Señor Director:
Relativizar el concepto de lo público es lo que intenta el vicerrector académico de la Universidad de los Andes, al decir que "lo público no es exclusivo de las universidades estatales porque toda universidad es pública en su objeto y fines". Para poder aceptar tal definición de "lo público", habría que incluir a todas las industrias cuyos objetos y fines buscan entregar bienes y servicios necesarios para la sociedad; por ejemplo, la farmacéutica en salud y la bancaria en finanzas, o bien habría que suponer que estas, a diferencia de la universidades, tienen fines ocultos negativos para la sociedad en cuyo caso el Estado debiese defendernos.
Pero convengamos que esta discusión no nace de su curioso tono semántico, sino de su eventual efecto sobre la distribución de recursos estatales en educación superior. Es decir, si las universidades estatales son públicas por esencia y las privadas lo serían por una redefinición de "lo público", se concluye obviamente que todas serían igualmente públicas, solo se diferenciarían por su calidad y, en consecuencia, la distribución de los recursos debiese seguir esa lógica. Pero observemos que eso conllevaría una segunda conclusión que aclara el asunto de fondo: todas las universidades serían igualmente privadas (aunque solo las estatales den cuenta del uso de sus recursos, cumplan con la Ley de Transparencia y de Mercado Público, y funcionen con estatutos laborales del Estado).
Tal escenario, que por lo demás ha prevalecido desde la década de los 80, lo considero nefasto por sus consecuencias: la sociedad deja de contar con instituciones universitarias que por mandato velan por el bien común y están impedidas de hacerlo por intereses particulares ante conflictos; el Estado deja de garantizar el pluralismo y libertad de pensamiento y cátedra, y con ello abandona su rol en la construcción de la sociedad mediante la provisión de espacios de reflexión sin restricciones ideológicas ni dogmáticas; el sistema mixto estatal-privado deja de serlo, independientemente de la propiedad de las instituciones, porque las universidades estatales se privatizan o precarizan, ya que todas compiten por recursos públicos y privados, pero solo las estatales están éticamente impedidas de acceder a recursos privados -so pena de abandonar su misión- en áreas de potenciales conflictos y de gran impacto social, económico y ambiental.
En suma, sin necesidad de proponérselo, en tal escenario se privatiza la educación superior. Cabe notar que esto ocurrirá independiente de si el Estado provee o no educación gratuita en sus instituciones, o de si liberamos a las universidades estatales de controles públicos "para nivelar la cancha". Por lo dicho, y siendo consecuente con su historia y misión, la Universidad de Chile sale a defender la educación superior pública-estatal proponiendo un nuevo trato del Estado con sus universidades, que considera no solo un financiamiento basal importante, sino también compromisos asociados tanto en calidad como en aportes a la sociedad; por cierto, esta política no excluye aportes para las universidades privadas según méritos.
Fomentar la idea de que todas las universidades son igualmente públicas es pretender que lo sean igualmente privadas, y así privar al Estado, es decir al conjunto de la sociedad, de jugar un rol en la construcción de la cultura nacional.
Francisco J. Martínez Concha
Vicerrector Asuntos Económicos y Gestión Institucional Universidad de Chile