Señor director:
El ministro Secretario General de la Presidencia defendió, en carta a La Tercera, que sólo se publique un registro de agenda pública con las reuniones de las autoridades, rebatiendo la propuesta de Eduardo Engel de que existan exigencias de transparencia para lobistas, en línea con las principales recomendaciones de transparencia de la Ocde.
¿Esa agenda pública que propone el ministro incluirá llamadas telefónicas, mensajes de texto, conversaciones informales o reuniones en casas particulares entre autoridades y lobistas?
Sorprende que se defienda el ocultamiento de información por parte de quienes ejercen presiones sobre el Estado para forzar la voluntad democrática a favor de intereses particulares, más aún en momentos en que se están tramitando o dejando de tramitar proyectos de ley de gran interés social, cívico y económico.
Para controlar el lobby y su tráfico de información, influencias y recursos, es necesario que todas las autoridades públicas informen sobre los llamados telefónicos, correos electrónicos y reuniones formales o sociales que reciben de parte de agencias de lobby, decisión que debería ser aplicada voluntariamente desde hoy y confirmada a través de una ley con discusión inmediata. Esta ley también debería forzar a las agencias de lobby a informar públicamente sobre su lista de clientes y los temas que están planteando a cada autoridad.
No hay ninguna justificación para mantener esta situación de impunidad al lobby que sólo trae beneficios espurios a unos pocos.
Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile