Aproximadamente 1.500 casos de vulneración de Derechos Humanos son los que se han podido constatar a través de las denuncias, asesorías jurídicas y observación de Derechos Humanos realizadas por la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile desde el comienzo de las movilizaciones sociales en Santiago. Lesiones de diferente consideración, mutilaciones y otro tipo de agresiones que, según confirman integrantes de la instancia, representan violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales y el incumplimiento de los protocolos establecidos para las fuerzas de orden en el país, contraviniendo los estándares internacionales en la materia.
Esos datos, que han sido sistematizados desde el comienzo de las movilizaciones y publicados de manera periódica en los informes generados por la Defensoría, fueron entregados este lunes 18 de noviembre al vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti.
En la instancia la abogada, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho e integrante de la Defensoría Jurídica de la U. de Chile, Nancy Yáñez, planteó la ilegalidad de los procedimientos llevados a cabo por Carabineros. “Hemos podido constatar que los disparos se han generado a zonas donde se puede causar daño, por lo tanto, es indispensable dar cuenta que aquí no ha existido el elemento de proporcionalidad y necesidad, lo que torna ilegal el actuar de las fuerzas de orden y seguridad, porque lo que busca la norma es que se contenga el orden público pero que se evite a toda costa generar daños irreversibles a las personas”.
Datos y cifras que, para el Senador Alfonso de Urresti, serán útiles para poder consolidar instancias para reformar el actuar de las fuerzas policiales y de orden. “Junto con preocuparnos de un itinerario constitucional, una agenda social, no podemos de ninguna manera rebajar los estándares en materia de Derechos Humanos, por eso hemos intercambiado diferentes opiniones y cifras que esperamos poder consolidar, y también desde el Senado, al menos lo que corresponda a la Comisión de Derechos Humanos, poder establecer instancias de canalización de estas cifras, que son brutales y devastadoras". Junto a ello, indicó, está la necesidad de "establecer una profunda reforma en Chile que viene del comportamiento de las policías y el sistema judicial, investigativo y del tratamiento de los derechos humanos”.
Para el Rector Ennio Vivaldi “este es un tema central para la defensa de la democracia en Chile, porque si los ciudadanos no se sienten seguros con las propias instituciones del Estado, quedan en situaciones de vulnerabilidad. Esperamos que las instituciones democráticas sean capaces de generar un sistema de seguridad que no permita saqueos e incendios, y que al mismo tiempo proteja a quienes están en su derecho ciudadano de manifestarse pacíficamente”.
Verdad y justicia
Desde la Defensoría Jurídica, a su vez, plantean la necesidad de generar una Comisión de Verdad y Justicia que se encargue de determinar responsables de las violaciones de Derechos Humanos en el contexto de las protestas sociales en Chile.
Ante esto, la profesora Nancy Yáñez resaltó la importancia de que "los hechos que han implicado vulneración a los derechos humanos sean investigados, se determinen los responsables, pero no solo los responsables penales, también los responsables políticos". Como especificó la académica, "las autoridades políticas son responsables de los Derechos humanos porque son hechos cometidos por agentes del estado en un marco jurídico que debe ser garantizado por las principales autoridades". En consecuencia, prosiguió, "debemos reestablecer la democracia en nuestro país en términos que todos los ciudadanos podamos transitar con seguridad, con tranquilidad, pero también podamos expresar nuestra disidencia política”.
Idea que es apoyada por el vicepresidente del Senado, para quien “debiera dar un paso al costado el general Rozas, que claramente no ha estado a la altura". Esto porque "hoy hay una serie de protocolos que ha sido impresentable su cumplimiento (…) tenemos cifras, estadísticas y comportamientos que son preocupantes, y eso no lo queremos dejar pasar".
Por ello, indicó el parlamentario, "aquí tiene que avanzarse hacia una Comisión que dimensione todo lo ocurrido y que avance en la reparación de quienes se han vistos afectados. En una situación de esta naturaleza, los Derechos Humanos no pueden ser relativizados o pisoteados por la función del orden público”.
“Aquí, desde luego, hay un afán que es consustancial a la defensa de los Derechos Humanos, que es exigir verdad y justicia, que se sepa qué es lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido”, relevó el Rector respecto al rol que ha desempeñado el plantel en esta materia.