Matías Catrileo, Johnny Cariqueo, Juan Collihuín, Alex Lemun, Werner Luchsinger y Vivianne McKay son algunos de los chilenos muertos en un conflicto que, para vergüenza de todos, se prolonga ya en demasía. La paz fundada en la justicia sólo llegará si respondemos positivamente a la pregunta: ¿somos o no todos igualmente miembros de una comunidad política que quiere, a través de un Estado Democrático de Derecho, vivir juntos?
Quienes, de uno y otro bando, dicen que los mapuches no quieren ser chilenos desconocen este punto esencial y un flaco favor le hacen a la causa mapuche y a la unidad nacional. Los pocos estudios de que disponemos demuestran que la inmensa mayoría de los mapuches no ve incompatibilidad entre ambas identidades. Por cierto, quienes deben declarar cuáles son sus pertenencias, propuestas y demandas debieran ser los propios mapuches. Lo otro es paternalismo.
El criterio de la autoidentificación indígena y tribal es esencial para la aplicación de las normas internacionales al respecto. El gobierno debiera hacer el proceso de consulta, que inició malamente el 2011, respetando los principios y procedimientos del Convenio 169. Aquí también hay una tarea para el Censo y el INE. Así sabremos quienes son y qué desean aquellos de quienes tanto hablamos y poco escuchamos. Mientras tanto, seguir discutiendo del “problema mapuche”, es arrastrar a toda una etnia en un conflicto que no sabemos si comparte o no o del modo que lo hace.
Pero para sentirse parte de una misma comunidad es esencial aplicar una misma ley para todos. La misma celeridad y dureza en la condena del horroroso asesinato del matrimonio Luchsinger-McKay debería aplicar el Estado de Chile para los casos de muertes de mapuches en intentos de recuperación de tierras. Para ello el Estado de Chile debe dejar de juzgar por Cortes Marciales en tiempos de paz a los acusados de asesinar a mapuches por la espalda, o mediante torturas o a mansalva. Estos juicios no sólo han sido cuestionados internacionalmente, sino que además no han sido eficaces, penalmente hablando. Si no hay justicia para todos, no la habrá para nadie. Lo mismo corre para la aplicación de la ley antiterrorista.
El modo como se ha aplicado a activistas mapuches ha sido criticado y condenado nacional e internacional por violar los principios de igualdad y no discriminación. Eso lo tuvieron a la vista este gobierno y Forestal Mininco S.A. cuando se desistieron de calificar de conducta terroristas a los delitos por los que se juzgaron a comuneros mapuches de Cañete, en diciembre del 2010. ¿Por qué insistir en transitar por un camino que sólo ahonda las estigmatizaciones y los estallidos de rabia y violencia? Lo mismo decir de allanamientos a comunidades mapuches que han sido cuestionadas por la Cortes de Apelaciones de Temuco y Corte Suprema, junto a organismos internacionales que han condenado la agresión a niños y adolescentes.