Universidad de Chile

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¿Arancel de referencia?

Artículo del Rector, Víctor L. Pérez Vera, publicado en el diario El Mercurio

Santiago, 27 de enero de 2003. 

Un reciente comentario de prensa acerca del actual sistema de crédito universitario para las instituciones "tradicionales" (que forman parte del Consejo de Rectores) ha vuelto a mencionar la idea de introducir un arancel de referencia; algo así como el monto máximo que el Estado le otorgaría como crédito (subsidiado) a un alumno para pagar su arancel universitario. Esto permitiría controlar el aumento de la demanda por crédito, ya que las universidades tienen autonomía para fijar sus aranceles y el número de vacantes. A primera vista, puede parecer una medida razonable, ya que un arancel muy alto implicará (para el Estado) disponer de un monto de crédito significativo para  los alumnos cuya condición socioeconómica los hace acreedores a él en un  porcentaje alto.

En los próximos años se duplicará el número de alumnos que acceden a la educación superior, y es legítima y comprensible la preocupación por la demanda de crédito frente a recursos públicos limitados. Al fin y al cabo, lo que hay aquí es un problema de asignación de recursos escasos, al cual la idea de un arancel de referencia representa una solución del tipo fijación de precios. Siendo así, hay que andarse con cuidado.

Cabe presumir que habría un arancel de referencia por carrera, o por grupos de ellas. Establecerlo es un ejercicio complicado y no hay estudios serios del costo de las carreras en los cuales basarse. Los aranceles actuales no son un buen indicador pues están distorsionados. No han sido fijados en función del costo sino más bien de la disponibilidad a pagar de los estudiantes y las universidades redistribuyen internamente estos ingresos. Más aún, no hay ninguna razón para suponer que el costo de una misma carrera sea parecido en distintas universidades ya que, como es bien sabido, no lo es la calidad de ella. ¿Va a haber aranceles de referencia distintos para universidades de nivel A, B, C, etc. (etc., pues es difícil saber hasta qué letra habría que llegar si se consideran todas las universidades hoy existentes)? Sin duda, no será así: la clasificación real es conocida, basta ver dónde van los alumnos cuyos puntajes les permiten elegir, pero hacerla oficial es harina de otro costal.

Fijado este arancel de referencia, se premiará a las instituciones con costos menores a él y se castigará a las de costo mayor. Y en la actividad universitaria seria, el costo va indisolublemente ligado a la calidad. Es decir, se introducirá un claro incentivo a la mediocridad. Y, todavía peor, a la segregación socioeconómica. En efecto, una buena universidad puede fijar aranceles más altos que el arancel de referencia sin por ello dejar de tener postulantes calificados. Pero si ese postulante necesita crédito, no podrá obtenerlo por el total del arancel. Si la universidad le subsidia la diferencia, no puede destinar ese monto a mantener o mejorar la calidad. Parecerá entonces mejor un postulante algo menos talentoso pero que pueda pagar.

Por esta vía, es fácil terminar en lo que sucede en la educación básica y media: colegios caros y buenos para unos, y baratos y malos para otros. No es ese el panorama actual del sistema universitario: de hecho, las mejores universidades no son las más caras y las peores no son nada baratas. ¿ Por qué? Esencialmente, porque en estas últimas se permite ingresar fácilmente a carreras que en las primeras son muy exigentes. Y eso se paga .... por quienes tienen la posibilidad de hacerlo.

Mirar la relación del Estado con los estudiantes universitarios sólo desde una óptica financiera (que cuadren las cifras) y mercantil conducirá a algo que nadie razonablemente desea: una educación universitaria de peor calidad y donde ella sea buena, con acceso más restringido para los estudiantes pobres.

Un fundamento indiscutible en materia de políticas públicas educacionales es que la sociedad debe apoyar a los jóvenes con talento intelectual para que desarrollen sus capacidades, sin verse impedidos por razones económicas. Otro aspecto central es que debe haber incentivos para que existan universidades públicas de la mejor calidad; la educación superior no sólo trata del escalón terciario del sistema educativo, también, de la formación de las elites, aquellas que a futuro dirigirán el país. Todo lo cual conduce a la necesidad que todos contribuyamos a que el Estado, en materias de educación universitaria, defina con claridad por qué subsidia, qué subsidia, a quién subsidia, y qué montos destina a ello de modo de tener un sistema de financiamiento sano; algo que hoy no está para nada claro.

 

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