El proyecto “Evaluación del riesgo sísmico en viviendas sociales durante la fase de reconstrucción del terremoto 27-F 2010 en la zona central de Chile”, de los profesores FAU arquitectos Jaime Díaz y Rubén Sepúlveda, resultó en el área de Prevención el único latinoamericano ganador en el concurso de ayudas a la investigación, auspiciado por la Fundación MAPFRE de España. Los restantes nueve adjudicados corresponden a investigadores españoles. En total se presentaron más de 250 proyectos de investigadores de España, Portugal y Latinoamérica.
El profesor Díaz ha desarrollado en los últimos años un intenso trabajo en reducción de riesgo sísmico, con pasantías en Colombia, México y Haití y el profesor Sepúlveda es experto en políticas públicas de vivienda en Chile y Latinoamérica.
De esta manera, los académicos evaluarán durante un año los avances recientes en materias de diseño arquitectónico y estructural, así como la normativa de ordenamiento territorial y de construcción. Finalmente, se revisarán los mecanismos de transferencia del riesgo existentes a la fecha del evento y su evolución posterior. Todo con el objetivo de garantizar una disminución del riesgo sísmico de la vivienda social, respecto a la situación anterior al terremoto 27F.
“A pesar de que en Chile los terremotos son fenómenos recurrentes, no siempre se aprovecha la experiencia de cada uno de éstos para avanzar en términos de diseño arquitectónico y estructural, de modo de disminuir la vulnerabilidad sísmica”, afirma el profesor Jaime Díaz. “Lo que propone el proyecto es evaluar en las viviendas construidas con posterioridad al terremoto; si efectivamente se han incorporado elementos normativos, tanto de ordenamiento territorial como de diseño arquitectónico y estructural, y previsiones técnico-constructivas, que aseguren una disminución del riesgo sísmico. Queremos que después de cada terremoto nuestras construcciones sean más seguras”, explica.
La investigación propuesta posee un carácter predominantemente cualitativo y exploratorio, ya que pretende dar cuenta de las innovaciones normativas, arquitectónicas, tecnológicas y sus impactos en las comunidades involucradas, de las propuestas ofrecidas por el Estado.
La investigación debiera arrojar algunas conclusiones sobre las medidas adoptadas tanto a nivel de gobierno, como de las propuestas técnicas implementadas. A su vez estas conclusiones servirán de base para recomendaciones hacia las instancias normativas y los organismos encargados de formular las políticas públicas de reconstrucción, y para abrir nuevas investigaciones en campos específicos.