobres y los jóvenes a los viejos.
Además del cambio hacia un financiamiento con equidad, se debe agregar un decidido esfuerzo para fortalecer y modernizar el sistema público de atención de salud, pues este es el sistema que realmente se hace cargo de las necesidades de atención de la gran mayoría de las personas a lo largo de todo el país. Las largas listas de espera, la escasa resolutividad de la atención primaria a pesar de los grandes esfuerzos realizados por los equipos profesionales y técnicos que trabajan en este nivel, el déficit de profesionales especialistas, la deuda de los hospitales, el poco énfasis en promoción de la salud y prevención de las enfermedades, nos interpelan como sociedad para iniciar una transformación estructural hacia un sistema de salud que claramente sea parte del sistema de seguridad social que como país necesitamos.
La situación que hemos estado viviendo en estos días ha permitido constatar que la conciencia sobre las desigualdades en nuestra sociedad se ha incrementado, al igual que la necesidad de buscar soluciones estructurales que, desde y con participación ciudadana, contribuyan a reducirlas. En este camino en el que nos queremos hacer parte, contamos con el respaldo de la evidencia científica, que nos enseña que la equidad, la participación ciudadana y la cohesión social son factores que contribuyen a mejorar el nivel de salud de la población.