"La administración del Estado no entrega o niega la información"

“La compra de un casa puede llegar a ser la inversión más importante para una familia. Pero si no manejas los datos del plano regulador, en poco tiempo puedes estar rodeado de edificios o con caminos pasando por un costado. Ahí sí que la información es relevante”. Con este ejemplo el abogado Juan Pablo Olmedo sintetiza la relevancia que tiene el acceso a la información pública para los ciudadanos. “El derecho a saber”, como también se le conoce en la jerga especializada, es una demanda de la sociedad civil que ha tenido importantes triunfos en los últimos años.

Así lo demuestra el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en septiembre de 2006 condenó al Estado de Chile por negar información en el llamado caso Trillium. El economista Marcel Claude, entre otros, pidieron conocer datos del inversionista de este proyecto forestal, la que fue denegada por el Comité de Inversiones Extranjeras y en todas las instancias judiciales internas durante ocho años.

Con el respaldo jurídico del estudio Colombara y Olmedo, la demanda llegó hasta el sistema interamericano de justicia lo que derivó en una sentencia histórica, ya que por primera vez la Corte Interamericana se pronuncia en un caso de acceso a información pública.

-¿Cuáles son las fortalezas y las flaquezas que tiene ese fallo en el caso concreto de Chile?

-El fallo es significativo porque reconoce el derecho al acceso de la información pública como un derecho fundamental de la persona humana que emana de la libertad de expresión. El punto más significativo del fallo es desde la perspectiva del derecho internacional. Ahora, es importante para Chile porque ordena tres medidas que el Estado tiene que adoptar dentro de la fase de cumplimiento: una ley, un estatuto de acceso a la información pública que respete el debido proceso administrativo y la obligación de respuesta al Estado de Chile a la solicitud de acceso a la información pública. En segundo término, establece que el Estado debe mejorar las prácticas en materia de acceso a la información y tiene que generar una instancia de perfeccionamiento y capacitación a los funcionarios públicos.

-¿Cuáles son los indicadores mediante los cuales medir el cumplimiento de estas disposiciones?

-El Estado de Chile tiene que informar en el plazo de un año de la fecha del fallo, por lo tanto, en septiembre tiene que emitirse el primer informe de estado de avance. Aquí se inicia un proceso de fase de cumplimiento que se prolonga por un tiempo todavía indeterminado. Esta no es una flaqueza del fallo, sino que tiene que ver con las características del derecho internacional de los Derechos Humanos, o sea, hasta dónde la Corte puede entrar a supervisar y evaluar el estado de avance de sus fallos. Afortunadamente en este caso el Estado de Chile está cumpliendo de manera significativa, de buena fe y tiene avances que mostrar.

Olmedo cree posible que de aquí a septiembre, el proyecto de ley de acceso a información actualmente en tramitación legislativa haya sido promulgado, lo que “pone a Chile nuevamente como pionero en materia de acceso a la información pública, lo que permitirá crear un órgano destinado a promover y proteger el derecho de acceso a información”.

Igualmente, hay una segunda línea de avances en estos meses que dicen relación con el sistema de buenas prácticas del Estado, “que en su primera etapa permitió el levantamiento en las páginas web institucionales de información vinculada básicamente al traspaso de recursos por parte de la administración”. Lo que se conoce como “Gobierno Transparente”.

-Lo que se llama transparencia activa...

-Pero además se sumó un llamado a un concurso de buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información. Es un proceso que tiene que continuar. Hay por parte del propio equipo que lidera Rafael Blanco, de la Agenda de Probidad y Transparencia, un esfuerzo de generar un manual de Ética y Probidad Pública, que debiera incorporar elementos de acceso a la información. Pero existe una tarea pendiente que es cómo ir transformando estos insumos tanto del fallo de la Corte como de estos manuales, en un acervo para cursos de perfeccionamiento y de capacitación.

-Claro: diseño de metodologías, de cursos...

De cursos que se incorporen dentro de los programas de mejoras de la gestión del Estado y también del sector privado. Las universidades, los centros de capacitación deben tomar como referente estos cursos e incorporarlos en las mallas curriculares. Hay todo un proceso que está hoy en día recién partiendo, pero el Estado puede razonablemente mostrar que está en fase de cumplir el fallo de la Corte.

-Ése es el vaso medio lleno. Pero ¿cuáles son las áreas de negociación más complejas del proyecto de ley? Porque una institucionalidad débil no sirve mucho.

-Existe un camino hacia la construcción de una política pública de acceso a la información pública. Ahora, otra cosa distinta es cuando hablamos de la defensa concreta del derecho al acceso de la información en casos particulares. La administración del Estado no entrega o niega la información, por lo tanto, en definitiva son los tribunales de Justicia los que determinan si la información tiene que ser entregada o no. Esta práctica es parte de la cultura del secreto. El problema no está en los medios de transparencia activa, que siempre es bueno promoverla y profundizarla, pero incluso en ese contexto el nivel de información que va a ser levantado es ínfimo comparado con la información que tiene el Estado. La gran mayoría de la información no va a estar y es la información que les interesa a los particulares en casos concretos. Ahí se produce la búsqueda a través del derecho de acceso. Por eso, hoy se está discutiendo un estatuto de acceso de información, pero se crea un órgano que se llama Instituto de Promoción de la Transparencia. No conozco, en el ámbito comparado, que los órganos destinados a promover el derecho al acceso a información pública tengan un nombre distinto al motivo que justifica su existencia. En este caso, la defensa y promoción del derecho al acceso de la información pública. Reconociendo que hay vinculaciones entre la transparencia y el acceso a la información pública, no son lo mismo.

-Pero a veces eso se nos hace creer...

-La ley considera que el derecho de acceso a la información es un instrumento a la política de transparencia y ética, pero también es un derecho fundamental. Mi sensación es que en el proyecto de ley hay un énfasis importante en materia de valorar el acceso como parte de la política de transparencia, pero no en su calidad de derecho.

Dicha debilidad, a juicio de Olmedo, se expresa en que la institucionalidad que está en carpeta es débil: el presidente del Consejo será nombrado por la presidenta de la República y tendrá dedicación exclusiva, modelo que no regirá para los otros cuatro consejeros, quienes serán ratificados por el Senado, pueden ser miembros de partidos políticos, con media jornada y con un tope en cuanto a remuneraciones. “Ese modelo”, dice Olmedo, “no satisface los estándares internacionales de independencia y autonomía que requiere una entidad que esté orientada a resguardar el derecho al acceso de la información pública”.

-¿Cómo se aterriza esto al ciudadano común? ¿Por qué es importante una institucionalidad en materia de acceso a la información pública? ¿Cómo convertirlo en algo útil y práctico?

-Un ejemplo para entender la importancia de la información ha sido el fenómeno de Transantiago. Es información compleja, que involucra derechos de terceros, están los ciudadanos no solamente en su calidad de habitantes de la ciudad, sino también de consumidores del sistema. La información de qué es lo que va a pasar en el país con el Transantiago es relevante. Hay casos más concretos incluso, por ejemplo, si un ciudadano quiere comprar una casa debe saber si en el plan regulador comunal o regional, está proyectada la construcción de caminos o en altura. La compra del inmueble para la gran mayoría de los chilenos es la inversión más significativa de la vida, entonces ahí la información da seguridad.