por David Muñoz
En la mañana de ayer, el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, sostuvo un reservado encuentro, que podría ser clave para dar luz verde a una de las principales demandas que el Consejo de Rectores puso sobre la mesa, en medio del conflicto educacional desatado por las movilizaciones estudiantiles: acelerar la ley de lobby.
En su oficina en La Moneda, el secretario de Estado recibió al presidente de Chile Transparente, Juan Carlos Délano; al director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, y a Edgardo Riveros, presidente del centro de estudios ligado a la DC, Democracia y Comunidad (CDC).
A ellos adelantó que el Ejecutivo evalúa acelerar el proyecto, que ya se encuentra en tramitación en el Congreso y que fue enviado el año 2008 por la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Para ello, el secretario de Estado tiene contemplado proponer la creación de una comisión ad hoc, que permita generar un consenso para conseguir una rápida aprobación en el Congreso de una indicación a esta iniciativa.
En las últimas semanas, en Palacio habían tomado nota de la fuerza con que el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, había planteado la necesidad de regular esta actividad.
La propuesta encontró acogida en el gobierno, que ya que tenía previsto legislar sobre la materia con el envío de un proyecto de ley, que estaba considerado para fines de este año.
No obstante, y pese a que no fue incluido en el paquete de medidas para la educación superior, anunciadas el martes pasado por el Presidente Sebastián Piñera, en La Moneda se inclinaron por iniciar un debate previo al envío de una indicación sustitutiva al Parlamento.
Esto, debido a que tal como está, la iniciativa enviada en 2008 -que se encuentra en su segundo trámite en la Cámara- satisface en parte las ideas que tenía en mente el Ejecutivo: precisar la definición de lobby, crear un registro público de lobbistas y establecer la publicidad de la agenda de las autoridades, además de establecer sanciones para quienes ejerzan en forma ilegal esta actividad.
Sin embargo, el punto que genera mayor debate es la posibilidad de transparentar, además de la agenda de ministros y parlamentarios, las actividades del Presidente de la República.
En este sentido, el proyecto de Bachelet plantea excepciones para los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, y de oficiales y superiores de las Fuerzas Armadas, con el argumento de que -al conocer el contenido de sus actividades- se puede comprometer la seguridad nacional.
"Esta ley debe transparentar las actividades de todas las autoridades que sea necesario, incluyendo a la máxima autoridad del país", comentó ayer Riveros, quien podría integrar la comisión que servirá de base para la confección de la indicación.
El proyecto original señala que todas las autoridades deberán establecer un registro de las audiencias y reuniones que sostengan con los lobbistas -debidamente registrados ante el Consejo para la Transparencia- , información que deberá ser publicada en el sitio electrónico de la repartición.